El Congreso desclasifica documentos secretos con una norma que vulnera la Ley de Patrimonio

La Mesa del Congreso de los Diputados aprobó este martes una norma para desclasificar documentos secretos, concretamente los relacionados con la comisión de investigación que se creó en 1977 sobre el asesinato del sindicalista Manuel José García Caparrós, con un informe en contra de la directora de Documentación, Biblioteca y Archivo. En este documento, que se redactó en enero de 2025, y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se advierte de que se contraviene la Ley de Patrimonio. La petición fue hecha por Sumar y salió adelante con el voto a favor del PSOE y en contra del PP.

El PSOE le ha regalado a Sumar una baza política en Andalucía, al acceder a desclasificar toda la documentación «sin anonimizar» que obra en poder del Congreso de los Diputados sobre los testimonios de las personas que comparecieron en la denominada Comisión de Encuesta, creada en 1977 sobre los sucesos de Málaga que finalizaron con el asesinato de Manuel José García Caparrós durante las manifestaciones de la autonomía andaluza La formación que preside Yolanda Díaz envió una solicitud a la Mesa del Congreso con fecha de 12 de diciembre de 2014.

En dicha solicitud, Sumar quería que la Mesa del Congreso, «en el ejercicio de sus competencias, autorizara la consulta de la documentación, sin anonimizar, en aplicación de la Ley de Memoria Democrática». A su juicio, «el criterio de la Mesa para autorizar el acceso a la documentación, sin la previa disociación de los datos de carácter personal, estaría amparada en el principio de autonomía de esta Cámara que, en todo caso, tendría como única limitación el respeto al marco constitucional y legal, en particular, los derechos fundamentales y las obligaciones derivadas de leyes como la Memoria Democrática».

Sumar entiende que «la autonomía parlamentaria no puede convertirse en un refugio para evitar el escrutinio público o perpetuar la opacidad», ya que «la transparencia es un principio fundamental reconocido en la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno». En este sentido, subrayan que «el Congreso está dentro del ámbito subjetivo de aplicación de dicha ley y, por tanto, debiendo interpretar su autonomía de forma que sea compatible con esos principios generales».

Esta solicitud de Sumar contó con un informe en contra de la directora de Documentación, Biblioteca y Archivo del Congreso de los Diputados, al que ha tenido acceso este periódico, con fecha de 15 de enero de 2025. En el mismo se señala que la Ley de Patrimonio Histórico español, en su artículo 57.1 c), señala que «los documentos que contengan datos personales de carácter policial, procesal, clínico o de otra índole que puedan afectar a la seguridad de las personas, a su honor, a la intimidad de su vida privada y familiar y a su propia imagen, no podrán ser públicamente consultados sin que medie consentimiento expreso de los afectados o hasta que haya transcurrido un plazo de veinticinco años desde su muerte, si su fecha es conocida o, en otro caso, de cincuenta años, a partir de la fecha de los documentos».

«Deberían ser anonimizados»

En el caso de Caparrós, los 50 años se cumplirían en 2027, por lo que no pueden ser desclasificados según esta ley, apuntan fuentes parlamentarias a THE OBJECTIVE. Por lo tanto, la responsable de Documentación asegura que «para la consulta, en el caso de los documentos, estos deberían ser anonimizados, como de hecho se ha realizado la consulta». Fuera de esta posibilidad, subrayan que «no hay en el Reglamento del Congreso de los Diputados un procedimiento que permita a la mesa hacer público los documentos secretos».

La responsable de archivo insiste en que «aun cuando la mesa autorizara el acceso a estos documentos secretos, resultaría de aplicación lo dispuesto en el mencionado apartado c) del artículo 57.1 de la Ley de Patrimonio Histórico Español, así como el Real Decreto 1708/2011 por el que se establece el Sistema Español de Archivos y se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus organismos públicos y su régimen de acceso que establece en el apartado cuarto de su artículo 28 que, para los documentos de antigüedad interior a 50 años se concederá el acceso a documentos que contengan datos de carácter personal, sin necesidad del conocimiento de sus titulares, cuando se proceda previamente a la oportuna disociación de los datos, de modo que se impida la identificación de las personas afectadas».

Las fuentes parlamentarias consultadas señalan que, a la vista de este informe, la norma aprobada por el Congreso de los Diputados no puede estar por encima de la ley, ya que es una norma interna, no una modificación del Reglamento.