Así es el plan migratorio del PP: expulsión de los delincuentes reincidentes y visado por puntos

El Partido Popular ha comenzado a desvelar algunas medidas de lo que será su plan sobre inmigración, con el que se presentará a las próximas elecciones generales. El objetivo es ofrecer una alternativa entre la falta de gestión del Gobierno de Pedro Sánchez, que no controla la inmigración que llega a España, y la posición más dura que mantiene Vox. El avance de estas propuestas lo ha lanzado el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, este fin de semana en una reunión con barones de su partido en Murcia A lo largo de los próximos meses irá presentando nuevas medidas, según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes populares.

El PP parte de la idea de que la inmigración es un «desafío que se ha descontrolado», ya que en cuatro años, la población extranjera ha aumentado en más de 1,5 millones de personas, hasta llegar a los siete millones de personas (un 14% del total). Esta corriente es común en Europa, donde algunos gobiernos están ya reforzando el control de fronteras, los requisitos de permanencia y la integración. En este sentido, el PP plantea una política migratoria que alinee España con la tendencia europea, porque este desafío «no se arregla con protestas, se arregla con propuestas».

Los populares no están dispuestos «a permitir que paguen justos por pecadores, a que quienes abusan o delinquen tapen a tantos otros inmigrantes que han venido a prosperar y hacer prosperar nuestra tierra». Por ello, defiende una visión de la inmigración basada en la dignidad de la persona, la responsabilidad individual y la igualdad ante la ley, porque un inmigrante «ni es una víctima que no es dueña de sus actos, como afirma el Partido Socialista, ni es un delincuente por defecto, como dice Vox».

La solución, como apuntó Feijóo, «no es ni regularizarlos a todos ni echarlos a todos al mar. Es poner orden y aplicar la legalidad de una vez por todas». Para ello, proponen un modelo de integración asentado en la Constitución, la igualdad entre hombres y mujeres, la defensa de la libertad y la vida, y el respeto a la convivencia democrática y la ley.

El primer punto de este plan es el control de las fronteras y las herramientas que plantean son reforzar el control, combatir a las mafias, garantizar retornos efectivos, y asegurar acuerdos con países de origen y tránsito. Además, consideran que la frontera sur de Europa debe contar con más medios, presencia reforzada de Frontex y una política común de retornos que proporcione seguridad a los ciudadanos y confianza a quienes llegan de forma regular.

Otras medidas son la implementación de un nuevo visado por puntos que prime la entrada, como el que ya utilizan en otros países como Canadá, Australia o el Reino Unido, que «también computará el compromiso de los países de origen con nuestra política migratoria», es decir, si los países de los que provienen los inmigrantes ayudan a España a poner orden, estos se verán recompensados. En este sentido, indican que «no tendrán visado las personas que vengan de los países que no se comprometan a mantener el orden».

La política migratoria del PP se basa en el principio de que «contribuir tiene que ser condición para permanecer», por ello quieren establecer vías legales, rápidas y claras para quienes quieran trabajar y cotizar. Para conseguir este objetivo, creen necesario que «las prestaciones económicas como el ingreso mínimo vital deben de ligarse a la búsqueda activa del empleo». A su juicio, «la manera de percepción de ayudas públicas no puede ser el propósito ni convertirse en el único medio de vida de la gente que llega a España» porque es algo que ocurre con «muchos miles» de inmigrantes y «esto es un sin sentido». Feijóo justificó esta medida con el argumento de que «llegar a España sin un contrato de trabajo no puede generar más derechos que llegar a España con un contrato de trabajo», según.

En cuanto a la nacionalidad española, los populares consideran que no puede tratarse de un mero trámite administrativo, sino ser la culminación de un proceso de integración lingüística, cultural y económica. En este camino, reconocen el vínculo especial con las naciones hermanas de Hispanoamérica, «cuya integración en España constituye una oportunidad natural de enriquecimiento mutuo».

Sobre la polémica de la gestión de los menores no acompañados, que entienden que «no puede ser el fruto de un reparto
arbitrario y sin transparencia, y mucho menos instrumento de negociación política»; . Por ello, exigen al Gobierno central que garantice la determinación de edad y que asuma la atención y financiación directa de los menores no acompañados ante la actual
saturación de los recursos de las Comunidades.

Uno de los aspectos más controvertidos es la solución a los inmigrantes irregulares que delinquen, para lo que proponen «tolerancia cero con el delito». Para el PP, ningún delito puede quedar impune, sea cometido por inmigrantes regulares o irregulares, al igual que el resto de ciudadanos españoles. Su propuesta es que «los delitos graves implicarán automáticamente que se pierda el derecho a la residencia. Y los delitos reincidentes, aunque sean leves, no podrán premiarse tampoco con la permanencia en España»»