Feijóo anuncia que llevará ante el Constitucional el bloqueo del Congreso a 31 leyes del PP

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado en el Senado, durante su intervención ante el Grupo Popular, que presentarán ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones con el Congreso por el bloqueo sistemático de las leyes del Partido Popular. El líder popular ha cifrado en 31 las leyes aprobadas en la Cámara Alta y frenadas en el Congreso, afirmando que «si no fuese por este bloqueo, hoy los españoles podrían pagar menos impuestos, desalojar a los okupas en veinticuatro horas o tener un Estado más fuerte».

Feijóo ha admitido que ha «dado orden al Grupo Parlamentario para que inste a la máxima autoridad del Senado a que valore presentar un conflicto en el Congreso ante el Tribunal Constitucional», porque «ya está bien de que se bloquee el normal funcionamiento de una Cámara tan legítima como el Congreso y que se limite por razones arbitrarias la aprobación de medidas beneficiosas para los españoles».

Además, Feijóo ha advertido que extenderán esta acción judicial a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, subrayando que ésta «y los miembros de la Mesa que están avalando esta conducta debe de ser conscientes de que sus decisiones son arbitrarias y partidistas, son injustas y lo más grave, ion curren sistemáticamente en fraude de ley». Es decir, «existen responsabilidades individuales contra las que también actuaremos con contundencia si esto no se corrige de inmediato».

El presidente del PP sostiene que «el Congreso está hurtándole al Senado su facultad de legislar por orden del Gobierno» y considera que de las 31 leyes que el Senado ha aprobado, promovidas por el PP, 17 saldrían adelante en el Congreso si los grupos mantuviesen en el mismo sentido de voto, pero se bloquean «porque se sabe que saldrían adelante»: «Ya está bien de que se impida por razones arbitrarias la aprobación de medidas beneficiosas para los españoles». Además, ha recordado que el Gobierno ha perdido hasta 163 votaciones y cuando ha sacado alguna adelante ha sido para pagar un «peaje altísimo» a los separatistas, a costa de la igualdad y el dinero público de todos los españoles.

Igualmente, censura que algunas de las iniciativas del PP llevan más de 60 ampliaciones de plazo de enmiendas en el Congreso y sostiene que la Cámara Baja utiliza también el modus operandi con leyes como la de Conciliación o de Multirreincidencia del PP.

Cámara legítima

Feijóo avanza que el Plan de Calidad Institucional del PP incorporará un bloque importante para que el Poder Legislativo recupere su independencia que le otorga la Constitución y no se vea «suplantado» por el Ejecutivo: «El Senado es una Cámara tan legítima como el Congreso y, por eso, intentar eliminar su iniciativa legislativa es negar la legitimidad del Senado».

Estas son las diecisiete iniciativas legislativas bloqueadas y que aprobaría el Congreso si se mantiene el mismo sentido del voto que en el Senado: desalojar a los okupas en 24 horas, bajar el IVA a las peluquerías; dar el grado mínimo de discapacidad a las personas en situación de dependencia, lo que reduciría sus cargas administrativas, bonificar las cuotas de la Seguridad Social en Ceuta y Melilla, reforzar la seguridad jurídica del litoral, reducir el riesgo de incendios forestales atajando la despoblación y el abandono de los montes, regular la posibilidad de asistencia telemática y voto a distancia para los alcaldes y concejales de toda España, en caso de encontrarse de baja por maternidad, paternidad, embarazo de riesgo o grave enfermedad; y otorgar a los funcionarios de prisiones más protección calificándoles de agentes de autoridad; incluir a la Policía y a la Guardia Civil dentro de los colectivos que gozan de
coeficiente reductor de la edad de jubilación.

Igualmente, se evitaría que «los afectados por talidomida tengan que pagar impuestos por las ayudas recibidas; obligar al Gobierno a que toda ayuda militar al extranjero sea aprobada por las Cortes Generales; endurecer las penas a los narcos que embisten contra la Guardia Civil para proteger a los agentes que se juegan la vida; utilizar las videoconferencias en las reuniones de las comunidades de vecinos; evitar que los españoles que cobran el SMI tributen por ello; reducir la carga fiscal a nuestros agricultores, pescadores y ganaderos; liminar la discriminación en el ascenso honorífico al pasar a la situación de retiro de los militares que están de baja por discapacidad; incluir la despoblación como elemento central en todas las leyes que se aprueben.