Nueva ofensiva del Gobierno contra el juego: pondrá un límite semanal a las apuestas 'online'

El Gobierno aprobará próximamente el Real Decreto que prevé el establecimiento de límites de depósito conjuntos para los usuarios de juego online. La tramitación comenzó en septiembre de 2023, pero se ha visto demorada por la CNMC, la Unión Europea y el Consejo de Estado, cuyos informes han señalado importantes deficiencias en el proyecto, aunque le han dado luz verde. En lo sucesivo, el Ejecutivo pretende imponer un límite económico de 600 euros diarios y 1.500 semanales al usuario, que no podrá seguir depositando en ninguna otra plataforma durante ese periodo, siempre y cuando alcance el límite global.

La medida estaba guardada en un cajón, pero el Gobierno pretende retomarla. Así lo ha admitido en respuesta a una pregunta parlamentaria formulada por Vox sobre las medidas previstas para prevenir los posibles riesgos del juego en España. En su contestación, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 explica que se están desarrollando varias acciones normativas y de control con el objetivo de reforzar la protección de los jugadores y detectar conductas de riesgo. Pero todas las medidas son coercitivas contra el juego privado, y no aplican al público.

Una de las principales medidas anunciadas es el Proyecto de Real Decreto sobre límites de depósito, que plantea la creación de «un sistema de límites conjuntos de depósito por jugador, con vistas a reforzar la protección efectiva de las personas jugadoras». Según el propio proyecto, se trata de una herramienta complementaria para facilitar el autocontrol del usuario. A diferencia del modelo actual, en el que cada operador gestiona los límites de sus usuarios, este nuevo sistema estará centralizado en la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ), que creará un Portal del Jugador en la nube. De este modo, cada vez que un usuario quiera ingresar dinero, el operador deberá comprobar si aún dispone del margen dispuesto en el nuevo decreto.

El nuevo sistema incorpora un mecanismo de opt-out (exclusión voluntaria). Esto significa que el límite conjunto se aplicará por defecto, pero el jugador podrá modificarlo, ya sea reduciéndolo o eliminándolo completamente. Dichos cambios tardarán tres días en aplicarse, y únicamente podrá llevarlo a cabo una vez cada tres meses a fin de evitar decisiones impulsivas y poder mantener las medidas de protección activas. Además, los operadores estarán obligados a informar al cliente cuando se acerque o supere su límite diario o semanal, y deberían mostrar en sus webs el funcionamiento del nuevo sistema.

Decreto polémico

El decreto suscita polémica por varios motivos. En primer lugar, tal y como alertó la CNMC en su informe preceptivo, el sistema de límites podría tener un efecto distorsionador sobre la competencia en el mercado del juego online, desincentivando el cambio de operador, empujando así a los usuarios a concentrar su actividad en una sola plataforma de confianza y afianzando el monopolio de Bet365, que ya cuenta con una cuota superior al 50%, en detrimento de operadores con menor cuota de mercado.

En segundo lugar, podría aumentar el juego ilegal. En Alemania, por ejemplo, la implantación de límites estrictos a los depósitos y apuestas en línea ha provocado un descenso en la participación de mercado de los operadores con licencia, mientras que los ilegales han crecido un 63%. Además, los ingresos generados por apuestas deportivas ilegales cayeron de 9.400.000 millones en 2021 a 7.700.000 millones en 2023, lo que sugiere una migración hacia el mercado ilegal.

Contra el sector privado

Por último, tal y como han criticado siempre las empresas, el Gobierno privilegia al juego público y castiga al privado, a pesar de que los riesgos del juego público, como los rasca y gana, son notorios y no gozan de un control adecuado, lo que ha supuesto un motivo de preocupación en el resto de Europa. Países como Austria, Francia, Alemania, Portugal y Gran Bretaña suscribieron en junio de 2024 una declaración conjunta en la reunión de reguladores europeos celebrada en Viena, reconociendo expresamente los riegos que suponen estos productos para los menores.

En definitiva, mientras que el juego privado se somete a controles cada vez más estrictos, el público opera con amplias libertades en publicidad, distribución y diseño de producto, sin las mismas exigencias. El sector se rebeló recientemente con motivo de la prohibición de captar nuevos clientes con promociones o de aparecer en las comunicaciones comerciales de personas o personajes de relevancia o notoriedad pública.