El Gobierno incumple el plazo para desvelar el nuevo reparto eléctrico por autonomías

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico ha incumplido el plazo para comunicar a las comunidades autónomas el reparto de la planificación eléctrica para el periodo 2025-2030, que finalizaba este miércoles. El Boletín Oficial del Estado del día 1 anunciaba que ya se podían presentar alegaciones, pero en el enlace que se adjuntaba no se podía consultar el dato de cada región, lo que generó un gran malestar en las regiones, según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE. Al cierre de esta edición, seguía sin colgarse una información fundamental que va a condicionar el desarrollo industrial, cuyos proyectos de inversión están supeditados a la capacidad eléctrica. Se espera que se pueda conocer este jueves.

La inquietud de la mayoría de las comunidades por conocer la capacidad eléctrica con la que van a contar en sus territorios para los próximos años tiene su justificación en la información desvelada por este periódico sobre el ‘cupo eléctrico’ que le va a corresponder al País Vasco, un 17% de la red de transporte eléctrico: 4,8 gigavatios de los 27,7 totales a repartir por toda España. Un dato que se conoció antes de que el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, hubiera finalizado la ronda de contactos con el resto de las regiones.

Este alto porcentaje para el País Vasco ha llevado a otras comunidades, sobre todo a las gobernadas por el Partido Popular, a sospechar que puede haber un intento de beneficiar a esta región y a Cataluña con un criterio político, y a perjudicar a las demás. Una situación de discriminación que puede desembocar en el «estrangulamiento» del desarrollo económico e industrial de las demás. Si no hay capacidad eléctrica, las inversiones pueden dirigirse hacia quien si la tenga. Las comunidades populares consultadas mostraron su sorpresa ante el hecho de que algunos consejeros de autonomías supieran «a priori» el porcentaje que les puede corresponder «antes de discutir nuestros proyectos, si se confirman las noticias en prensa».

Tras finalizar la semana pasada la ronda de contactos con las comunidades, el Gobierno se comprometió a hacer público el reparto el 1 de octubre, con lo que la expectación era máxima este miércoles para conocer la capacidad de cada una. Sin embargo, al consultar el Boletín Oficial del Estado (BOE), la sorpresa fue mayúscula al comprobar que solo se hablaba de la apertura del periodo de alegaciones, que es de dos meses, pero sin desplegarse en el enlace de referencia la capacidad eléctrica por territorios.

El anuncio del BOE señala que «de acuerdo con la Ley 21/2013 de 9 de diciembre de evaluación ambiental, la propuesta de planificación se debe someter a evaluación ambiental estratégica» y que «mediante este anuncio se da comienzo al periodo de información pública tanto a los efectos sustantivos como ambientales de la propuesta de planificación de la red de transporte de energía eléctrica con horizonte 2030 y del estudio ambiental estratégico».

El formulario para presentar alegaciones, sigue diciendo el BOE, «a los efectos tanto del trámite sustantivo como del trámite ambiental, se encuentra a disposición de los interesados para el cumplimiento del trámite de audiencia, consulta a las Administraciones Públicas afectadas y a las personas interesadas e información pública, en la página web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, cuya dirección es: https://www.miteco.gob.es/es/energia/participacion.html. Pero en esta dirección no han encontrado información alguna.

A continuación, indican que «el plazo de consulta pública comenzará a partir del día siguiente al de publicación de este anuncio, y se extenderá hasta el 9 de diciembre», subrayando que «no se tendrán en cuenta alegaciones que se reciban con posterioridad a los plazos establecidos y solo se tomarán en consideración aquellas realizadas a través del formato para presentar alegaciones».

«Criterios políticos»

El Partido Popular advirtió de que sería «muy grave» que el reparto se haga con criterios políticos. Llegó a afirmar que es una de «las cosas más graves que han sucedido», ya que se pondría en peligro el desarrollo industrial. Las empresas no van a invertir en territorios «donde no tienen sitio para poner el enchufe», indicaron en su día. En este sentido, denunciaron que si se confirma esta discriminación se va a «consolidar la imagen de las dos España porque una comunidad tendrá más capacidad que otra».