Estos son los apoyos que necesita el Gobierno para incluir el aborto en la Constitución
Adherir el derecho al aborto en la Carta Magna es un procedimiento muy complejo, tanto a nivel legal como político
Pastillas y un predictor. | Canva Pro
El Gobierno ha anunciado este viernes que propondrá incluir el derecho al aborto en la Constitución española «para consagrar la libertad y la autonomía de las mujeres», e impedirá que las que quieren interrumpir su embarazo reciban información falsa o sin evidencia científica.
En España ya existe una ley orgánica que regula el aborto, la Ley Orgánica 2/2010, modificada por la Ley Orgánica 1/2023, que establece los derechos, plazos y garantías para la interrupción voluntaria del embarazo. Esta normativa asegura que las mujeres puedan ejercer su derecho al aborto dentro de un marco legal claro, incluyendo aspectos como la organización de los servicios sanitarios y la objeción de conciencia del personal médico.
Sin embargo, aunque esta ley protege el aborto, no lo eleva a nivel constitucional, lo que significa que podría ser modificada o limitada por futuras leyes ordinarias o gobiernos. Por eso, el Gobierno plantea ahora incluir el derecho al aborto directamente en la Constitución española, para otorgarle una protección mucho más firme y duradera, y asegurar que no pueda ser restringido.
Normativa sobre el derecho al aborto
Para incluir el derecho al aborto en la Constitución española, debe seguirse el procedimiento de reforma ordinario establecido en el artículo 167 de la Constitución de 1978. Este comienza con la presentación de un proyecto de ley de reforma constitucional, que puede ser propuesto por el Gobierno, el Congreso o el Senado. Su aprobación requiere una mayoría de tres quintos en ambas cámaras, lo que implica que al menos el 60 % de los parlamentarios deben votar a favor. Si no se alcanza esa mayoría, existe un mecanismo alternativo: la reforma puede aprobarse por mayoría absoluta en el Congreso y luego someterse a un referéndum para que la ciudadanía decida sobre el cambio.
Si durante el proceso de reforma constitucional el Congreso de los Diputados y el Senado presentan discrepancias sobre el texto, se pueden formar comisiones mixtas entre ambas cámaras para negociar y acordar un texto definitivo aceptable para todas las partes. Una vez que la reforma es aprobada, ya sea por la mayoría parlamentaria requerida o tras un referéndum, debe ser publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para poder ser válida a nivel legal. En caso de que la aprobación dependa de un referéndum, la reforma entrará en vigor únicamente cuando la ciudadanía la haya ratificado, asegurando que el cambio constitucional cuente con un respaldo popular.
¿Cuáles son los apoyos necesarios?
Aprobar una reforma constitucional para incluir el derecho al aborto en España sería un proceso legalmente posible, pero políticamente complicado, ya que, la necesidad de obtener una mayoría de tres quintos en ambas cámaras del parlamento implica que el Gobierno de coalición no podría aprobarla solamente con sus propios escaños, por lo que necesitaría negociar con otros partidos. Esto representa un desafío, especialmente porque partidos conservadores como el PP o Vox se han manifestado en contra, por lo que el Ejecutivo tendría que buscar apoyos entre fuerzas como Unidas Podemos o partidos regionales.
Por otro lado, en caso de no lograrse la mayoría cualificada y tener que someter la reforma a referéndum trasladando la decisión a la ciudadanía, este debate podría ser muy intenso a nivel social, puesto que el aborto es un tema muy polarizado en España. Además, la discusión pública y mediática podría generar presión sobre los legisladores y partidos políticos, especialmente aquellos indecisos, y aumentar la tensión social en torno a la votación.
En qué afectaría la medida
En el contexto sanitario, incluir el aborto en la Constitución garantizaría que los servicios de salud públicos ofrezcan un acceso seguro, universal y oportuno a la interrupción voluntaria del embarazo, reduciendo los riesgos asociados a abortos clandestinos y asegurando que cualquier mujer pueda ejercer su derecho. Por ello, los centros sanitarios tendrían la obligación de organizar recursos, personal y protocolos adecuados, asegurando que la objeción de conciencia de algunos profesionales no retrase ni limite su acceso. Además, reforzaría la obligación de proporcionar información veraz y científica a las mujeres.
En el plano social, se reforzaría la autonomía de las mujeres, reconociendo su derecho a decidir sobre su cuerpo y su salud reproductiva. Además, garantizaría un acceso equitativo en todo el país, reduciendo desigualdades por territorios o situación económica, y contribuiría a la igualdad de género. Igualmente, enviaría un mensaje claro a la sociedad sobre la protección de los derechos reproductivos, promoviendo la educación sexual basada en evidencia y reduciendo la estigmatización de quienes deciden interrumpir un embarazo.
Por último, en el plano internacional y cultural, aumentaría el compromiso de España con tratados internacionales de derechos humanos. Además, posicionaría al país como un referente internacional, convirtiéndose en el segundo país del mundo en recoger este derecho en su constitución, por detrás de Francia. La medida facilitaría la cooperación con organismos internacionales en educación sexual, salud reproductiva y derechos de la mujer, y fortalecería la credibilidad y liderazgo de España, consolidando su imagen como país comprometido con la igualdad de género y los derechos reproductivos. Además, contribuiría a un cambio cultural y mediático, reduciendo estigmas y promoviendo un debate informado y respetuoso.