Un condenado de ETA que viajaba en la Flotilla apoya al ala dura de los presos junto a 'Txapote'

Entre los miembros de la llamada Gaza Sumud Flotilla que han sido detenidos en alta mar por Israel se encuentra José Javier Osés Carrasco, condenado a ocho años de prisión en Francia por pertenecer al aparato logístico de la banda terrorista ETA y que el pasado mes de julio firmó un manifiesto de apoyo al ala dura de los presos etarras encabezados por Xabier García Gaztelu ‘Txapote‘ y su pareja Irantzu Gallastegi.

Osés ejerce en la actualidad como profesor de Economía en el instituto Valle del Ebro en Tudela (Navarra) y hace un mes embarcó en el barco Sirius junto a otras embarcaciones de la Flotilla. No es el único exconvicto de ETA de entre el grupo de españoles que han participado en esta iniciativa pues Itziar Moreno Martínez también fue miembro de ETA y fue condenada en 2016 en Francia, junto con Oier Gómez Mielgo, a 15 años de prisión por su participación en un intento de asesinato de varios gendarmes durante una huida policial.

Sin embargo, la figura de Osés es más relevante que la de Moreno ya que en julio firmó un manifiesto del ala dura de los presos de la banda terrorista en el que criticaron con dureza a José Antonio López Ruiz, alias ‘Kubati’, por pactar junto con otros miembros de la banda con la Fiscalía una condena que le eximía de entrar en prisión a cambio de reconocer que los ‘ongi etorris’ que organizaba estaban mal y causaban daño a las víctimas.

El nombre de José Javier Osés figura entre el centenar de firmantes del colectivo Aske Antolakundea, el sector radical de los presos de ETA que defiende la salida de prisión de los etarras encarcelados mediante una amnistía por los delitos cometidos en el pasado. «Han puesto en tela de juicio la legitimidad de la lucha por el País Vasco, lo que implica la criminalización de la lucha por la liberación del País Vasco», reprocharon a Kubati y el resto de miembros de ETA que habían pactado con la Fiscalía.

Desde la disolución de la banda terrorista, ‘Txapote’, Gallastegui y una decena de presos de ETA encabezan un sector que critica el abandono de las armas y los pasos dados por Bildu, a la que tildan de ser «la izquierda abertzale oficial», por haber «renunciado» a los ideales por los que se fundó la organización con el fin de entrar en las instituciones.

La presencia de Osés en el citado instituto de Tudela ya fue criticada por el alcalde de Unión del Pueblo Navarro (UPN), Alejandro Toquero, después de que El Debate desvelase que estaba en el ala dura de los presos de ETA. «Desde UPN quisimos apartar a este ‘profesor’, pero el PSN-PSOE prefirió blanquearle por no desairar a Bildu. Les llamábamos socios, cuando ya actuaban como cómplices», señaló tras quejarse de que el Gobierno socialista de María Chivite se quedase «de brazos cruzados» ante la preocupación de varias familias de los alumnos.

Kubati reconoció, junto con los otros cinco acusados considerados responsables de la dinámica ‘Kalera Kalera’, su responsabilidad en la organización de los ‘ongi etorris’ que dan la bienvenida a presos de esta organización asesina y admitieron que sus actos generaron dolor y supusieron una humillación para las víctimas del terrorismo.

Según informó la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) a finales de julio, los miembros de ‘ongi etorris’ reconocieron que, desde el año 2016 y tras el procedimiento judicial seguido contra las Gestoras Pro Amnistía y sus sucesoras, las cuestiones relacionadas con el colectivo de presos terroristas pasaron a ser competencia del partido político Sortu, integrado en la coalición EH Bildu.

Los acusados admitieron que los hechos por los que iban a ser juzgados son contrarios a la legalidad vigente y, por lo tanto, constituyen un delito de constitución y dirección de organización criminal, además de un delito continuado de humillación a las víctimas del terrorismo. Por todo ello, aceptaron las penas de un año y seis meses por el primer delito, seis meses de prisión por el segundo, una multa de seis meses a razón de diez euros diarios, la inhabilitación absoluta y especial para ejercer profesiones a un periodo de tres años y seis meses de libertad vigilada.

Además, acordaron la suspensión condicional de la ejecución de las penas por un periodo de tres años, sujeta al cumplimiento de algunas condiciones como no delinquir durante el plazo de suspensión, no participar en homenajes, reconocimientos o actos de reivindicación a favor de los miembros de ETA ni en actos que contengan consignas o propuestas que ensalcen la pasada existencia de ETA y, por último, no realizar entrevistas ni declaraciones públicas que glorifiquen el terrorismo y supongan una humillación para sus víctimas.