Junts pedirá en el Senado que el Gobierno impulse una condonación de la deuda
Proyectan también impulsar mecanismos de compensación por la pérdida de ingresos derivados de la reforma del IVA
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero y la senadora de Junts Maria Teresa Pallarès. | Europa Press
El pleno del Senado debatirá el próximo martes una moción de Junts per Cataluña que insta al Gobierno a impulsar una condonación de la deuda de los ayuntamientos, al estilo de la norma aprobada por el Ejecutivo para las comunidades autónomas, y urge a modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que los consistorios puedan destinar el remanente de tesorería a «proyectos de utilidad» para la ciudadanía y no estén obligados, de esta forma, a usarlo para absorber la deuda municipal.
La iniciativa parte de una interpelación a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, formulada en la sesión plenaria anterior por la formación independentista, en la que le trasladaba sus inquietudes sobre cuestiones de autonomía financiera municipal.
En el intercambio de pareceres, la senadora de Junts, Maria Teresa Pallarés, lanzó la proposición para que el Estado absorbiera la deuda generada por las corporaciones locales. «¿Por qué no?», expresó en ese momento, sin que Montero, que prometió que Hacienda estudiará el conjunto de las medidas planteadas por Junts, se refiriera posteriormente y en concreto a esa cuestión.
En «coherencia» con la quita autonómica
Ahora, Junts ha elevado una moción como consecuencia de la interpelación en la que exhorta al Gobierno a establecer un mecanismo de quita de deuda municipal, «en coherencia con la medida ya aplicada a las comunidades autónomas», con el objetivo de «aligerar la carga financiera de los ayuntamientos más endeudados y devolverles capacidad de inversión y de prestación de servicios».
Asimismo, el partido propone un plazo «máximo» de seis meses para que el Ejecutivo acometa las modificaciones legislativas oportunas que permitan a las entidades locales destinar el remanente y el superávit presupuestario a proyectos «de utilidad directa para la ciudadanía» y evitar, de esa forma, que queden «restringidos» a la amortización de la deuda. También piden aceptar los informes de la intervención municipal como documento suficiente para autorizar usos puntuales de esos fondos.
Apuestan, también, por eximir a los municipios sin déficit estructural de la obligación de presentar un Plan Económico y Financiero (PEF), y por revisar la regla de gasto adaptándola a las necesidades de los ayuntamientos, excluyendo los gastos urgentes y extraordinarios para atender emergencias sociales, crisis económicas o catástrofes.
Y proyectan, de la misma forma, impulsar mecanismos de compensación por la pérdida de ingresos derivados de la reforma de la plusvalía municipal y del IVA soportado para los gobiernos locales, además de acordar una nueva fórmula de cálculo de la participación en los tributos del estado y reconocer a los consejos comarcales e insulares como beneficiarios del mencionado mecanismo.