El Gobierno encarga a Telefónica una campaña sobre el racismo en España

El Gobierno, a través del Ministerio de Igualdad, ha adjudicado un contrato de 121.000 euros a Telefónica con el objetivo de «poner de manifiesto la existencia de racismo en nuestra sociedad y concienciar sobre la necesidad de combatirlo». La multinacional española ha sido contratada para «concienciar sobre el racismo estructural y los prejuicios raciales existentes», así como para promover «un ejercicio profundo de autorreflexión y conciencia, en el que cada individuo asuma su responsabilidad en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva».

Esta campaña dice buscar «ayudar a cambiar la actitud y el comportamiento» de «la población en general en materia de discriminación», dando por hecho que los españoles incurren en racismo, ya que este sería «estructural». «Aunque quizás pocas personas se perciban a sí mismas como racistas o puedan manifestar abiertamente que son racistas, la realidad es que el racismo está presente y profundamente arraigado en nuestra sociedad», expone el Ministerio de Igualdad en el pliego del contrato.

Para el Gobierno, el racismo en España está presente en la educación (bullying racista, segregación escolar), el empleo (mayor dificultad en el acceso al empleo, discriminación por llevar velo), la vivienda (discriminación en el acceso a la vivienda, por ejemplo, de alquiler; segregación residencial), la sanidad (acceso a la sanidad universal, prejuicios racistas por parte del personal), la seguridad (perfilamiento racial ilegal, uso excesivo de la fuerza), las fiestas (blackface en las cabalgatas de los Reyes Magos), el deporte (insultos racistas por parte de los aficionados hacia deportistas afrodescendientes) y el lenguaje.

Lenguaje racista

El gabinete de Ana Redondo señala que se utilizan expresiones con estereotipos y prejuicios racistas como «tengo la negra» para referirse a la mala suerte, «te han engañado como a un chino», «trabajar como un negro» o «vivimos como gitanos/no seas gitano» en referencia a la falta de higiene.

El Gobierno recuerda que el Observatorio Español de Racismo y Xenofobia (Oberaxe) ha detectado un repunte de los «discursos de odio» relacionados con la inmigración en redes sociales. En concreto, denuncia un aumento de 15 puntos en los mensajes que promueven la expulsión de personas de origen extranjero, un mensaje que ya representa el 18% del total de contenidos reportados. La mayoría de estos son mensajes que promueven «deportaciones masivas».

«Si bien podríamos afirmar que existe un consenso sobre el hecho de que hemos sido educados/as en un sistema patriarcal que hace que vivamos en una sociedad machista de la que todos y todas formamos parte, no parece que exista una concienciación tan amplia sobre el racismo estructural que existe en nuestra sociedad», explica Igualdad, que ha encargado esta campaña porque «el primer paso para poder combatir el racismo es aplicar el mismo enfoque feminista, reconociendo que, igual que vivimos en una sociedad patriarcal, también vivimos en una sociedad racista y que, por tanto, persisten sesgos racistas en las personas que hemos sido educadas en esta sociedad».

Igualdad y el racismo

No se trata de la primera campaña o informe dirigido por el Gobierno para señalar que los españoles son racistas. Tal y como informó este medio, el Ejecutivo se gastó 113.000 euros en un informe tergiversado para concluir que en España se ha producido «un incremento de las personas que se sienten discriminadas por su origen racial o étnico». El trabajo fue encargado por el Ministerio de Igualdad a la consultora Red2red por 108.420 euros, y su presentación en un acto de la Semana Antirracista celebrada el pasado mes de marzo tuvo un coste adicional de 4.499,93 euros.

Un equipo de investigadores de la consultora trabajó durante meses en el informe El impacto del racismo en España, que se basó en un trabajo de campo de 2.200 encuestas presenciales. Sin embargo, el propio estudio advertía de cambios relevantes en el procedimiento con respecto a la anterior edición, elaborada en 2020 en plena pandemia. Aun así, pese a que los dos trabajos eran difícilmente comparables, el Gobierno concluyó que había habido un repunte de racismo sobre la base de una subida de dos puntos porcentuales (del 31 a 33%) en cuatro años.