El Gobierno publicará un catálogo de símbolos contrarios a la memoria democrática
Víctor Torres ha declarado que no puede haber una sociedad «sana» con vestigios del «franquismo y totalitarismo»

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.
El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este martes que el Gobierno llevará antes de que acabe el mes de noviembre al Boletín Oficial del Estado el catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática.
Torres ha hecho este anuncio en respuesta en el pleno del Senado a una pregunta de la representante de Más Madrid Carla Antonelli sobre los plazos previstos para aprobar el real decreto que regula el Catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, que ha recordado que viene obligado por la Ley de Memoria democrática.
En su respuesta, el ministro ha garantizado que «la voluntad del Gobierno es absoluta» y ha recordado que ya se ha declarado de emergencia ese catálogo, se ha informado a las comunidades autónomas y se ha llevado a información pública.
Además, ha incidido en que precisa de dos últimos informes de los ministerios de Cultura y de Transformación Digital, para lo que debe ir al Consejo de Estado.
El titular de Memoria Democrática ha querido hacer una reflexión: «no se puede entender que en ninguna democracia sana haya quien quiera mantener vestigios del franquismo y del totalitarismo. Es absolutamente contrario a lo que es la libertad y la democracia».
Previamente, la senadora de Más Madrid ha indicado que el Gobierno se comprometió a crear un catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática, aunque la derecha, ha subrayado, está «interesada en mantener esa simbología y de esta forma darle martillazo limpio a la democracia».
Por eso considera que «es urgente el esfuerzo necesario para contrarrestar» la «ola antidemocrática absolutamente irresponsable» que a su juicio «ridiculiza los avances necesarios en derecho», y por eso ha pedido al Gobierno que se ponga de acuerdo con «todas las sensibilidades de víctimas y asociaciones de víctimas» para «blindar la memoria democrática».