El PP sospecha de un adelanto electoral por una maniobra del Gobierno con las urnas
Pregunta por qué vetó la propuesta de Vox de reformar la ley electoral con el argumento de que afecta al presupuesto
Ester Muñoz en una rueda de prensa en el Congreso. | EP
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado una serie de preguntas en el Congreso de los Diputados, a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, con el objetivo de que el Gobierno aclare, entre otras cuestiones, por qué considera que un incremento del gasto de organización de procesos electorales puede suponer un aumento de los créditos en el presupuesto en vigor cuando no está previsto ningún proceso electoral en el actual ejercicio. Con este argumento, el Ejecutivo ha vetado una iniciativa de Vox para instalar dobles urnas: una para el voto por correo y otra presencial, así como actas electorales diferenciadas.
Este veto lleva a los populares a sospechar que puede ser un indicio de elecciones anticipadas porque los vetos solo se utilizan para evitar alteraciones del presupuesto vigente, y la reforma de la ley del Régimen Electoral que propone la formación de Abascal no tendría efectos presupuestarios para este año, «salvo que el Gobierno pensase en anticipar las generales».
El Grupo Popular explica que, el pasado 18 de septiembre, el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, remitió al registro del Congreso de los Diputados un escrito en el que expresaba la disconformidad del Gobierno con la tramitación de la proposición de ley presentada por Vox por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (122/200). A lo largo del documento, el Gobierno considera que la aprobación de la Proposición de Ley es susceptible de producir un incremento de los créditos presupuestarios, por lo que el Gobierno no presta la conformidad para su tramitación en virtud de lo establecido en el art. 134.6 de la Constitución.
Los populares destacan que, dado que la proposición de Ley propone incorporar una segunda urna en los procesos electorales, el escrito del Gobierno estima los posibles costes de duplicar el gasto en urnas y en actas de escrutinio en 200.000 euros y concluye que supondría un incremento de los créditos.
Sin embargo, aunque dicho artículo de la Constitución establece que toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación, el Tribunal Constitucional, en su reciente sentencia 135/2025 de 11 de junio de 2025, insiste en «ratificar nuestra consolidada doctrina, expuesta en el fundamento jurídico anterior, según la cual, la potestad gubernamental del artículo 134.6 se refiere siempre al presupuesto en vigor en cada momento, en coherencia con el principio de anualidad presupuestaria», según el PP.
El Grupo Popular afirma que el Gobierno de España conoce esta doctrina y ha intentado saltársela (infructuosamente) añadiendo a sus últimos escritos de disconformidad una digresión, considerando que la potestad del artículo 134.6 de la Constitución no debe ceñirse a los presupuestos anuales, sino que debe interpretarse a la luz de los objetivos plurianuales de estabilidad presupuestaria. A su juicio, de forma sorprendente, el presente escrito no incluye esa explicación, con lo que se concluye que el Ejecutivo no ve que este incremento de crédito pueda afectar a los objetivos plurianuales de estabilidad, sino al presupuesto en vigor.
Una respuesta del Gobierno que considera llamativa teniendo en cuenta que el calendario electoral no prevé la celebración de ningún proceso electoral en el año 2025 y el Gobierno insiste en que no lo habrá hasta 2027, año en el cual ya no deberían estar vigentes los actuales Presupuestos.
A la vista de esta situación, el PP presenta una batería de preguntas para que sean respondidas por escrito. Pretende saber por qué motivo considera el Gobierno de España que un eventual incremento del gasto de organización de procesos electorales puede suponer un incremento de los créditos en el presupuesto en vigor, cuando no está previsto ningún proceso electoral en el actual ejercicio; así como si está dando por hecha el Gobierno de España una convocatoria anticipada de elecciones generales en este año 2025, o, por el contrario, si los actuales Presupuestos Generales del Estado estarán vigentes hasta 2027.
El Partido Popular interpreta como un indicio de elecciones anticipadas el hecho de que el Gobierno se niegue a reformar la Loreg y poner doble urna para el voto por correo. Subraya que el Ejecutivo ha utilizado un veto presupuestario para impedir la tramitación de una reforma del voto por correo que proponía Vox. A su juicio, el veto solo se puede usar para evitar alteraciones del presupuesto vigente y la ley que propone Vox no tendría efectos presupuestarios este año, salvo que el Gobierno pensase en anticipar las generales.
Presupuestos vigentes
Los populares creen que si, como dice el Gobierno, no se prevé que haya elecciones generales hasta 2027 no tendría sentido que usase el veto sobre esta reforma porque, en caso de ser aprobada, su incremento de gasto no se produciría hasta ese año y no distorsionaría los presupuestos vigentes prorrogados.