La Eurocámara pide a Obiang que libere a dos empresarios españoles detenidos en enero

El Parlamento Europeo ha reclamado este jueves a las autoridades de Guinea Ecuatorial «medidas inmediatas e incondicionales», incluyendo el levantamiento de la prisión preventiva para los ciudadanos españoles Javier Marañón Montero y David Rodríguez Ballesta, detenidos por un supuesto caso de corrupción, tras recalcar que la justicia en el país está «subordinada» al régimen de Teodoro Obiang.

En una resolución, la Eurocámara condena las «condiciones inaceptables de detención» y los «malos tratos» infligidos a los presos en Guinea Ecuatorial, reiterando que las autoridades deben garantizar el bienestar de ambos detenidos españoles y respetar su derecho a un juicio justo, atención médica y asesoramiento jurídico. Además, lamenta la «subordinación del poder judicial de Guinea Ecuatorial al régimen» y apunta a la falta de rendición de cuentas judicial, además de a las torturas y condiciones de encarcelamiento infrahumanas en el país africano.

Los eurodiputados aprovechan igualmente para denunciar la «persecución continuada de la oposición política» y las graves restricciones a la libertad de expresión y otras violaciones de los derechos humanos cometidos por el régimen de Obiang, en el poder desde 1979, según Europa Press.

«Las detenciones y reclusiones arbitrarias dañan la reputación del país, disuaden la inversión y la cooperación internacionales, y pueden tener efectos negativos en sus relaciones con la Unión», reza la resolución que pide a la Alta Representante, Kaja Kallas, que junto a las autoridades españolas tome cartas en el asunto y «redoble los esfuerzos diplomáticos» para desencallar la situación de ambos ciudadanos españoles.

El Gobierno de Malabo negó antes del debate parlamentario que Marañón y Rodríguez estén sufriendo maltrato en las cárceles ecuatoguineanas y ha encuadrado su detención en una investigación por una supuesta trama de corrupción en el despliegue de la televisión digital terrestre en el país.

THE OBJECTIVE desveló en mayo que el régimen de Teodoro Obiang había enviado a la cárcel a estos dos trabajadores españoles, uno cordobés y otro granadino, de la empresa Wayang Teknical que dirige el también empresario andaluz José Luis Romero, quien tiene en la actualidad el cargo de vicepresidente del consejo de administración del Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada y contra el que el Gobierno de Guinea Ecuatorial emitió una orden internacional de búsqueda y captura, si bien Romero no tiene constancia de ello ni se le ha notificado en ningún momento tal situación.

Los dos empleados españoles se encuentran en la prisión de Malabo -conocida por el nombre de Black Beach- junto a otra decena de ciudadanos ecuatoguineanos a los que se investiga por varios presuntos delitos de corrupción, como fraude y soborno, al ocasionar «un grave perjuicio» económico a la Administración pública de la excolonia española con el proyecto de implantación de la televisión digital terrestre que se lanzó en 2017 por cerca de 34 millones de euros, una iniciativa que no ha llegado a buen puerto. El vicepresidente ecuatoguineano, Teodoro Nguema Obiang, más conocido como Teodorín, publicó en las redes sociales un vídeo en el que aparecen estos dos trabajadores junto al resto de encarcelados antes de comparecer ante el juez instructor.

Teodorín ejerce cada vez más como presidente de facto del país africano en sustitución de su padre, que apenas se deja ver en público. La investigación fue iniciada por el Juzgado de Instrucción número uno de Malabo y tras las noticias relacionadas con este caso de Wayang Teknical, el régimen de Obiang convocó al embajador español, Francisco Javier Conde, en plena Semana Santa para hacerle hincapié en la independencia del poder judicial en este país africano y quejarse de que la legación diplomática se dirigiese al juez instructor en persona para recabar más información.

También se invitó a España «a respetar la soberanía nacional y la independencia de sus instituciones» en relación con el caso TDT «en el que se encuentran implicados varios ciudadanos, tanto ecuatoguineanos como españoles», según relató la televisión local, que señala que el proyecto para la puesta en marcha de la televisión digital terrestre «ha decepcionado al Gobierno de Malabo, ya que tanto el propietario en complicidad con varios ciudadanos ecuatoguineanos se encargaban de hacer el agosto en este proyecto».

Los dos empleados españoles llevaban detenidos desde enero, pero fue en mayo cuando se formularon cargos contra ellos y se dio publicidad a su «prisión provisional» para que comparecieran ante el juez instructor cuando así lo decida. El Ministerio de Asuntos Exteriores español guardó silencio sobre este caso en aquel momento a la espera de que se aclararan las causas de la detención, según indicaron a este periódico fuentes próximas a los trabajadores.

El propio Teodorín anunció el castigo contra dos funcionarios de la comisaría de la Gendarmería Nacional -el director y un comandante-, junto con el médico de la cárcel de esta institución, por el trato benévolo que habían dispensado a los apresados en las primeras semanas de confinamiento. «Quedan suspendidos y arrestados hasta nueva orden por negligencia en el ejercicio de sus funciones», anunció el hijo del dictador el pasado 9 de abril.

Tras ello, los dos españoles quedaron en una situación más precaria, a juicio de las citadas fuentes, ya que la cárcel de Black Beach en Malabo ha sido denunciada en el pasado por Amnistía Internacional como un centro de torturas en el que la brutalidad es sistemática. Los familiares de los detenidos temen que sean obligados a admitir delitos bajo presión.

Romero preside el grupo Global Multi Solutions, cuya sede central está en Granada y que cuenta con delegaciones en Madrid, Barcelona, Punta Cana (República Dominicana) y Bata (Guinea Ecuatorial). Dicha empresa tiene dos compañías ecuatoguineanas, Wayang Teknical y Terratec, que están en el punto de mira del régimen de Obiang. La primera se creó hace ocho años para el citado proyecto de implantación de la televisión digital terrestre en la excolonia, mientras que Terratec se ha dedicado en los últimos años a la construcción de medio millar de pozos de agua, la distribución de productos farmacéuticos y el desarrollo de proyectos industriales en la antigua colonia.

El empresario niega las acusaciones

THE OBJECTIVE se puso en contacto a principios de abril con Romero, quien afirmó desconocer la citada orden de búsqueda y captura en su contra, así como las diligencias abiertas en Malabo. Unos hechos de los que no hay precedentes en los últimos años por parte del Gobierno de Obiang contra empresarios españoles. «No tengo conocimiento alguno de que exista procedimiento judicial contra mi persona por un presunto delito de fraude y soborno, ni por cualquier otro. Hasta la actualidad, no se me ha comunicado ni notificado documento alguno que evidencie que existe un procedimiento contra mi persona y mucho menos una orden de detención internacional», precisó a este diario.

El empresario granadino añadió que había dado traslado a sus asesores jurídicos «para iniciar acciones judiciales correspondientes por estos hechos», ya que la publicación de Teodorín en sus redes sociales «atenta contra mi honor y sobre la reputación de mi empresa». Además, defendió su trabajo en el país africano: «Soy administrador y accionista de varias sociedades nacionales e internacionales, entre ellas de Wayang Teknical y Terratec en Guinea Ecuatorial desde hace años».

«Hemos desarrollado varios proyectos en Guinea Ecuatorial a través de diferentes empresas, habiendo realizado en beneficio de la población más de 500 pozos de agua, infraestructuras de abastecimiento de agua y saneamiento, instalación de internet para miles de hogares guineanos, importación de cientos de miles de medicamentos, implantación de la televisión digital terrestre, adecuación de la RTVGE del país», aseguró en referencia al ente público televisivo. Además, el vicepresidente del Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada hizo hincapié en que ha cumplido «con la legalidad en el desarrollo de estos proyectos» y que «jamás» ha tenido «ningún procedimiento judicial ni denuncia por acciones ilegales» contra él ni ninguna de sus empresas.

Estas detenciones han empeorado las relaciones bilaterales entre ambos países. Malabo llamó a consultas a su embajador en Madrid, Miguel Edjand, el 22 de marzo del año pasado, por lo que consideró «persecución de la Justicia española» contra varios miembros de su Ejecutivo. Desde ese anuncio, Guinea Ecuatorial no tiene representante oficial en Madrid y los asuntos de la embajada se llevan a nivel de encargado de negocios.