El PP endurecerá las penas a las mafias que trafican con inmigrantes y a los colaboradores

El Partido Popular propone reformar el Código Penal para endurecer las penas relacionadas con la trata de seres humanos, como una medida para frenar la llegada de inmigrantes ilegales a España, así como a los cooperadores de este tráfico irregular, según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes populares. Este será uno de los puntos del plan global contra la inmigración que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, presentará este martes en Barcelona. Los populares aseguran que lucharán «sin concesiones» contra las mafias.

La inmigración se ha convertido en un tema clave de diferenciación entre las formaciones políticas de cara al próximo ciclo electoral, al ser uno de los problemas más importantes para los españoles. Los principales partidos compiten a la hora de ofrecer propuestas para frenar la entrada masiva de inmigración irregular, que formaciones políticas como Vox relacionan con el aumento de la inseguridad en las calles; mientras que otras, como el PSOE, la consideran una oportunidad para el aumento de la mano de obra y el desarrollo económico y rechazan que sea un problema con acusaciones de «xenofobia». En este escenario, el PP se sitúa en una posición intermedia: aboga por el control de las fronteras para impedir la llegada de inmigración irregular, ofreciendo fórmulas para integrar en la sociedad a los inmigrantes legales.

Una de las causas del incremento de esta inmigración ilegal son las mafias que trasladan a la gente y la desembarcan en las costas españolas para regresar después a sus países africanos de origen, donde otro contingente está preparado para viajar a España. Es precisamente en el principal eslabón de la cadena donde los populares quieren actuar, no solo contra las mafias organizadas, sino también contra los «fabricantes» y «proveedores» que colaboran.

Por ello, uno de los puntos del plan de inmigración que presentará Feijóo este martes en Cataluña hace referencia directa a la «lucha sin concesiones a quien hace negocio con la desesperación», que implicará «penas más altas para las mafias, sobre todo en casos de explotación o pertenencia a organización criminal». Igualmente, señala de forma expresa que esta elevación del castigo también se aplicará a «quienes colaboren con ellas, incluyendo fabricantes, proveedores o intermediarios que, a sabiendas del uso delictivo, suministren embarcaciones, motores, combustibles, dispositivos, teléfonos, GPS u otros materiales destinados a facilitar la actividad criminal». En el Código Penal, el delito de trata de seres humanos está castigado con una pena de prisión que oscila entre cinco y ocho años.

Los populares recuerdan el «efecto llamada» que ha provocado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el decreto de arraigo de noviembre de 2024, una modificación del Reglamento de Extranjería, que ha provocado la llegada de un millón y medio de personas en los últimos cuatro años. Esta medida reduce el tiempo de residencia necesario de tres a dos años y flexibiliza los requisitos, permitiendo trabajar desde el principio, ya sea por cuenta propia o ajena. Igualmente, se remiten a las quejas de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado ante la falta de material, efectivos y dotaciones para hacer frente tanto humanitaria como legalmente a la llegada generalizada de inmigrantes.

Visado por puntos

El Partido Popular ha anunciado algunas de las medidas que va a poner en marcha para intentar frenar la inmigración si consigue llegar a la Moncloa. Esta formación política ha desvelado que pondrá en marcha un visado por puntos, como Canadá, Australia y Reino Unido, que priorice a los trabajadores en los sectores con más carencias de mano de obra y que reconozca a los inmigrantes más cercanos culturalmente. Asimismo, el Ingreso Mínimo Vital dejará de ser una vía para regularizar a ilegales.

Este viernes, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, anunció que «los inmigrantes con vínculos criminales y radicales violentos perderán la residencia de forma automática». La dirigente popular subrayó que «no hacerlo sería inhumano e insolidario y tirar por la borda el esfuerzo de tantos millones de personas españolas y extranjeras que cada día madrugan para levantar este país». En este sentido, mostró la «absoluta solidaridad con quien viene a trabajar y la absoluta firmeza con quien viene a abusar y delinquir». Finalmente, defendió «el derecho y la obligación» de todos los españoles a decidir «quién entra, cómo y para qué» en España, acusando al Gobierno de Sánchez de «condenar a la ilegalidad» a muchos inmigrantes y de haber «bloqueado» las vías de entrada legal en España.