Rebelión en el PSOE extremeño: acusan a Cerdán de fraude en el censo de afiliados

Una vez pasado el duelo por el fallecimiento de Guillermo Fernández Vara, el PSOE extremeño vuelve a entrar en ebullición. El exedil en la localidad pacense de Don Benito entre 2015 y 2021, Juan Francisco Dávila, ha remitido una denuncia a la Ejecutiva federal socialista en la que pide la apertura de una investigación interna por un presunto fraude en el censo de afiliados de este municipio y que Ferraz se plantee ir a la Justicia ordinaria por varias «acciones tipificadas como delitos en el Código Penal».

En el escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE en exclusiva, se señala directamente al anterior secretario de Organización, Santos Cerdán, por haber ignorado denuncias previas de otros militantes en las que se advertía que se estaban alterando «las fechas de afiliación» de nuevos ingresos «para incluir en un censo ya cerrado a personas que se afiliaron en una fecha posterior».

«Por poner en contexto los hechos denunciados, hay que señalar que estos se produjeron en paralelo a la comisión de otras irregularidades e incumplimientos de la normativa interna del PSOE en el seno de la Agrupación local de Don Benito y que fueron denunciados ante la Comisión ejecutiva federal. Esa denuncia, presentada por varios/as compañeros/as por burofax hace más de un año, no ha tenido aún respuesta», señala de inicio Dávila.

El exconcejal dombenitense hace hincapié en que dichas irregularidades «guardan correspondencia con los hechos ahora descritos» en su denuncia ya que, en su opinión, todas ellas convergen en «el extraordinario incremento de afiliaciones que se produjo en la Agrupación local de Don Benito justo antes del cierre censal del 1 de junio de 2024», previo al congreso del PSOE que hubo unos meses después.

Según su relato, en aquel momento de mediados del año pasado se produjeron afiliaciones «hechas a espaldas» del partido a nivel local «para influir en el siguiente proceso de renovación» de la dirección del mismo tras la dimisión del máximo cargo orgánico local del exalcalde José Luis Quintana, quien en la actualidad ocupa el cargo de delegado del Gobierno en Extremadura. Precisamente la Agencia Tributaria recibió el pasado 5 de agosto una denuncia contra Quintana en la que se detallaban presuntos «pagos irregulares» en la agrupación del PSOE en Don Benito durante su etapa de secretario general de los socialistas en dicha localidad durante quince años, entre 2009 y 2024.

En concreto, se apuntó en dicha denuncia ante el fisco a la existencia de sobresueldos entregados a varios dirigentes del partido en Don Benito «a través de cheques mensuales de cantidades no declaradas por sus receptores ni por el partido en la renta» de estas personas, por lo que se insta al fisco a incoar la apertura de un expediente por pagos no declarados a la Hacienda pública. Se da la circunstancia de que Quintana es el máximo responsable del fisco en Extremadura en su condición de delegado del Gobierno y fuentes socialistas aseguran que ya se ha dado carpetazo a la citada denuncia (ver abajo).

Dávila plantea en su escrito de ahora que hubo afiliaciones de personas «que residen a más de 100 kilómetros de distancia» de la localidad pacense y que muchas de ellas «no tienen relación alguna con la ciudad». Un hecho que, a su juicio, «resulta hasta anecdótico en comparación con algunas de las otras acciones tramposas que se pergeñaron» y que podrían constituir «la comisión de delitos tipificados en los artículos 395 y 396 del Código Penal» sobre falsedad en documento privado. «Esas y otras irregularidades provocaron que dimitieran más de la mitad de los miembros de la Comisión ejecutiva local» en julio del año pasado, «forzando así la destitución de José Luis Quintana Álvarez como secretario general» y la constitución de una gestora tutelada por este dirigente cercano a Pedro Sánchez.

«Los hechos que podrían constituir infracción penal», señala el autor de la denuncia a Ferraz, «guardan relación con la presunta alteración espuria del censo de militantes que afectaba a la Agrupación local del PSOE de Don Benito en el proceso de elección de Comisión ejecutiva local celebrado en octubre de 2024, toda vez que una alteración de ese tipo perjudica a unos militantes en beneficio de otros, elemento esencial en el referido tipo penal».

En concreto, menciona el caso de dos inscripciones de militantes que se produjeron con el censo ya cerrado a 1 de junio de 2024, cuyas fichas «fueron entregadas casi una semana después del cierre censal en la sede local por el entonces vicesecretario general, Manuel Gómez Parejo, como han corroborado varios testigos». Gómez es la mano derecha de Quintana en Don Benito y en la actualidad ostenta el cargo de diputado provincial y miembro de la Ejecutiva socialista en la provincia de Badajoz. Dávila iba a competir contra él en las primarias locales de hace un año, pero desistió al ver los movimientos fraudulentos en su agrupación.

«Las fichas de esas personas, junto con las de otra, fueron enviadas por correo electrónico desde la Agrupación local de Don Benito al Departamento federal de atención a la militancia en la mañana del día 7 de junio de 2024, por lo que los datos tuvieron que ser dados de alta necesariamente con posterioridad, es decir, fuera del plazo determinado estatutariamente», prosigue el exedil en su denuncia remitida a Ferraz.

Junto a varios testimonios, Dávila cuenta con documentación que se le remitió de forma anónima a su domicilio «en la que figuran datos sensibles, que probaría los hechos denunciados y que se pondrá a disposición del órgano judicial una vez que se abrieran las correspondientes diligencias». En todo caso, avisa a Ferraz que el aparato federal cuenta con «los medios suficientes» para verificar los hechos descritos, «haciendo un análisis informático de los registros, contrastando fechas e identificando a los intervinientes en cada proceso, recabando testimonios, etc., tras la apertura de un expediente informativo».

Tras ello, pone el foco en la figura de Cerdán y el área de Organización que lideraba hasta su dimisión a finales de junio. «Al depender el censo del partido exclusivamente de la Secretaría de Organización Federal, encabezada en ese momento por Santos Cerdán León, se supone que sólo con ayuda de personas con acceso a los registros del  Departamento federal de atención a la militancia se podrían alterar las fechas de afiliación para incluir en un censo ya cerrado a personas que se afiliaron en una fecha posterior. Es lo que se concluye de los indicios, testimonios y pruebas recibidas», subraya. 

Dávila hace hincapié a Ferraz en que, en los últimos meses, se ha conocido que militantes de varias agrupaciones han presentado denuncias por irregularidades ante la Ejecutiva federal y que todas ellas han sido «ignoradas» por Cerdán. «En Estepona, incluso, un juzgado ha constado la existencia de algunas de esas irregularidades que, en ese caso, escapaban de la jurisdicción penal. Las que se exponen en este escrito sí serían, a mi parecer, competencia de ese orden». Por ello ruega al partido a que «actúe con celeridad, esclarezca los hechos y presente, en su caso, la denuncia correspondiente». En caso contrario, él mismo presentará una denuncia ante los tribunales con las pruebas del fraude en el censo de afiliados.

Otra denuncia previa en agosto de 2024

La iniciativa de este exedil socialista va más allá de la denuncia interna que cinco compañeros de su agrupación enviaron a Ferraz a principios de agosto de 2024. Aquel escrito (adjunto debajo) estaba encabezado por un importante cargo orgánico del PSOE en Extremadura que prefiere mantener el anonimato tras ser contactado por THE OBJECTIVE. Ni Cerdán ni nadie de la dirección federal se puso en contacto con los firmantes en las semanas o meses posteriores a la recepción de la denuncia.

En dicho escrito de queja, este grupo de afiliados pidió a Ferraz que hiciese «una revisión exhaustiva» de las incorporaciones en Don Benito entre el 1 de mayo y el 1 de junio del año pasado, y que en caso de confirmar «las irregularidades denunciadas», procediese a la anulación de dichas afiliaciones. «Esperamos que esta impugnación sea considerada con la diligencia y seriedad que merece para salvaguardar la integridad y transparencia del proceso de afiliación del Partido», concluyeron los firmantes en la misma línea que ahora Dávila. Pero desde Madrid solo recibieron desdén y silencio.