Junts responde a Óscar Puente sobre los pagos en efectivo: «Es sinónimo de corrupción»

El diputado de Junts Josep Pagès se ha convertido en uno de los dirigentes más críticos con los presuntos casos de corrupción que salpican al Gobierno de Pedro Sánchez y al PSOE. En julio ya registró una batería de preguntas al Gobierno sobre sus sospechas de que la trama de los hidrocarburos pudiera haber servido para financiar una nueva policía patriótica. Y, este jueves, ha respondido a las palabras del ministro de Transporte y Movilidad Urbana, Óscar Puente, respecto a los pagos en efectivos en los ministerios: «Que alguien le explique al ministro que los pagos en efectivo son sinónimo de corrupción».

Pagès insinúa que Puente habría mantenido las «prácticas» de su «antecesor en el Ministerio», José Luís Ábalos. El actual ministro de Transportes aseguró en una entrevista en Onda Cero que «pagar en efectivo se está haciendo en los ministerios, aunque no sea estético, pero es lo que hay». Y defendió que él preferiría que los pagos se hicieran con tarjeta. Estas declaraciones se realizaron en el marco de una entrevista en el programa Más de uno, del periodista Carlos Alsina, donde se abordó la información publicada en exclusiva por THE OBJECTIVE sobre las presuntas cajas b del exministro Ábalos.

Junts y la amnistía

Una parte de Junts per Catalunya considera que al Gobierno se le ha acabado el crédito, pero están a la espera de cómo avanza el tema de la amnistía a Carles Puigdemont antes de cortar amarras definitivamente. Las últimas informaciones que han ido apareciendo respecto a la trama corrupta –así como los informes de la UCO– han generado inquietud en sectores del partido que creen que el caso escalará de tal manera que mantener su apoyo parlamentario va a ser muy difícil. Sin olvidar, también, el otro frente abierto que tienen en Cataluña con la irrupción de Aliança Catalana a su derecha y quien le roba a la parte de su electorado desencantada con sus pactos con los socialistas.

A este respecto, el PSOE ya se movilizó para tratar de calmar los ánimos de los posconvergentes. Como informó este periódico, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero trasladó a Puigdemont su convencimiento de que los casos judiciales que acorralan al Gobierno de coalición socialista son «un montaje» que «quedará en nada».

Según las fuentes de Junts consultadas en ese momento, «Zapatero no habló de lo suyo» –en referencia a sus relaciones con Venezuela y los supuestos pagos realizados por la petrolera estatal venezolana Pdvsa–, pero dejó entrever que todas las causas e informaciones periodísticas que salpican al Gobierno y al PSOE son resultado de una cacería judicial y mediática contra Pedro Sánchez, desde el caso Koldo a la trama de hidrocarburos, pasando por el enjuiciamiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y las investigaciones sobre su hermano y esposa, David Sánchez y Begoña Gómez, respectivamente.

Pero el entorno de Puigdemont no comparte esta opinión. Ni el diputado Pagès. De hecho, sospecha que la trama de los hidrocarburos puede ser la matriz de todo el entramado corrupto. En las preguntas que registró en el Congreso, preguntaba sobre la desviación que este dinero podría haber tenido para «financiar operaciones encubiertas, irregulares o clandestinas contra el movimiento por la independencia de Cataluña, sus líderes, representantes, activistas sociales, etc.».

«Fraude de los hidrocarburos»

Por esta razón, piden explicaciones al ministro Marlaska. Consideran que, de ser ciertas las informaciones publicadas, una parte de la cantidad de dinero del IVA presuntamente defraudado, que se estima en 231,7 millones de euros, podría haber ido para pagar softwares como Pegasus con el fin de espiar a los independentistas.

En las preguntas instaban al titular de Interior a confirmar «la existencia y veracidad del contenido de las informaciones de la Guardia Civil» que se reflejaron en el informe de la UCO, respecto a que el comisionista Víctor de Aldama hubiera sido condecorado por el Instituto Armado o que hubiera ayudado a liquidar una deuda de Air Europa con el Gobierno venezolano.