La sombra del fiscal general está detrás de la libertad de Ábalos

Los periodistas también nos equivocamos. Presionados por el frenesí informativo, en ocasiones nos dejamos contagiar por las pasiones y estados anímicos en lugar de bucear en las profundidades del océano informativo, donde yace el sustrato de las decisiones que hoy centran la conversación pública. Bucear más profundo conlleva más tiempo; quizás por eso, un periodismo preso de la dictadura de las redes sociales ha perdido su principal esencia: llegar hasta el fondo. Ahí radica el éxito de THE OBJECTIVE, un periódico con temple para esperar varios años hasta poder publicar material como la caja b de José Luis Ábalos en su residencia oficial o el testimonio de Rosa, la empleada del hogar que abandonó aterrorizada la casa del ministro tras la grabación de su despacho.

Esta reflexión surge por la necesidad de una explicación serena sobre la decisión del Tribunal Supremo de dejar en libertad a José Luis Ábalos. Los ciudadanos no comprenden la decisión, el PSOE no entiende (y señala) al juez, y los medios de comunicación cuestionan al instructor Leopoldo Puente, a la Fiscalía Anticorrupción y al PSOE. Y en el todos contra todos, se pierden las razones de fondo y la responsabilidad principal.

Era bien sabido que el magistrado Puente no pediría prisión provisional –aunque vea razones de sobra para ello– si no lo solicitaba el fiscal Anticorrupción. Tratándose de un caso que afecta directamente al Gobierno socialista, no parece muy razonable que el órgano judicial superior en todos los órdenes jurisdiccionales de España sustente esa afirmación con el único apoyo de las acusaciones particulares que representan a los partidos de la oposición o a la asociación Hazte Oír. La pulcritud del instructor pasa por tener ahora las máximas cautelas, consciente de que lo que busca desde el principio la ofensiva gubernamental contra los jueces y las actuaciones de las defensas de Ábalos, Cerdán y Koldo es el más mínimo error que permita la nulidad de la causa.

Una decisión poco fundamentada jurídicamente sobre la prisión provisional de un aforado, en el contexto de una mayoría parlamentaria precaria en el que un solo voto podría tener efectos en esta legislatura, serviría en bandeja a los investigados un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional por vulnerar el principio de la tutela judicial efectiva. Y aunque hay un «riesgo cierto» y «creciente» de fuga o destrucción de pruebas, según el magistrado instructor, es todavía «insuficiente». Eso es lo que se dirime ahora: el riesgo de fuga, la destrucción de pruebas o la reiteración delictiva, no si hay indicios de corrupción, que, según Puente, son sólidos y sobradamente acreditados.

Fuentes judiciales revelaron a este periódico que Alejandro Luzón también se inclinaba por aplicar la medida cautelar por el riesgo cierto de destrucción de pruebas tras las «nuevas evidencias» que afloraron en el informe patrimonial de la UCO sobre José Luis Ábalos. Desde el Tribunal Supremo justificaron a este periódico que no se trataba de un cambio de criterio, sino de un cambio de realidad. Las nuevas pruebas que se incluían en el informe patrimonial de la policía judicial probaban la existencia de dinero en Colombia a nombre del exministro y sobres con dinero que evidencian el descuadre en los gastos del PSOE «sin respaldo documental» y «una fuente de ingresos no declarada»; una combinación suficiente para fundamentar jurídicamente la prisión preventiva.

Ábalos sobre su abogado: «Sólo le interesa que entregue el acta»

Sin embargo, algo pasó. Luzón era partidario de la prisión preventiva, pero ¿acaso Luzón tiene autonomía total para decidir en un órgano jerárquico como es la Fiscalía? Según cuentan en los mentideros judiciales, las presiones «han sido absolutas» por parte del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz. Era esperable, tratándose de una cuestión capital para el Gobierno (“¿de quién depende la Fiscalía?”) como es la entrada en prisión de Ábalos. El supuesto toque de corneta del Ministerio Público coincidió en el tiempo con el sainete del cambio de abogado del exministro socialista. La intrahistoria de esa ruptura, como desveló THE OBJECTIVE, es que el propio Ábalos sospechaba que José Aníbal Álvarez estaba representando más los intereses del PSOE que los suyos propios, le echaba en cara que no se leyera los autos de la UCO y se indignaba porque «lo único que le interesa es que entregue el acta de diputado». Cabe hacerse la pregunta de quién pagaba al abogado que solicitaba exactamente lo mismo que el Gobierno socialista que, en boca de los ministros Óscar Puente y Félix Bolaños, se ha lanzado a solicitar nuevamente a Ábalos la entrega del acta de diputado, tras el intento fallido de su abogado.

El interés del Gobierno es simple: si Ábalos entregara el acta, la causa pasaría a la Audiencia Nacional y permitiría al Gobierno ganar diez años de plazo en la instrucción. ¿Los ganaría también Ábalos? Sí, pero en cambio podría perder su régimen de libertad en un tribunal que actúa sin las excesivas cautelas del Supremo en ir de la mano con la Fiscalía en relación con las medidas cautelares. Traducido en términos políticos: el Gobierno salvaría la legislatura y Ábalos ingresaría en prisión preventiva. El antaño hombre de confianza de Pedro Sánchez vio venir la jugada y rompió con su abogado al comprobar que le estaban haciendo la misma jugada que a Santos Cerdán. Pero es que Ábalos es más listo que Cerdán.

Por ello, al fracasar la operación para forzar la entrega del acta de Ábalos, el Gobierno activó el comodín de García Ortiz. El objetivo era evitar que entre en prisión porque, con la causa aún en el Tribunal Supremo, el riesgo de que el exministro decidiera «morir matando», como auguró su exmujer Carolina Perles, y escalar las responsabilidades del caso, se disparaba. Esta es la cuestión capital que subyace bajo la superficie, tras los fuegos de artificio de los ataques a Leopoldo Puente por su «estupor» y a la inacción de Alejandro Luzón: que un Fiscal General procesado siga impartiendo órdenes e instrucciones en asuntos de trascendencia histórica que afectan al Gobierno socialista.

Un fiscal que saltó como un resorte publicando una nota de prensa en la que se filtró la información tributaria sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso, según él “para desmentir un bulo”. La realidad es que García Ortiz se movió espoleado porque la información del diario EL MUNDO reventó la operación del Gobierno contra González Amador, operación destinada a tapar las informaciones sobre Begoña Gómez y la imputación posterior que el presidente Sánchez ya conocía cuando anunció sus cinco días de reflexión en Moncloa. El escándalo aparentemente normalizado es que García Ortiz suda la camiseta del Gobierno, su equipo, y sigue peleando por el balón, aunque vaya a «chupar banquillo» el próximo 6 de noviembre.

Eso es lo que subyace en las profundidades de la puesta en libertad de Ábalos. Y en esto consiste el atrincheramiento de Pedro Sánchez: posponer elecciones y controlar las instituciones para afrontar la tormenta judicial que se avecina. Y una pieza clave es la del fiscal general, que sigue saliendo al rescate del Gobierno… aun habiendo tocado fondo.