El PP acorrala al Gobierno con las pulseras antimaltrato: 138 peticiones de explicación
Registra en el Congreso una amplia batería de preguntas para los ministerios de Igualdad, Justicia e Interior
La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, Ester Muñoz | EP / Eduardo Parra
El Grupo Parlamentario Popular ha registrado este mes de octubre hasta 138 preguntas en el Congreso de los Diputados, exigiéndole al Gobierno de Pedro Sánchez, concretamente a los ministerios de Igualdad, Interior y Justicia, explicaciones por los fallos en las pulseras antimaltrato. El objetivo es conocer los máximos datos posibles sobre el origen de los errores que provocaron que mucho de estos mecanismos de protección a víctimas de violencia de género dejaran de funcionar, según se reclama en las preguntas a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Igualmente, quieren saber si se comunicaron los fallos a las unidades especializadas de violencia de género de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La actualidad política va tan deprisa en España que una polémica tapa a la anterior, y parece que las crisis se dejan atrás sin haber sido resueltas. Una de estas crisis, relacionada con varios ministerios –los de Igualdad, Interior y Justicia–, parece ya lejana en el tiempo, tras saltar otra en Andalucía relacionada con los fallos en la criba de las pruebas del cáncer de mama. Lo que fue un escándalo a nivel nacional –los fallos en el funcionamiento de las pulseras antimaltrato– parece haberse difuminado entre casos de corrupción y protestas contra la guerra de Gaza.
Pero el Partido Popular no está dispuesto a soltar la presa de las consecuencias de la que siempre ha calificado como «nefasta» gestión del Gobierno en el funcionamiento de las pulseras antimaltrato que utilizan los hombres sobre los que pesan órdenes de alejamiento de mujeres que los han denunciado y han sido víctimas de acoso y persecución, cuando no de actos violentos. La voz de alarma la dio la propia Fiscalía General del Estado, al conocerse el pasado mes de septiembre que, en su Memoria correspondiente a 2024, alertaba de que se han producido «múltiples fallos» en estos dispositivos. La prestación de un servicio que el Ministerio de Igualdad, que dirige Ana Redondo, tiene contratado con una empresa privada encargada de realizar la instalación, monitorización y desinstalación de los dispositivos. Estas tareas son desarrolladas por el Centro Cometa, que es el que se relaciona con los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La Fiscalía advirtió de que Cometa había remitido incidencias una vez que los propios usuarios habían avisado de los fallos en los aparatos y que los equipos eran sustituidos «con cierto retraso». En la memoria se aseguraba que fiscalías como Madrid, Gerona, Granada y Tenerife alertaron de «problemas de descarga de la información del anterior proveedor de servicios y de la información relativa al uso de los dispositivos por parte de investigados y penados o la ubicación de estos». Además, especificó que se le comunicó a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género «para que se procediera a su solución, ante la potencial desprotección de las víctimas».
El Gobierno atacó, afirmando que se había generado una alarma social sobre la base de «mentiras», y que los fallos detectados se habían solucionado. Sin embargo, la polémica no cesó, porque siguieron apareciendo datos sobre la mala calidad de los dispositivos. Por ello, el Partido Popular inició una ofensiva parlamentaria para pedir explicaciones al Gobierno, y la ministra de Igualdad, Ana Redondo, tuvo que comparecer en el Senado. Pero nada de esto parece resultarle suficiente al Grupo Parlamentario Popular, que este mes de octubre ha registrado en el Congreso de los Diputados una extensa batería de 138 preguntas a responder por escrito, pidiendo datos precisos de las incidencias de estos fallos en varias comunidades autónomas, como Andalucía, Navarra, Cataluña, Canarias, Castilla y León y Baleares
Proporcionar datos concretos
Las exigencias de información son muy extensas. A modo de ejemplo, quieren saber si «estaban al tanto las unidades de coordinación contra la violencia de género y las unidades de violencia de la mujer, integradas orgánicamente en la Delegación del Gobierno de Andalucía y la Subdelegación del Gobierno de la provincia de Sevilla de esta problemática». Igualmente, reclaman al Ministerio de Igualdad «si puede proporcionar datos concretos y actualizados sobre cuántas mujeres víctimas, en la provincia de Ávila, se han visto afectadas por este error en el seguimiento telemático».
También piden información sobre las «medidas específicas que se han implementado para reparar el daño causado a las víctimas de la Comunidad Foral de Navarra, evitar que se repitan fallos similares y garantizar la total transparencia sobre el alcance real del impacto de esta gestión». Asimismo, otro punto sobre el que desean claridad es si «se informó en algún momento, por parte de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género del Ministerio de Igualdad, en las mesas de evaluación y seguimiento, de los problemas derivados del cambio de dispositivos a los representantes de las Unidades de Coordinación y Unidades de Violencia de Género sobre la Mujer en la Delegación del Gobierno de Canarias».