Santos Cerdán envió a Sánchez dos informes contra la opa del BBVA con datos de Villarejo
Los documentos llegaron a Moncloa un año después de los encuentros entre Díez, Dolset y un interlocutor del Sabadell
Pedro Sánchez junto a Santos Cerdán.
Ocurrió en mayo de 2025. El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán entregó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dos informes contra la oferta pública de adquisición (opa) del BBVA sobre el banco Sabadell. Los documentos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE se remitieron desde Ferraz al Palacio de La Moncloa un año después de los encuentros entre Leire Díez, Javier Pérez Dolset y un interlocutor del Sabadell, desvelados por el diario El Mundo, cuya intención era dinamitar la operación de compra aireando grabaciones del caso Villarejo. Tras la celebración de esa reunión, Cerdán -actualmente en prisión provisional por presuntas comisiones ilegales en la trama Koldo- alertó al líder del Ejecutivo de las deficiencias que, a su juicio, implicaría el respaldo del Gobierno a la operación bancaria.
«Se ha analizado en detalle la documentación del comisario jubilado José Manuel Villarejo identificando tres grandes grupos de acciones acometidas por el BBVA. Estas acciones son incompatibles con la continuidad en su puesto del consejo de administración de, al menos, cinco miembros de este, incluido el propio presidente, Carlos Torres Vila», especifican las notas de Cerdán. En esas mismas anotaciones, el ex secretario de Organización abordaba la operación de espionaje que habría sido realizada al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, dentro de la cárcel, con el objetivo de «justificar un falso complot para asesinar al entonces presidente Francisco González».
Este episodio ya fue investigado en la Audiencia Nacional y derivó en la instrucción del juez Manuel García-Castellón, quien cerró la causa y mandó a juicio a González, al BBVA como persona jurídica y a varios ejecutivos por los trabajos encargados al comisario. El contenido de los informes incluye referencias a audios que vinculan al BBVA con prácticas de manipulación y chantaje. La causa, sin embargo, ha permanecido paralizada durante más de un año para no interferir en la opa al Sabadell. Según explican fuentes judiciales a este periódico, existe una regla no escrita según la cual no se emiten resoluciones judiciales relevantes cuando hay operaciones de gran impacto sobre compañías estratégicas, de manera similar a lo que ocurre en periodos electorales con el objetivo de no interferir en los resultados políticos. Tras el fracaso de la opa, ocurrido el pasado viernes, esa limitación desaparece, lo que permitirá a la Audiencia Nacional reactivar la causa contra el BBVA, desbloqueando un procedimiento que llevaba más de un año dormido.
Cerdán señaló a Miguel Sebastián
El informe de Cerdán no se limitaba a cuestiones penales. También implicaba a varios mandos policiales que serán juzgados por estos hechos, entre ellos el comisario Julio Corrochano, ex jefe de seguridad del BBVA. Sobre él señalaba que «se ha identificado un audio donde se atribuye la manipulación de la anterior operación de control del BBVA mediante el chantaje a un miembro del Gobierno, Miguel Sebastián». Como desveló este periódico, el PSOE recibió esos audios en mayo de 2024, cuando el empresario Javier Pérez Dolset y la extrabajadora de Correos Leire Díez entregaron las grabaciones subrepticias realizadas por Villarejo a Santos Cerdán y Antonio Hernando, entonces director adjunto del gabinete de presidencia del Gobierno, en la sede de la calle Ferraz. Estas evidencias, según Cerdán, demostraban la magnitud de la influencia que la entidad financiera ejercía a través de prácticas ilegales y secretos comprometidos.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya había solicitado información adicional sobre la opa, después de elevar el expediente a Fase 2 ante los posibles riesgos para la competencia. El 21 de febrero de 2025, el Sabadell presentó alegaciones ante la CNMC, cuestionando que los remedios que ofrecía BBVA eran temporales, difíciles de medir y que la operación podría implicar riesgos estructurales para la competencia. Incluso llegaron a solicitar que se obligara al BBVA a desprenderse de ciertos negocios, en un intento de proteger la solvencia y autonomía de la entidad catalana.
En mayo de 2025, unas semanas antes de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil entregara un informe que terminó imputando a Santos Cerdán y motivando su ingreso en prisión provisional, el entonces secretario de Organización del PSOE remitió al presidente del Gobierno otro informe en el que ahondaba en sus argumentos para oponerse a la operación. «El BBVA afronta riesgos penales ignorados, con su correspondiente responsabilidad financiera, legales y reputaciones que se extenderían automáticamente al Banco Sabadell al completarse la opa», exponía en sus notas. «Además de la imputación penal del BBVA en el caso Villarejo por delitos de cohecho y revelación de secretos, quedan la mayor parte de los indicios y actividades ilícitas del BBVA por investigar, más allá del juicio que afronta».
Cerdán señalaba además que «adicionalmente, la entidad también enfrenta sanciones por blanqueo de capitales en España (SEPBLAC), Francia y Turquía, evidenciando fallos estructurales en sus sistemas de cumplimiento, comunes a los problemas penales descritos». Las advertencias no eran meramente teóricas; se referían a riesgos concretos que podían trasladarse directamente al Sabadell si la opa llegaba a materializarse.
Reuniones de Leire con Sabadell
Un año antes de estas advertencias de Cerdán al presidente, en mayo de 2024, Leire Díez y Javier Pérez Dolset, según han publicado El Mundo y El Confidencial, aseguraron al representante del Sabadell que disponían de grabaciones y archivos inéditos sobre BBVA que permitirían al banco catalán desactivar la opa. El encuentro se desarrolló en un piso situado en el número 36 de la calle Diego de León, en pleno barrio de Salamanca, en la sexta planta del edificio. Los supuestos documentos estaban relacionados con las operaciones encubiertas que BBVA encargó durante años a Villarejo, los mismos datos que un año después utilizaría Cerdán para comunicar a Sánchez su oposición a la operación financiera.
Fuentes presenciales de ese encuentro explican que la reunión se produjo después de que Dolset y Díez alertaran al banco catalán de las posibles consecuencias penales que asumirían los nuevos propietarios en caso de apoyar los accionistas la operación financiera a través de la asociación de afectados del comisario Villarejo. Asimismo, Leire y su socio plantearon al Sabadell que debía usar la información sensible del BBVA para arremeter contra el Partido Popular por su vínculo con el ex comisario de la Policía Nacional. Sin embargo, la información nunca llegó a facilitarse.