Chivite subvenciona al entorno de ETA: una terrorista, una colaboradora y un abogado

El Gobierno de María Chivite lleva años subvencionando al entorno de ETA con el pretexto de promocionar el euskera. En concreto, tal y como ha podido comprobar THE OBJECTIVE, el Ejecutivo navarro ha regado de dinero público a una ONG que vicepreside una condenada por colaboración con la banda terrorista, a una cooperativa que tiene como consultora a una mujer que proporcionaba pisos y apoyo a los etarras y a varias firmas del que fuera uno de los principales abogados de ETA.

Quizá el caso más paradigmático sea el de Miren Azkarate, la vicepresidenta de Pausumedia Elkartea, una asociación sin ánimo de lucro que ha recibido 136.100 euros a través de Instituto Navarro del Euskera. Azkarate fue condenada a cinco años de prisión por colaboración con ETA. Intentó que le redujeran la condena alegando «amor platónico» hacia su captor en la banda terrorista, pero el argumento fue rechazado. Por esto pasó a ser conocida en los medios como «la etarra enamorada». Finalmente, salió de prisión en 2012, tras cumplir íntegramente la pena. Ha trabajado como periodista en Hamaika Telebista y actualmente trabaja como secretaria del alcalde de Oiartzun.

Pausumedia es una asociación sin ánimo de lucro que, según ellos, se dedica a desarrollar un proyecto de comunicación en euskera, multimedia y transfronterizo, con una «perspectiva transversal de género», a investigar «la memoria histórica de los valores de la paz y los derechos humanos para todas las personas», recoger y difundir testimonios, a ayudar al desarrollo de nuevas tecnologías en euskera y a desarrollar actividades de formación —y consultoría— en arquitectura de proyectos.

El abogado de ETA

Del mismo modo, el Gobierno de Chivite lleva cuatro años subvencionando al exabogado de ETA Ibon Altuna, hijo del que fuera consejero delegado del diario Gara, Gorka Altuna, y de la que fue diputada de Herri Batasuna en el Parlamento Vasco y concejal de Bildu en Bilbao hasta 2023, Jone Goirizelaia. Lo hace a través del Instituto Navarro del Euskera, que riega de dinero público a las empresas y fundaciones de Altuna, Abian Media SL y la Fundación Euskalerria Irratia, con el pretexto de ayudas a la promoción del euskera en prensa escrita, radios y medios de comunicación online.

Altuna es uno de los abogados más conectados con ETA. Ha defendido a numerosos detenidos por colaboración con la banda terrorista y ha sido uno de los letrados de la defensa de las Herriko Tabernas. Este caso se saldó con la condena de 20 exdirigentes de Batasuna al considerar acreditado por parte de la Audiencia Nacional que financiaron a ETA a través de los bares abertzales. Las herriko tabernas y las extorsiones —el impuesto revolucionario— sirvieron para financiar a la banda terrorista. Tras el cese de la actividad armada, y sobre todo tras su disolución, el entorno de ETA que apostó ya solo por la vía política comenzó a financiarse a través de las instituciones.

Más subvenciones

Otra adjudicación polémica es la que recibe la empresa Goiena Komunikazio Taldea, para la que trabaja como consultora Amaia Mundiñano, detenida en Anzuola en noviembre de 2004 y acusada de tareas de alojamiento de miembros de comandos de ETA. Además, se encontraba entre las que, según las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, iban a constituir un grupo para cometer atentados principalmente en Guipúzcoa y, de forma esporádica, en Navarra. Según el informe antiterrorista, las pesquisas policiales determinaron que los detenidos estaban presuntamente vinculados a ETA con participación activa, proporcionando apoyo e infraestructura: pisos, traslados, elaboración de informaciones y captación. Fue puesta en libertad bajo fianza el 11 de noviembre de 2004. Tuvo que pagar 1.000 euros para evitar la cárcel.

Goiena Komunikazio Taldea también recibe ayudas con el pretexto de la promoción del uso del euskera y proyectos de innovación y digitalización en medios de comunicación a través del Instituto Navarro del Euskera. En los últimos cuatro años, ha recibido en torno a 175.000 euros del Gobierno navarro, e incluso más del Gobierno vasco, que le ha otorgado 105.000 euros solo en 2025. Las ayudas recibidas por esta empresa en el último lustro por parte de los Ejecutivos vasco y navarro llegan a los 850.000 euros en total.

Estas polémicas subvenciones del Instituto Navarro del Euskera se suman a las que financiaron los polémicos campamentos de Bernedo y Abáigar, por las que Vox ha solicitado la comparecencia en el Parlamento de Navarra de la consejera de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera y de los dos últimos directores del Instituto, para que den explicaciones de las subvenciones de su departamento. Vox, a consulta de este medio, no descarta expandir su petición de comparecencia ante estas revelaciones.