Atenea propone medidas para despolitizar la Justicia y fortalecer el Estado de derecho

El think tank Atenea, que encabeza Iván Espinosa de los Monteros, presenta este martes en Barcelona un conjunto de reformas legales orientadas a fortalecer la democracia y la división de poderes. La asociación ha realizado un informe titulado ‘La recuperación del Estado de derecho’ en el que desgranan toda una batería de reformas que permitan atajar gran parte de los déficits democráticos que acarrea España, en especial, aquellos en los que se ha ahondado durante la presidencia de Pedro Sánchez.

El documento elaborado por los abogados Guadalupe Sánchez y Sergio Velázquez Vioque apunta en concreto a cinco hechos que han ocurrido a lo largo de 2024 como los causantes principales del deterioro del Estado de derecho: la aprobación de la Ley de Amnistía, las sentencias del Tribunal Constitucional sobre los ERE de Andalucía, el acuerdo de investidura entre el PSC y ERC, la imputación del fiscal general del Estado y la posterior apertura de juicio oral y el señalamiento de los miembros del Gobierno a los jueces a los que ha acusado «abiertamente» de hacer política.

Por ello, plantean un programa de regeneración democrática basado en la separación efectiva de los poderes del Estado, la profesionalización del servicio público y la neutralidad institucional. Ello para tratar de paliar el deterioro institucional producido por la politización del Poder Judicial, la dependencia del Gobierno respecto a minorías nacionalistas y el uso partidista de las instituciones.

Para lograr este objetivo, desde Atenea plantean una serie de modificaciones en el Poder Legislativo entre las que destacan la introducción de una barrera electoral del 5% a nivel nacional para que aquellos partidos que no logren este porcentaje de votos no puedan acceder al Parlamento, y fomentar así «la conformación de mayorías absolutas». Recuerdan que esta misma medida ya se ha implementado en algunos hemiciclos autonómicos y que la UE ya recomienda que los países miembros implementen barreras de entrada de entre el 2% y el 5% para entrar en el Parlamento Europeo.

Del mismo modo, plantea exigir ese mismo umbral para formar grupos parlamentarios en el Congreso para evitar la fragmentación parlamentaria. Actualmente, un grupo se puede constituir si cuenta con más de cinco diputados o supera el 15% del voto en las circunscripciones en la que se hayan presentado. «La aplicación práctica de esta norma ha dado lugar a distorsiones que afectan a la proporcionalidad y a la equidad en la representación parlamentaria», aducen, incidiendo en que la laxitud de la norma ha permitido que en algunas legislaturas algunos grupos se hayan prestado diputados para que aquellos que no cumplen con los requisitos puedan formarse «configurando así agrupaciones de carácter artificioso que desaparecen una vez cumplido el trámite reglamentario».

Del mismo modo, instan a someter las proposiciones de ley a informes previos del Consejo de Estado, reforzar el control parlamentario al Gobierno, obligando al presidente a responder «al menos una pregunta» semanalmente a todos los grupos, y limitar la prórroga de enmiendas en la tramitación legislativa.

Retomando las medidas para mejorar la calidad democrática del Poder Judicial, los autores del informe piden devolver a los jueces la elección de los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial, eliminar los sistemas de acceso excepcionales como el «turno autonómico» o la «justicia interina», y prohibir las llamadas puertas giratorias entre justicia y política.

Igualmente, proponen objetivar los criterios para los nombramientos de altos cargos judiciales, reformar el proceso de designación del Fiscal General del Estado para garantizar su independencia y someter la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional a un procedimiento público y meritocrático, evitando así su politización.

En relación con el Poder Ejecutivo, se aboga por profesionalizar la alta dirección pública mediante un sistema transparente de selección, inspirado en el modelo portugués CRESAP (Comisión de Reclutamiento y Selección para la Administración Pública), que asegure que se tenga en cuenta el mérito e independencia en los nombramientos de directivos de la Administración y empresas estatales. También se sugiere restringir el uso discrecional de los indultos, reforzando su motivación y control parlamentario.

En conjunto, el documento concluye que estas medidas no requieren una reforma constitucional, sino voluntad política para recuperar la calidad democrática y garantizar la separación de poderes que sustenta el Estado de derecho en España. ‘La recuperación del Estado de derecho’ se trata del primer informe que lanzará públicamente esta plataforma de debate que ha promovido el exportavoz parlamentario de Vox Iván Espinosa de los Monteros y que nace para «ayudar a una España mejor» desde la sociedad civil.