El paripé de la ruptura de Junts: mantendrá a sus consejeros en las empresas nacionales

Junts per Catalunya «ejercerá de oposición» al Gobierno de Pedro Sánchez, pero mantendrá a los afines que colocó en los principales consejos de administración de empresas estatales como parte de sus pactos con los socialistas, más allá del inicial Acuerdo de Bruselas que rubricaron tras las elecciones generales del 23 de julio y que sirvió para investir a Sánchez como jefe del Ejecutivo. Empresas como Aena, Renfe, la CNMC y RTVE seguirán contando con los consejeros propuestos por Junts per Catalunya.

Después de la comparecencia de este lunes de Carles Puigdemont para anunciar la ruptura con el Ejecutivo central, fuentes del partido han concretado en qué se basará este divorcio. Tal y como avanzó este periódico, los siete diputados independentistas en el Congreso van a seguir apoyando aquellas iniciativas legislativas que consideren beneficiosas para Cataluña, pero sin «pactar posicionamientos conjuntos con el PSOE».

Ruptura controlada de Junts

A la espera de que la militancia valide esta decisión el próximo jueves en la consulta interna, también los primeros espadas del partido han confirmado esta estrategia de ruptura controlada. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ha vuelto a descartar en una entrevista en RAC1 cualquier pacto con el Partido Popular para una moción de censura. En la misma línea se ha expresado este martes la jefa de filas de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, en una entrevista en Catalunya Ràdio.

Nogueras ha confirmado que su partido mantendrá a sus hombres de confianza en las principales empresas nacionales. La portavoz de Junts en la Cámara baja ha justificado esta permanencia en los consejos de administración con el argumento de que deben «controlar el poder desde cualquier sitio donde se toman decisiones que afectan a Cataluña». Y estar presente en todos «los lugares de control». «Si nosotros no estamos, estará otro».

Aena, Renfe, RTVE…

Junts negoció con el PSOE colocar a sus afines en varias instituciones y empresas. El primer caso fue el del periodista Miquel Calçada que percibe un salario de 100.000 euros por ser miembro del consejo de administración de Radio Televisión Española (RTVE). Como informó este periódico tras su fichaje, Calçada es un conocido independentista que había definido a Sánchez como un «burro». La votación en el Congreso para formalizar estos nombramientos fue también muy polémica, dado que el PSOE no quiso suspender el pleno en el Congreso pese a coincidir con el día posterior a la tragedia de la dana en la Comunidad Valenciana.

Posteriormente, el exeurodiputado de Junts Ramon Tremosa fue elegido como consejero del consejo de administración de Aena, la empresa pública que gestiona los aeropuertos y que Tremosa había criticado por su «gestión centralizada». Tremosa, que también colabora como tertuliano en TV3, sigue considerando que España es un país «opresor» y que ejerce «la represión» contra sus adversarios políticos. El exdirigente independentista tiene un salario de 122.562 euros.

La lista de altos cargos en empresas estatales ha seguido engordando con el fichaje de Pere Soler, designado por Junts en 2024 en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con una nómina de 124.107 euros. Soler es un abogado que había sido director general de los Mossos d’Esquadra en el Gobierno de Carles Puigdemont. Curiosamente, votó junto al resto del consejo de administración a favor de la opa del BBVA sobre el Banco Sabadell, pese a que Junts se oponía.

En marzo de 2025, Eduard Gràcia, economista miembro de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de la órbita de Junts, recaló en el consejo de administración de Renfe, con un sueldo de 125.000 euros. En el mismo mes de marzo, Elena Massot ocupó un sillón en Enagás. Massot es una empresaria inmobiliaria y fue expresidenta de la Fundación de Empresarios de Cataluña (FemCAT), una organización feminista catalana que aboga por la independencia de Cataluña. Cobra un salario de 75.000 euros.