El PSOE no completó su plan anticorrupción hasta dos años después de la salida de Ábalos
Aprobó en 2023 su nuevo código ético y de conducta, tras implantar la vigilancia de riesgos y el canal de denuncias
Los exsecretarios de Organización del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán, y el exasesor Koldo García. | Ilustración de Alejandra Svriz
El PSOE no completó su plan interno anticorrupción hasta marzo de 2023. Fue casi dos años después de que José Luis Ábalos dejase el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y la secretaría de Organización del partido. Los socialistas tenían hasta esa fecha una asignatura pendiente: la ampliación de su Código Ético y de Conducta interno. El reglamento fue aprobado por el Comité Federal del PSOE celebrado el 18 de marzo de ese año, con Ábalos ya fuera del organigrama del partido. En esa reunión del máximo órgano entre congresos de los socialistas también se ratificaron las listas electorales que el partido presentó para los comicios autonómicos y municipales de mayo de 2023.
La anterior versión del código ético y de conducta del PSOE, de mínimos, databa de octubre de 2014. La revisión profunda de esta norma era un asunto pendiente de resolver por los socialistas, junto al código disciplinario. Antes de 2020, con Ábalos como número tres del PSOE, ya se había puesto en marcha un canal de denuncias y vigilancia y mapa de riesgos. Así lo destacaba el último informe del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de gastos de los partidos, analizado por THE OBJECTIVE, En 2021 se implantó la revisión periódica de estas medidas anticorrupción.
Sin embargo, faltaba una norma ambiciosa para establecer los principios de cultura ética y «orientar el comportamiento de todas las personas que identifican ante la sociedad los valores del PSOE», destacaban en la presentación. Los socialistas aseguraron que «querían enfrentar con rigor y sin ninguna ambigüedad cualquier forma de corrupción personal u organizada que anteponga cualquier interés particular al general». En ese momento, Ábalos había dejado la Secretaría de Organización y reemplazado por Santos Cerdán. A día de hoy, ambos están imputados por diversos delitos de corrupción.
Las buenas intenciones del PSOE
En marzo de 2023, los socialistas, con la aprobación de su código ético, se mostraban tajante contra la corrupción. «Desde el PSOE se rechaza cualquier forma de soborno o corrupción. En ese sentido, el partido dispone de políticas dirigidas a luchar contra la corrupción, el fraude, incluidas el soborno y la extorsión, dirigidas a establecer acciones que permitan su prevención y mecanismos para minimizar su impacto y evitar la ocurrencia de fraudes futuros».
«En el PSOE no se tolera ni se recurre a prácticas no éticas con el objetivo de influir en la voluntad de las personas y obtener ventajas irregulares, actuando conforme a las leyes que sean de aplicación. No se permiten bajo ningún concepto pagos de facilitación, pagos en especie, comisiones, ni ventajas o privilegios de ningún tipo con propósitos no éticos», concluía.
Vigilancia de ilícitos penales
En ese momento el PSOE ya contaba con una Oficina de Cumplimiento Normativo, encargada de establecer los
mecanismos de vigilancia y control. Su objetivo, probablemente frustrado, era prevenir, detectar y gestionar conductas ilícitas. Además, también destacaba la puesta en marcha de un canal de denuncias y reclamaciones, configurado para advertir de ilícitos penales.
El informe del Tribunal de Cuentas ya recogía la implantación de esas dos medidas al cierre del ejercicio de 2020. Así, antes de que acabase ese año, Ferraz ya había diseñado y aprobado cuatro de los requerimientos esenciales del sistema de prevención de riesgos penales –órgano de vigilancia, mapa de riesgos, canal ético o de denuncias y revisión periódica–.
La asignatura pendiente de Ábalos
En ese momento, faltaba el código de conducta, que no consiguió desarrollar Ábalos. La aprobación de la norma fue notificada durante el periodo de alegaciones del informe, que se dio a conocer en septiembre de 2024. De esa forma, resaltaba el Tribunal, los socialistas cumplían parcialmente el artículo 9 bis de la LOPP. Por tanto, el sistema ha alcanzado el estado «en desarrollo según los criterios adoptados en esta fiscalización», señalaba el organismo.
Más de la mitad de las formaciones políticas fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas carecían a principios de 2021 de un sistema de prevención de riesgos penales, pese a que todos los grupos están obligados a contar con un programa de medidas anticorrupción desde la reforma de la Ley de Partidos de 2015.
En concreto, 14 de las 25 formaciones analizadas no habían adoptado en su normativa interna un sistema de prevención de riesgos penales al no haber aprobado al cierre del ejercicio 2020 ninguno de sus elementos esenciales: órgano de vigilancia, mapa de riesgos, canal ético, código de conducta y sistema disciplinario y revisión periódica. El PSOE no era de las formaciones más incumplidoras, un ranking que en aquel momento lideraba el Partido Popular.