Las razones de Urtasun para ilegalizar la Fundación Franco: «Glorifica el franquismo»

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha iniciado el procedimiento para instar a la extinción de la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) con un escrito de 37 páginas, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, en el que su departamento justifica el paso dado porque la mencionada fundación «contiene componentes de exaltación o glorificación del franquismo, resaltando los logros del régimen».

Cultura notificó el escrito a la FNFF este viernes, lo que da inicio a un período de alegaciones de diez días hábiles a la parte afectada antes de que el Gobierno pida su ilegalización a los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil. El equipo de Urtasun debía encontrar elementos en dicha fundación sobre apología o enaltecimiento del golpe de Estado y la dictadura, por un lado, y «menosprecio o humillación a las víctimas o incitación directa o indirecta del odio o la violencia contra las mismas» por el otro, tal y como exige la Ley de Memoria Democrática.

Sobre lo primero, Cultura se apoya en un informe de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática del pasado 13 de mayo, en el que se destaca «el máximo y más claro exponente de que la razón de ser» de la FNFF «lo constituye, sin ningún género de dudas, la propia denominación de la Fundación, con alusión directa y central al dictador».

Además, el análisis «de los aproximadamente 5.500 textos que tiene publicados en su página web permiten concluir que los fines y la actuación de la FNFF no persiguen el interés general, en tanto que resultan inconciliables […] además de incompatibles con los que inspiran la Ley de Memoria Democrática», sino que sus fines de fomento y desarrollo «de la educación, la investigación y de cualesquiera otras actividades culturales son en realidad instrumentales del fin principal y que este fin principal supone proporcionar una visión inequívocamente positiva del franquismo».

Tras un análisis de la página web de la FNFF, el citado informe manifiesta igualmente que el contenido «de todas las secciones analizadas» contiene «componentes de exaltación o glorificación del franquismo, resaltando los logros del régimen», así como un fin principal que «impregnaría el resto de los fines de la FNFF». En concreto, el de difundir y promover «el estudio y conocimiento sobre la vida, el pensamiento, el legado y la obra de Francisco Franco Bahamonde, en su dimensión humana, militar y política, así como sobre las realizaciones de los años de su mandato como Jefe del Estado Español, Capitán General y Generalísimo de los Ejércitos», tal y como reza en la citada página electrónica.

Por ello, Cultura considera que el resto de los fines consignados en sus estatutos «son meramente instrumentales del primero, pues todas las actividades culturales, de investigación o divulgativas se refieren a una única finalidad, que es la de ensalzar y defender la memoria y promover y difundir el legado de Francisco Franco». Por ello, sentencia que la existencia de la fundación «resulta incompatible con la legalidad vigente».

En cuanto al «menosprecio o humillación a las víctimas o incitación directa o indirecta del odio o la violencia contra las mismas», Urtasun explica en su escrito que se produce «por la vía del negacionismo de la represión en materias extremadamente sensibles como la toma de Badajoz por los rebeldes, la destrucción de Guernica, los niños robados, la construcción del Valle de Cuelgamuros y, en general, toda la política represiva de la dictadura». Cultura llega a esa conclusión «a través tanto de elementos objetivos extraídos del contenido de la propia página web de la FNFF y del análisis de noticias destacadas, como de elementos subjetivos a partir del testimonio de las propias víctimas» a las que se ha entrevistado.

El proceso para ilegalizar esta fundación arrancó en enero de 2023, cuando Cultura abrió un periodo de actuaciones previas para obtener información y elementos de juicio destinados a motivar el inicio del procedimiento. Lo hizo el departamento de Urtasun, puesto que de él depende el Protectorado de Fundaciones, organismo al que corresponde instar judicialmente la extinción.

Tras la notificación a la FNFF este 31 de octubre se abre el trámite de alegaciones de la fundación —tienen diez días hábiles— y un periodo de prueba —si es que la fundación desea aportar documentación— tras la que llegará una propuesta de resolución nueva y se solicitará un informe a la Abogacía General del Estado a partir del cual Urtasun firmará la resolución final —con toda la información— con la que se instará a la extinción judicial. Así, se elevará a los Juzgados de Primera Instancia de lo Civil.

Fuentes de Cultura consultadas por Europa Press confían en que llegue al juez lo «más rápido posible» —mínimo pasarán nueve meses hasta que eso ocurra— pero han avisado de que todo dependerá de la estrategia que tome la fundación y de los documentos que aporte para defender sus intereses. Aun así, razonan que el acuerdo de inicio para la ilegalización está «blindado» y que las pruebas que presentan ahora serán «muy parecidas» a lo que se encontrará el juez.

Con el informe de la Abogacía, así como un informe realizado por el catedrático emérito de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense de Madrid, Javier García Fernández, que ha investigado sobre la extinción de la FNFF, un informe sobre la presencia y representación mediática de la fundación y un compendio de testimonios recabados de víctimas del franquismo en relación con las actividades de la fundación, Cultura espera que el juez les dé la razón.

La reacción de la Fundación Franco

A juicio de la FNFF, el escrito de Urtasun «constituye la prueba más sólida de la carencia de fundamento de tan liberticida pretensión» como es su ilegalización. En este sentido, puntualiza que la resolución gubernativa «dedica la mayor parte de su contenido a fundamentar lo obvio: la apología del franquismo —que no sólo no negamos, sino que es un imperativo moral del que esta Fundación se honra— y tan sólo dos o tres páginas a tratar de justificar la existencia de ‘menosprecio o humillación de las víctimas’».

La fundación considera que Cultura no hace referencia «a la más mínima prueba directa» que permita acreditar dicha humillación o incitación al odio «porque no las hay», de ahí que este paso supone, en su opinión, una «escandalosa vulneración» del derecho a la libertad ideológica, de expresión y de cátedra recogidas en los artículos 16 y 20 de la Constitución española.

«Estamos en el mes de noviembre, próximos al 50 aniversario del fallecimiento del Generalísimo Franco y sobre este gobierno social-comunista planea la sombra de las más graves sospechas de corrupción. Sólo en ese contexto debe enmarcarse una Resolución tan carente de fundamento jurídico, como trufada del trazo grueso y sectarismo propio de un gobierno empeñado en levantar de nuevo un muro entre los españoles que ya en 1975 había sido derribado por dos generaciones de españoles que bajo el mandato de Francisco Franco habían decidido, con esfuerzo, trabajo e ilusión, construir sobre las cenizas del odio, un futuro de bienestar, concordia y esperanza para todos los españoles», concluye la FNFF.