El Tribunal de Cuentas revela la gestión caótica de Gallardo en la Diputación de Badajoz
La falta de criterios objetivos y de informes de valoración y justificación protagonizan las subvenciones del organismo

Miguel Ángel Gallardo, ex presidente de la Diputación de Badajoz y candidato socialista en las próximas elecciones extremeñas. | Ilustración de Alejandra Svriz
El Tribunal de Cuentas ha elaborado un informe que ha puesto al descubierto la deficiente gestión de la Diputación de Badajoz, presidida durante diez años —entre 2015 y 2025— por el socialista Miguel Ángel Gallardo. El organismo fiscalizador incide en la descoordinación en el reparto de ayudas y subvenciones del organismo del Gobierno provincial a los municipios pacenses. Fue precisamente la Diputación de Badajoz la que colocó presuntamente a dedo en un puesto relevante a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.
El caos, la falta de controles y de medios quedan patentes en el informe, que resume la fiscalización del ejercicio 2023 y que ha sido analizado por THE OBJECTIVE. En el periodo analizado, la institución, presidida por el socialista Miguel Ángel Gallardo, concedió 31,6 millones de euros a ayuntamientos de la provincia, saltándose en numerosas ocasiones los principios de transparencia, concurrencia y control que exige la ley. Gallardo, investigado por la contratación de David Sánchez, será el candidato socialista en las elecciones autonómicas extremeñas que se celebrarán el próximo 21 de diciembre.
Según se desprende del trabajo de fiscalización, la Diputación de Badajoz gestionó las ayudas sin unidad de criterio, sin planificación ni trazabilidad. Esto permitió que distintos departamentos otorgaran fondos de manera fragmentada, sin coordinación ni evaluación conjunta. En la práctica, se creó una red de subvenciones opaca, en la que los mecanismos de control se convirtieron en simples formalidades administrativas.
La generosidad de la Diputación de Badajoz
Muchas convocatorias se aprobaron a posteriori, una vez distribuidos los fondos, y no existía una base de datos unificada que permitiera conocer quién recibía las ayudas ni en qué condiciones. El documento describe una gestión caótica y carente de rigor técnico, con duplicidades, retrasos y ausencia de justificaciones. Esta situación destaca en los planes Cohesion@22-23 y Diputación Contigo, que repartieron en 2023 hasta 20 millones de euros entre ayuntamientos sin criterios objetivos verificables.
Mientras, áreas responsables —Fomento, Cultura, Transformación Digital y Concertación Territorial— actuaron como compartimentos estancos. Por su parte, la Intervención Provincial, encargada de supervisar el cumplimiento legal, no dispuso de herramientas suficientes y, en algunos casos, avaló gastos sin comprobación previa.
Villanueva de la Serena, epicentro de ayudas
Entre los municipios beneficiados figura Villanueva de la Serena, feudo político de Gallardo y base de su ascenso dentro del PSOE extremeño. Según el informe, este ayuntamiento recibió subvenciones nominativas y transferencias directas por encima de la media. Algunas no tuvieron justificación económica ni expediente completo. La falta de actas, informes o documentación sobre las reuniones en las que se decidieron estas asignaciones impide conocer los criterios utilizados.
La Diputación de Badajoz concedió en 2023 al Ayuntamiento de Villanueva de la Serena una subvención directa por importe de 95.000 euros en ejecución del convenio suscrito en 2017 y prorrogado en dos ocasiones, entre el organismo provincial, la Junta de Extremadura y ese ayuntamiento para la gestión, uso, mantenimiento y conservación del Palacio de Congresos y Exposiciones de Villanueva de la Serena. La Diputación se comprometía a contribuir con una cantidad de 95.000 euros a los gastos anuales del inmueble.
Sin planificación ni control
No consta la memoria o informe justificativo en el que se motivase la conveniencia y oportunidad de la firma de este convenio por la Diputación de Badajoz y la procedencia de la aportación económica realizada por esa entidad, por lo que no quedan acreditadas las razones de la concesión de esta subvención así como la estimación de la cuantía a subvencionar. No obstante, sí consta la memoria justificativa emitida en 2023 en la que se acredita la necesidad y las razones que justifican la actuación directa de la Diputación.
La fiscalización evidencia que la Diputación de Badajoz no ha cumplido la normativa sobre planificación, control y evaluación de subvenciones y carece de indicadores de eficacia. El organismo fiscalizador recomienda la creación de un sistema informático integral que permita la trazabilidad de los fondos y un registro público de beneficiarios que garantice la igualdad de acceso.
David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo
La publicación del informe del Tribunal de Cuentas coincide en el tiempo con las investigaciones abiertas en torno a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, que ha ocupado diversos cargos culturales en la provincia de Badajoz financiados —directa o indirectamente— por la Diputación.
La salida de Miguel Ángel Gallardo de la Diputación, en mayo de 2025, no ha cerrado el capítulo. El nuevo equipo de gobierno —también socialista— afronta ahora la tarea de reconstruir la credibilidad de una institución erosionada. El Tribunal insiste en que las recomendaciones deben transformarse en obligaciones normativas.
