Carmen Calvo pierde el control del Consejo de Estado: bronca por la filtración de informes

La presidenta del Consejo de Estado, Carmen Calvo, ha mostrado su malestar por las filtraciones del dictamen sobre la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que transfiere la instrucción penal a los fiscales, así como la actuación de la Policía Judicial, según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes de este organismo. Calvo se ha quejado de la falta de discreción, ante la sorpresa de algunos de los miembros de este organismo, que critican esta «reprimenda» de alguien que «no tiene autoridad ni moral ni jurídica» y que «no midió el alcance del informe, que saliera como salió, y se ha dado cuenta del descontrol que tiene sobre una parte del Consejo».

Las reformas que está llevando a cabo el Gobierno en materia de Justicia, en plenas investigaciones judiciales sobre presuntos casos de corrupción que afectan al entorno de Pedro Sánchez, al PSOE y al propio Ejecutivo; están provocando un hondo malestar no solo entre jueces y magistrados, sino también en algunos miembros de los organismos que tienen que realizar sus informes preceptivos. Dos son las leyes que han puesto en pie de guerra a jueces y magistrados: la Ley Bolaños para modificar el acceso a la carrera judicial y la Ley de Enjuiciamiento Criminal que, además, cambia el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

En el caso de esta última, el Consejo de Estado ha aprobado un dictamen al anteproyecto, cuyas conclusiones han sido publicadas en algunos medios de comunicación. La indignación de Carmen Calvo -que fue vicepresidenta del Gobierno con Pedro Sánchez- por la revelación de estos informes no se ha hecho esperar. Fuentes del Consejo de Estado señalan a este periódico que «no estaban acostumbrados a estas filtraciones, solo las favorables al Gobierno, y pone de manifiesto el descontrol que tienen sobre una parte del Consejo de Estado». Y explican, gráficamente: «Se puso como una hiena».

Una mayoría de los letrados, según señalan estas fuentes, consideraban «infumable» la norma del Gobierno, sobre todo «porque el cambio radical es que el control de la Policía Judicial deja de estar en manos de los jueces y crea una figura fantasmagórica del juez de garantía», con lo que «debilita muchísimo las garantías de un régimen como el español que es eminentemente, como todo lo derivado del Derecho romano, garantista». Estas fuentes subrayan que «alguien podrá decir que el Consejo de Estado no debe entrar en valorar la oportunidad de la norma, pero sí en el debilitamiento que se produce en sus garantías» y poner el foco en estas debilidades. Por ello, insisten en que es «más que sospechoso poner en manos de la Fiscalía la Policía Judicial, tanto la UDEF como la UCO».

En la votación de estas polémicas iniciativas del Gobierno ha tenido incluso que abstenerse el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, miembro del Consejo de Estado, en el dictamen relativo a la modificación del Estatuto Fiscal, ya que participó en su redacción. Sobre las dos reformas objeto del dictamen que ha salido aprobado, se consideró que se debían analizar los dos textos conjuntos, tanto la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal como la reforma del estatuto fiscal. «Cuando se dijo», subrayan estas fuentes, «entró rápidamente la del ministerio fiscal».

La situación interna del Consejo del Estado bajo el control socialista no es buena, siempre según las fuentes consultadas, ya que afirman que «cuando el Gobierno quiere eludir al pleno, o bien disfraza las cosas de iniciativas parlamentarias, en las que ya no es preceptivo el informe del Consejo de Estado, o bien las declaran de urgencia para que el primer pronunciamiento lo haga la comisión permanente, en la que tiene mayoría el PSOE».

Esta situación de eludir al plenario ha sucedido en asuntos como la emisión del gas en el transporte marítimo, por ejemplo, y ello «permite que un texto muy pulido llegue al pleno y poco más se puede decir». Una forma de trabajar que le lleva a afirmar que «antes, el Consejo de Estado, era más institucional y cuando se veía que un tema no era conveniente o inoportuno, se retiraba. Ahora no».