El Gobierno propone un plan de subidas salariales a funcionarios para garantizar su poder adquisitivo

La secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo, ha trasladado este miércoles a CCOO, UGT y CSIF la predisposición del Gobierno a firmar un nuevo acuerdo plurianual, que incluya subidas salariales para los empleados públicos vinculadas a un componente fijo y otro variable para que el colectivo no pierda poder adquisitivo, ha informado el Ministerio de Transformación Digital y de Función Pública.

Con la reunión que se ha celebrado este miércoles entre las partes, arranca la negociación de este acuerdo plurianual, con el que Función Pública no sólo quiere incorporar mejoras retributivas para los empleados públicos, sino también otras medidas organizativas «que repercutan de manera positiva en los trabajadores y en los servicios que prestan a la ciudadanía».

«Queremos caminar junto a las organizaciones sindicales hacia una Administración más participativa, que ofrezca servicios de atención personalizados, que diseñe políticas públicas que mejoren la vida a la ciudadanía y que esté mejor preparada para afrontar la innovación y la adaptación a la doble transición, digital y verde», ha explicado la secretaria de Estado.

Según el Ministerio, el pacto al que Función Pública quiere llegar con las centrales sindicales contempla además un conjunto de mejoras organizativas, así como seguir avanzando en la consolidación de derechos de los empleados públicos.

En el encuentro de este miércoles, se ha pactado con los sindicatos un calendario de reuniones para ir trabajando en un texto que pueda ser llevado a la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas «en cuanto sea posible».

En este sentido, desde el Ministerio aseguran que la secretaria de Estado ha tomado nota de las principales reivindicaciones planteadas por los sindicatos y se ha comprometido a estudiarlas.

Fuentes de UGT han indicado que se trabajará por bloques y que las reuniones de negociación se celebrarán los miércoles, aunque la próxima tendrá lugar el próximo martes por cuestiones de agenda. Asimismo, han precisado que no se ha puesto sobre la mesa una cifra de subida salarial y que el acuerdo sería para tres años.

El encuentro de este miércoles ha servido para descongelar la negociación tras las movilizaciones de los funcionarios de la semana pasada en toda España y ante la amenaza por parte de las organizaciones sindicales de una huelga general en diciembre.

El último acuerdo salarial entre el Gobierno y los sindicatos estuvo vigente entre 2022-2024, y también contemplaba subidas retributivas con una parte fija y variable. Este pacto permitió elevar los sueldos de los funcionarios en este periodo en torno a un 10% (cuando se firmó, en el otoño de 2022, la inflación estaba entonces en un 10%), lo que implicó un gasto cercano a los 13.000 millones de euros.

Los sindicatos exigen una subida para 2025 con carácter retroactivo

Por su lado, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, ha asegurado que esta primera reunión no ha estado «nada mal» y que desde Función Pública plantean una fórmula de negociación «ágil» y «rápida», aunque la sindicalista apunta que esto dependerá tanto de lo que el Gobierno ponga en la mesa como de las aportaciones de las organizaciones sindicales.

Aunque Función Pública no ha puesto una cifra de subida salarial encima de la mesa, UGT y CSIF han pedido que el incremento salarial del año 2025 esté «bien diferenciado» y sea con carácter retroactivo desde enero porque no permitirán que se instale una congelación de sueldos o subida cero para este año.

«Este tiene que ser un acuerdo no solamente para los tres millones y medio de empleados y empleadas públicas, sino para los servicios públicos y para la ciudadanía de este país», ha añadido Araque.

El 19 de noviembre habrá una propuesta salarial, según CSIF

Por su parte, el secretario Nacional de Acción Sindical de CSIF, Francisco Lama, ha afirmado que el miércoles 19 de noviembre el Ministerio de Función Pública traerá una propuesta económica a la reunión con las organizaciones sindicales, que desde CSIF quieren que al menos corrija el IPC de 2025 y que contemple fondos adicionales tanto para corregir la desigualdad retributivas entre administraciones como para ir recuperando poder adquisitivo.

Aunque el sindicato encabezado por Miguel Borra ha trasladado su preferencia por un acuerdo para dos años (2026 y 2027) ante las próximas elecciones generales, finalmente el acuerdo para tres años planteado por Función Pública contemplará una parte fija y otra variable, esta última, prevé CSIF, vinculada al PIB.

Lama ha asegurado que el primer bloque que se abordará la próxima semana será sobre materia de empleo, para lo que CSIF ha propuesto cumplir con los plazos de las distintas Ofertas de Empleo Público, un plan de recursos humanos a corto plazo que permita redimensionar los servicios públicos y que los procesos selectivos no tarden en resolverse más de un año.

Las movilizaciones se retomarán si no hay acuerdo

«De momento desconocemos la letra pequeña de esa propuesta que nos han dicho hoy», han expuesto desde el sindicato, que han valorado de manera positiva el inicio del acuerdo, pero que mantienen que las movilizaciones dependerán del avance y resultado de la negociación.

De igual manera se han referido desde CCOO en un comunicado, en el que han indicado que afrontan esta nueva etapa de diálogo con «actitud constructiva» y con voluntad de «acuerdo», pero avisan de que serán «exigentes» y que si no se materializan los objetivos sindicales, se retomarán las movilizaciones por ahora suspendidas.

Desde el Área Pública de CCOO, han reprochado al Gobierno la «tardanza» en sentarse con los sindicatos, pero han valorado que comience la negociación en la que se aborde una subida salarial por encima del IPC y se hable sobre fondos adicionales, recuperación del empleo perdido, culminación de los procesos de estabilización, rejuvenecimiento de las plantillas, así como sobre una revisión de las condiciones laborales que permita recuperar los recortes de los años 2010-2012.

Además, han apremiado al Gobierno a cumplir las materias pendientes por cerrar del ya «caducado» Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI, como la jubilación parcial del personal laboral, funcionario y estatutario, la clasificación profesional conforme al Sistema Español de Cualificaciones Profesionales, la jornada laboral de 35 horas, el teletrabajo o la situación del Servicio Exterior.