Los sueldos de los curas castrenses en las Fuerzas Armadas baten récord con 3,7 millones
Los emolumentos que abona el Ministerio de Defensa a los capellanes se han incrementado un 22% en la última década
La ministra de Defensa, Margarita Robles, junto al arzobispo castrense y varios capellanes. | Maria Jose Muñoz (MDE)
El Ministerio de Defensa destinó el año pasado un total de 3.695.617,06 euros a pagar los sueldos de los capellanes castrenses que ofrecen asistencia religiosa dentro de las Fuerzas Armadas. La cifra es ligeramente superior a la de 2023 —3,64 millones—para un total de 83 curas católicos que asisten espiritualmente a las Fuerzas Armadas y después de que se incrementase la partida económica destinada a sufragar los salarios de los curas militares un 22% en la última década.
Estas cifras son las retribuciones brutas íntegras anuales para los sacerdotes integrados en el llamado Servicio de Asistencia Religiosa en las Fuerzas Armadas y que llevan a cabo su labor pastoral en las unidades militares. En dicha cantidad se incluye el mantenimiento de las instalaciones religiosas del arzobispado castrense, que cuenta con 18 iglesias y capillas adscritas a los Ejércitos y la Armada, además de cerca de 240 salas en las unidades. Los gastos en ceremonias religiosas y funerales no suponen incremento alguno para las arcas públicas.
El Ejecutivo garantiza la asistencia religiosa de los militares desde finales de la década de los ochenta gracias a la ley reguladora del régimen del Personal Militar Profesional. En la actualidad, hay un total de 83 sacerdotes prestando servicio en diferentes unidades de las Fuerzas Armadas, con fluctuaciones mínimas de personal cada año.
Las contrataciones de curas para cubrir vacantes que se han ido produciendo por distintas bajas no han superado los tres relevos de 2017, 2019 y 2023, según datos del departamento de Margarita Robles facilitados a THE OBJECTIVE a través del Portal de Transparencia (ver abajo).
Los sacerdotes militares están adscritos al Arzobispado Castrense y pueden ser temporales o permanentes. Para el primero de los casos, la duración máxima es de ocho años, según establece la citada ley. Para convertirse en capellán permanente hay que superar una serie de pruebas y haber estado, al menos, tres años como temporal. Los emolumentos recibidos por los curas militares se acercan al incremento del coste de la vida, que subió un 26,4% en la última década y media. Mientras, los salarios de los administrativos del Estado crecieron un 15,3% en el mismo período.
En todo caso, los sueldos de este colectivo castrense eran —y siguen siendo— modestos si se comparan con otros funcionarios. Las retribuciones básicas se encuentran asimiladas a un nivel 26 de la Administración General del Estado. Al sueldo mensual se suman los trienios y complementos de destino. Y si alguien lleva más de 25 años de servicio, le puede corresponder un nivel 29.
Además, el Ministerio de Defensa ha adjudicado este verano un nuevo contrato de 58.361 euros (IVA incluido) para el suministro diario de menús al Arzobispado castrense que dirige monseñor Juan Antonio Aznárez y el resto de miembros de su cátedra episcopal. La partida económica del catering es inferior a la que se aprobó el año pasado por 63.653,25 euros, aunque el número de comensales se reduce en esta ocasión al pasar de 15 a 10 el número de beneficiarios.
El nuevo contrato empezará a ejecutarse el 1 de diciembre y se prolongará hasta el 30 de noviembre del próximo año. Quedan excluidos los meses de julio y agosto. Además, el Arzobispado se reserva la facultad de suspender el suministro de los menús en determinadas fechas «coincidiendo con el cierre del centro, hasta en un máximo de diez días en Semana Santa», según se indica en la adjudicación subida al Portal de Transparencia.
El contrato especifica que la adjudicataria tendrá que suministrar desayuno, comida y cena «a un número fijo de diez comensales de lunes a domingo, ambos inclusive». En los pliegos de prescripciones técnicas de la licitación se fijó un precio máximo diario por menú completo de 17,51 euros (sin IVA), una cifra superior a los 11,15 euros que había hasta ahora. Solo hubo una oferta y la empresa elegida fue de nuevo Ausolan RCS, una compañía de catering fundada en 1969 en Mondragón (Guipúzcoa) por un grupo de 17 mujeres recién casadas, «que no querían salir del mundo laboral como consecuencia de su matrimonio y que tuvieron el apoyo del sacerdote José María Arizmendiarreta, fundador de Grupo Mondragón», se explica en su web.
Las obligaciones y requisitos para la entrega del catering en el número 15 de la calle del Nuncio, sede del Arzobispado castrense, son muy concretas. El desayuno se suministrará cada mañana «en horario 08.00 a 08.15 horas». La comida, entre las 14.00 y las 14.15 horas, mientras que la cena tendrá que entregarse entre las 21.00 y las 21.15 horas. La empresa adjudicataria tendrá que responder «de la buena calidad de los productos» con los que se elaboran los menús y deberá anticipar al arzobispo Aznárez, «para su conformidad», los menús de las comidas y las cenas «siete días antes de la finalización de cada mes».
La polémica con el arzobispo castrense
El departamento de Margarita Robles generó una polémica justo hace tres años al no llevar la elección del arzobispo castrense al BOE. Por primera vez en democracia, la elección del máximo representante de la Iglesia católica en las Fuerzas Armadas no fue refrendada por el Consejo de Ministros mediante un real decreto. Una novedad a instancias de la ministra que suscitó incomodidad dentro del Ministerio ante la sospecha de que se trataba de una «decisión política» para esquivar un posible rechazo de Podemos.
El nombramiento de un arzobispo castrense es excepcional por varios motivos. Primero, exige una negociación previa entre el Gobierno y el Vaticano para consensuar una terna de candidatos. La lista se entrega al Rey, que tiene 15 días para decidirse por uno de ellos y comunicárselo al Papa, quien está obligado a nombrar al prelado designado. Así lo estipula el concordato de 1979 suscrito por España y la Santa Sede, siendo este el último vestigio de la llamada presentación de obispos que Roma concedió a los monarcas españoles en tiempos de los Reyes Católicos y que el dictador Francisco Franco utilizó en su beneficio con el tratado bilateral de 1953.
Una vez nombrado por el Papa, el Gobierno tiene que otorgar al arzobispo castrense la consideración de general de división porque a efectos administrativos tiene la condición de alto cargo del Ministerio de Defensa —con su correspondiente sueldo público y atribuciones para designar a los capellanes militares—. En su caso, está adscrito a la Subsecretaría, área que en la actualidad dirige Adoración Mateos.