Díaz quiere tapar el fracaso social del Gobierno con una subida récord del salario mínimo

La publicación del informe Foessa (Cáritas) sobre la situación social en España ha sido un auténtico mazazo para el Gobierno. Mientras el presidente Pedro Sánchez sostiene que «la economía española va como una moto», Economía celebra el PIB y Yolanda Díaz presume de que «España es el país europeo que más empleo crea», este informe revela la fractura social que se está produciendo en el país, y cómo ya afecta a lo que se considera como clase media: 4,3 millones de personas en exclusión social «severa»; uno de cada dos ciudadanos que viven en alquiler está al borde de la pobreza; 11 millones de personas sufren la precariedad laboral, y todo ello sin analizar a fondo el impacto de la inflación a lo largo de estos años.

Ante esa fotografía que representa un terremoto para la imagen económica y social del Ejecutivo, Yolanda Díaz ha decidido que quiere pisar el acelerador. Después del fracaso de la reforma para la reducción de la jornada laboral, su equipo está trabajando en otro aumento del Salario Mínimo Interprofesional, que quiere alcanzar los 1.500 euros al mes en 12 pagas, según fuentes internas de Sumar. Estas fuentes sostienen que la ministra de Trabajo quiere un aumento del SMI y esta es la cifra «redonda» que quiere proponer como último legado de la legislatura, puesto que todas las demás iniciativas se toparían probablemente con el obstruccionismo de Junts. En el caso del SMI, en cambio, es suficiente un decreto ministerial.

El último incremento del SMI se registró en febrero de este año. El Gobierno aprobó vía decreto un aumento hasta los 1.184 euros en 14 pagas, lo que significaba 700 euros más al año para los 2,4 millones de personas beneficiadas. Si se calcula en 12 pagas, actualmente el SMI alcanza los 1.381 euros brutos, y es en esa cifra en la que el equipo de Díaz quiere actuar para alcanzar los 1.500 euros cada mes. Este aumento representaría el legado del trabajo de la ministra a lo largo de una legislatura en la que no ha podido aprobar una reforma estrella, como fue la laboral de la pasada legislatura. Y todo ello sin oír el aviso de los empresarios, que alertan sobre el impacto del aumento del SMI en cuanto a la capacidad de absorción del sector y el mantenimiento de la productividad.

Propuesta al alza

El plan de Díaz consiste en fijar un nivel simbólico muy al alza del SMI, consciente de que habrá una negociación con los empresarios y también con el sector socialista, reacio a grandes subidas. Díaz quiere que el nuevo SMI llegue alrededor de 1.250 euros en 14 pagas, superando los vetos del PSOE y dejando este salario justo por debajo de la barrera por la que los trabajadores tengan que pagar el IRPF. Esta es la propuesta que el equipo de Díaz quiere llevar al Consejo de Ministros para intentar tapar la situación crítica que vive la sociedad española en muchos de sus segmentos. Además de esta cuestión, los partidos que forman parte de Sumar insisten en que hay que legislar en el ámbito de la vivienda para intentar por lo menos lanzar el mensaje de que el Gobierno se toma en serio el incremento desbocado de los precios.

¿Hay un desfase entre los datos macroeconómico y la realidad social de a pie? El informe Foessa centra el tiro en esta cuestión. Los datos de empleo mejoran, pero este empleo no lleva a los trabajadores a salir de situaciones de pobreza o casi pobreza. Si bien el estudio ubica a 4,5 millones de personas en «exclusión severa», otros siete millones (hasta los 11,5) son personas atrapadas en situaciones de inseguridad, tanto económica como social. La imagen que el informe traslada de la España actual es demoledora, y pone el dedo en la llaga de un Ejecutivo que lleva tres años sin aprobar los Presupuestos, se ha mostrado incapaz de aprobar reformas sociales de calado (la de la jornada laboral fracasó en el Congreso) y sigue enarbolando la bandera de la «llegada del fascismo» para así no abordar la fractura social que va in crescendo. Todo ello mientras reivindica su enfoque progresista y socialista.

Los datos a veces matan el relato, dirían en forma de eslogan incluso los afines a Podemos. Y esto es exactamente lo que está ocurriendo, y lo que más preocupa a los miembros del Gobierno que trabajan en el sector de Sumar. Mientras que el presidente y los socialistas se ven arrollados casi a diario por las noticias judiciales que apuntan a una o más tramas delictivas, en Sumar creen que ha llegado la hora de hablar de reformas y economía, porque sus representantes y emisarios avisan internamente de que la sociedad está estallando. Y que más pronto que tarde exigirá explicaciones a la clase política.

Sin reformas estrella

Ante la situación de crisis latente o ya a punto de explotar que revela el informe Foessa, el equipo de Díaz quiere lanzar el mensaje de que está trabajando para aliviar la situación. Díaz lo había apostado todo a la reducción de la jornada laboral, una propuesta que sus analistas le aseguraban que afectaba a 12 millones de personas, lo que se habría traducido en un notable retorno electoral. Pero esta reforma se ha topado con la negativa de Junts per Catalunya en el Congreso, al igual que otras decenas de iniciativas propuestas por el Ejecutivo que han chocado con la realidad de un Parlamento fragmentado y sin mayoría clara de gobierno.

Así que ahora se quiere centrar en un aumento del SMI que alcance la cifra simbólica de los 1.500 euros en 12 mensualidades. El objetivo es llevar a los agentes sociales y al área socialista un aumento considerable del SMI para que finalmente, después de la negociación, se fije ligeramente por debajo, pero que permita reivindicar el papel de Sumar en esa política. Se trata de una maniobra de claro corte electoral, puesto que también en el sector de la ministra de Trabajo se escuchan in crescendo las voces que apuestan por un adelanto electoral o, por lo menos, por la dificultad de llegar hasta el final de la legislatura, previsto para el verano de 2027.