El independentismo apuesta por una «última bala» para frenar los reveses judiciales en la UE

Los líderes independentistas están perdiendo la batalla judicial europea. La mayoría de dirigentes o activistas con responsabilidades judiciales derivadas del procés lo fiaban todo, o casi todo, a que los tribunales comunitarios desmontaran la justicia española y condenaran al Estado por haber vulnerado sus «derechos políticos» o «fundamentales». Pero esta estrategia no está surtiendo efecto. De hecho, apuestan ahora por un asunto más técnico con la esperanza de que prospere tanto ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) como ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En especial, en la que consideran su «última bala»: las demandas de los nueve condenados por sedición y malversación por parte del Tribunal Supremo en el juicio de la causa del procés que se juzgó en 2019.

De cara a esta causa pendiente, hay otro argumento que hicieron valer las defensas de los líderes independentistas. En sus escritos, recurren a algunos de los argumentos expuestos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia del 31 de enero de 2023 respecto al tribunal competente para juzgar un caso. En dicha sentencia, el tribunal resolvía una cuestión prejudicial presentada por el juez Llarena sobre los motivos por los que se puede rechazar una euroorden en relación con el caso del político fugado Lluís Puig. Pero era extrapolable al futuro judicial de Carles Puigdemont y, según las defensas, a los políticos ya condenados por el Supremo.

En concreto, el artículo 100 del fallo declaraba: «No puede considerarse un tribunal establecido por la ley […] un tribunal supremo nacional que resuelva en primera y última instancia sobre un asunto penal sin disponer de una base legal expresa que le confiera competencia para enjuiciar a la totalidad de los encausados».

La sentencia también abundaba en el hecho de que si la persona buscada alega que su entrega al país que le reclama le expusiera a una vulneración del derecho fundamental a un proceso equitativo porque el tribunal encargado de enjuiciarle no fuera el competente para ello, el país encargado de decidir sobre la extradición (en este caso Bélgica) debe estudiar el caso en dos fases.

Los independentistas tienen muy en cuenta este argumento para tratar de que Europa considere que el Supremo no era ni es el tribunal predeterminado por ley para juzgarles. La sentencia, además, citaba jurisprudencia del TEDH en esta materia. En concreto, de los años 2000 y 2005 respecto a esta vulneración del juez natural. Y aseguran que hay un diálogo constante entre ambos tribunales.

Reveses judiciales

La línea central de defensa ante el tribunal con sede en Estrasburgo en los casos ya juzgados ha sido que se impusieran los derechos de las personas, en este caso, de los políticos independentistas frente al Estado, puesto que es un tribunal que se caracteriza porque los ciudadanos pueden acudir ante cualquier posible abuso de poder de sus Estados miembros. No obstante, el TEDH ha fallado a favor del Estado o ha desestimado sus demandas en múltiples ocasiones.

Su sentencia más reciente fue la de este jueves. El TEDH concluyó que el Tribunal Supremo no había vulnerado ningún derecho con la prisión preventiva de Jordi Turull, Oriol Junqueras y Jordi Sánchez. Respaldaba, de este modo, la decisión del juez instructor de la causa del procés, Pablo Llarena. Pero no es ni mucho menos la única en esta dirección.

Las cargas del 1-O

El mismo tribunal, cuyas decisiones son vinculantes para los Estados de la Unión Europea, ha inadmitido, archivado o fallado a favor de España en varias causas que los abogados de los independentistas han elevado a esta instancia europea.

Los casos más notorios fueron los de los síndicos del 1-O. En 2018, uno de sus miembros, Montserrat Aumatel, demandó al Estado ante el TEDH y este acabo rechazando por «manifiestamente infundadas» sus cuatro quejas presentadas. Aumatel sostenía que no tuvo un juicio justo por no recibir una notificación personal de la multa impuesta por parte del Tribunal Constitucional y que era víctima de «persecución política».

En mayo de 2021, el mismo tribunal también desestimó dos recursos presentados contra España por la actuación policial durante la jornada del referéndum ilegal del 1-O. Pese a que el Gobierno de Pedro Sánchez se avino a promulgar una ley de amnistía, que equipara todas las partes de un «conflicto» y borra el pasado penal, los tribunales europeos nunca han considerado que las cargas del 1-O fueran desproporcionadas cada vez que un independentista ha elevado este asunto a estas instancias comunitarias.

De Forcadell a Torra, fracasos sonoros

Otro fracaso sonoro fue el de Carme Forcadell, expresidenta de la ANC condenada por sedición. Y por partida doble. Ni su primera demanda contra España por la primera consulta del 9 de noviembre de 2014 (9-N), ni la de su prisión preventiva tuvieron éxito. El tribunal con sede en Estrasburgo inadmitió ambas.

La misma suerte corrieron Carles Puigdemont y Toni Comín con sus respectivas demandas ante el TEDH sobre su escaño en el Parlamento Europeo. Dicho tribunal las rechazó de plano al no apreciar vulneración alguna de derechos, dado que el Tribunal Constitucional les había reconocido la condición de eurodiputados en 2022.

El expresidente Artur Mas y su conseller de presidencia, Francesc Homs, tampoco lograron que Europa les diera la razón. El expresidente vio cómo Estrasbugo desestimaba por unanimidad su demanda contra España en su condena por desobediencia por el 9-N. Según el tribunal, ni Mas ni su abogado les respondieron cuando debían presentar observaciones en su respuesta al Estado.

Oriol Junqueras, presidente de ERC, se topó con otra denegación. En este caso, del TJUE, que desestimó su recurso contra la Eurocámara por haberle retirado su acta de eurodiputado en enero de 2020. Otro fracaso judicial fue el del expresidente Quim Torra, que este 2025 llevó a España ante el TEDH por el presunto espionaje con el software Pegasus, pero su demanda fue inadmitida. En la misma línea, una serie de activistas anónimos que demandaron al Estado por el 1-O o por la intervención de la autonomía en virtud del artículo 155 de la Constitución han visto como sus demandas eran inadmitidas sistemáticamente.