Defensa da un toque de atención a La Zarzuela tras auditar los contratos de la Guardia Real

El Ministerio de Defensa ha dado un toque de atención al jefe del Cuarto Militar de la Casa del Rey, el teniente general Eduardo Diz, tras hacer una auditoría de varios contratos de repuestos de vehículos ligeros de la Guardia Real en los que han aparecido «irregularidades administrativas». Todo ello, al no coincidir una serie de facturas con los precios y los artículos licitados a través del Portal de Contratación del Sector Público, según fuentes militares consultadas por THE OBJECTIVE.

La propia área de Intervención de la Guardia Real fue la primera en dar la voz de alarma, al cotejar una serie de descuadres contables en años anteriores entre lo inicialmente contratado con lo abonado al final del proceso de contratación, en el que se actualizaron precios al alza. «Una chapuza administrativa», resume una de las fuentes militares. En ese momento, estaba destinada en La Zarzuela la entonces teniente coronel Ángeles Cano, que en la actualidad ya ha ascendido a coronel y es directora general del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa (Invied).

Las presuntas irregularidades llegaron a la mesa de la interventora general de la Defensa, la general de división María Teresa Gordillo, que ordenó una auditoría de control financiero de los contratos en cuestión. Una «delicada» decisión al poner la lupa en un organismo adscrito a Casa Real, por lo que las pesquisas se han llevado «muy en secreto».

El resultado de las mismas fue coincidente con la primera voz de alarma que afectaba a la compra de repuestos en los vehículos que utiliza esta unidad militar. Ante estos hechos y para evitar que el asunto escalase, el propio jefe del Cuarto Militar se reunió con la interventora general, quien le transmitió los errores cometidos, así como «las medidas correctoras para futuras contrataciones» en la Guardia Real.

Además, la Intervención General de la Defensa ordenó a los tres ejércitos que revisasen pliegos aprobados y tomaran nota de las recomendaciones hechas a la Guardia Real para unificar criterios. El Cuerpo Militar de Intervención es el encargado de controlar la gestión económico-financiera, auditoría pública y el ejercicio de la notaría militar dentro de las Fuerzas Armadas. Está encuadrado dentro de los Cuerpos Comunes junto a las ramas jurídica, sanitaria y musical. Por lo tanto, depende orgánicamente de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa.

En todo caso, este asunto de los contratos de repuestos de vehículos ligeros salpica a la citada coronel Ángeles Cano, quien tras su paso por la Guardia Real trabajó en el gabinete de la ministra de Defensa, Margarita Robles. Esta última renunció a premiarla a principios de año con el puesto de subdirectora general de Contabilidad dentro de su departamento, después de que el Cuerpo de Intendencia presionase para que este cargo se asignase a uno de sus miembros.

THE OBJECTIVE desveló justo hace un año que la ministra había vuelto a encrespar los ánimos dentro del colectivo de intendentes de las Fuerzas Armadas al rebajar los requisitos para ocupar la mencionada plaza vacante de subdirector general de Contabilidad, un puesto que casi siempre ha estado ocupado por generales de división o brigada y para el que Defensa solo pidió un mínimo de 15 años de antigüedad al quedar vacante.

Robles firmó el 28 de octubre de 2024 el cese del general de división de Intendencia Luis Alberto Castilla al frente de esta subdirección general adscrita a la Dirección General de Asuntos Económicos del ministerio, debido al pase a retiro de este último. Con carácter previo, el 15 de octubre, publicitó en el BOE la convocatoria de este puesto de libre designación, porque así se lo exige una orden de Función Pública de 2023 para la adjudicación de plazas de cargos directivos dentro de la Administración.

En el apartado de observaciones para optar a este puesto de subdirector general de Contabilidad es donde apareció el requisito de tener «una antigüedad mínima de quince años como personal militar de carrera de las Fuerzas Armadas perteneciente a cuerpos y escalas con una categoría equivalente a A1 o como funcionario/a de carrera en el subgrupo A1, valorándose años adicionales de experiencia en la Administración». Es decir, lo podía pedir «casi cualquier civil o militar intendente o interventor con 15 años de antigüedad, incluso un capitán antiguo» cuando este puesto ha estado en manos de generales o, a lo sumo, de coroneles a punto de ascender, advirtieron fuentes militares a este periódico.

La falta de galones de Ángeles Cano

En los pasillos del Ministerio se dio por hecho que el cargo recaería en Cano, quien llevaba en el gabinete de la ministra un año. El hecho de que esta oficial fuese del Cuerpo de Intervención fue una de las causas por la que los intendentes se revolviesen ante su posible nombramiento. Estos últimos son los encargados de la gestión económica y logística dentro del Ministerio de Defensa. Hacen el planeamiento previo de los recursos económicos, mientras que los interventores se dedican al posterior control financiero y la auditoría pública del gasto. «El área de Contabilidad es intendencia pura y dura. El interventor no es competente como cuerpo en ese ámbito», subrayaron entonces las citadas fuentes.

A ello se añadía la falta de galones de Ángeles Cano, que aún no había ascendido a coronel —lo hizo a mediados de diciembre del pasado año— y a la que esperaban varios años para optar al generalato. Si hubiera conseguido el puesto de subdirectora general de Contabilidad, habría tenido que dar instrucciones a los directores de asuntos económicos de Tierra, Aire y Armada: los tres son generales de división en la actualidad. Para más inri, se hubiera encontrado en la Subdirección General de Contabilidad con coroneles más antiguos que ella a sus órdenes.

La polémica creció unos días después cuando se supo que el director general de Asuntos Económicos (Digeneco), el general de división José Luis Sánchez Martínez, había renunciado a evaluar a los candidatos que aspiran a dicha plaza para no contrariar a la ministra con una terna que no fuese de su gusto.

17 intendentes se presentaron a la plaza

Sánchez Martínez lleva al frente del área económica de Defensa desde octubre de 2022 y proviene del Cuerpo de Intendencia del Ejército del Aire, por lo que a priori debía estar en contra de la maniobra de Robles para colocar en Contabilidad a la oficial de su gabinete. El Digeneco trasladó a la secretaria de Estado de Defensa, Amparo Valcarce, su deseo de apartarse del proceso evaluador y que fuese su jefe de Gabinete técnico, el general Enrique Campo, el que presidiera la citada junta. Finalmente, la número dos de Defensa decidió mantenerle al frente del tribunal tras conocerse la primera noticia de THE OBJECTIVE que destapaba las intenciones de Robles con esta militar.

Al proceso evaluador se presentó la entonces teniente coronel interventora… frente a 17 oficiales de Intendencia, entre ellos un general de brigada en activo –Abel Piqueras—, después de que los mandos de este cuerp tocasen a rebato para que hubiese el mayor número de aspirantes y así complicar los planes de Robles con esa plaza diseñada ad hoc para Cano.

Esta última entró en la terna de finalistas, pero la primera de la lista corta tras las entrevistas fue la coronel intendente Marta Virseda, por la que finalmente se decantó la ministra. Una vez que Cano quedó «quemada» en dicho proceso, esta oficial optó por cambiar de puesto dentro del Ministerio de Defensa y ocupar la plaza de interventora en la Dirección General de Infraestructura a las órdenes del teniente general Luis Cebrián. Meses después, cuando los nubarrones ya se habían disipado, le llegó su nombramiento al frente del Invied.