El PP reta al Gobierno y le obliga a votar en el Congreso sobre el Sáhara Occidental

El Grupo Parlamentario Popular va a retar al Gobierno de Pedro Sánchez a pronunciarse en el Congreso de los Diputados sobre el Sáhara Occidental y la defensa de los derechos del pueblo saharaui y le obligará a votar una proposición no de ley a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Una iniciativa parlamentaria que coloca al Ejecutivo en una posición incómoda, ya que, tras el cambio de posición sobre el Sáhara, tendrá que respaldar que se garantice el derecho internacional, las resoluciones de Naciones Unidas y las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, entre otras cuestiones.

Los populares han aprovechado el cincuenta aniversario de la Marcha Verde sobre el Sáhara Occidental para presentar esta iniciativa que pone contra las cuerdas al Gobierno y a sus socios. El cambio estratégico del presidente sobre lo que fue colonia española al asumir la posición del Gobierno marroquí supuso un giro en la posición de España, que siempre había mantenido su apoyo a la autodeterminación del pueblo saharaui. Sánchez llegó a calificar de «base más seria, creíble y realista» el planteamiento del Ejecutivo de Marruecos.

Los socialistas se verán forzados a votar en la Comisión de Cooperación Internacional al Desarrollo una proposición no de ley que plantea que el Congreso de los Diputados inste al Gobierno a poner en marcha varias cuestiones. En primer lugar, «cumplir con los presupuestos generales del Estado vigentes, que contemplan una partida extraordinaria de siete millones de euros destinada a apoyar a la población saharaui refugiada». En segundo lugar, «garantizar el respeto al derecho internacional y a las resoluciones de Naciones Unidas en todas las actuaciones y decisiones del Gobierno relativas al Sáhara Occidental». Como tercera medida, se pide que el Gobierno defienda «en el seno de la Unión Europea el respeto pleno a las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación con el Sáhara Occidental» Finalmente, se exige «presentar ante la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo un informe sobre los fondos ejecutados y los resultados obtenidos en materia de ayuda humanitaria a la población refugiada saharaui, realizados por parte del Gobierno desde 2021 hasta 2025».

En la exposición de motivos que justifica esta iniciativa parlamentaria, el Grupo Popular señala que «la situación de la población refugiada saharaui continúa siendo, casi medio siglo después del inicio del contencioso del Sáhara Occidental, una de las crisis humanitarias más prolongadas del mundo», y que «más de 173.000 saharauis sobreviven desde hace décadas en los campamentos de Tinduf, en el oeste de Argelia, en condiciones extremas y con una dependencia casi total de la ayuda internacional para cubrir sus necesidades básicas de alimentación, salud, agua y educación».

La propuesta recuerda que «el último informe del Secretario General de Naciones Unidas sobre el Sáhara Occidental (A/80/290), correspondiente al periodo entre el 1 de julio de 2024 y el 30 de junio de 2025 es preocupante: los niveles de malnutrición aguda alcanzan el 13% y el retraso en el crecimiento infantil supera el 30%»; las «mujeres y niños son los principales afectados por esta crisis humanitaria». España, dicen, «mantiene una responsabilidad histórica y moral con el pueblo saharaui», que «se ha expresado tradicionalmente a través de un compromiso estable en el marco de la cooperación al desarrollo, la ayuda humanitaria y el respaldo a las resoluciones de Naciones Unidas». Sin embargo, «el cambio unilateral de posición adoptado por el presidente del Gobierno en marzo de 2022, al expresar su apoyo al plan de autonomía marroquí como ‘la base más seria, creíble y realista’ para la resolución del conflicto, ha supuesto una ruptura con el consenso histórico que, durante más de cuatro décadas, había guiado la política exterior española respecto al Sáhara Occidental».

«Deterioro de las condiciones de vida»

Los populares sostienen que «la cooperación al desarrollo y la ayuda humanitaria en favor del pueblo saharaui, que había sido un eje constante de la acción exterior española, se ha visto afectada tras ese cambio de postura unilateral e inexplicable del presidente del Gobierno», y que «informes de la ONU, como el ya citado en este texto, diversas ONGs y otras entidades de la sociedad civil española han advertido del deterioro de las condiciones de vida en los campamentos, donde la inseguridad alimentaria, el déficit sanitario y la precariedad educativa se han agravado en los últimos años».

Asimismo, aseguran que «el incumplimiento por parte del Gobierno de los mandatos emanados de esta Cámara evidencia el olvido del Gobierno al pueblo saharaui». Alertan de que «las necesidades de esta población son urgentes, estructurales y previsibles; requieren planificación, estabilidad y una respuesta humanitaria que garantice el acceso a alimentos, agua, servicios de salud y educación básica».

Igualmente, «las recientes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que reafirman la necesidad de contar con el consentimiento del pueblo saharaui en los acuerdos económicos y comerciales que afecten al territorio del Sáhara Occidental, subrayan la importancia de respetar el derecho internacional en la acción exterior europea y española». España, como Estado miembro de la Unión Europea, a juicio del PP, «debe ser garante del cumplimiento de estas decisiones judiciales y de las resoluciones de Naciones Unidas, preservando los principios de legalidad internacional, justicia y solidaridad que inspiran nuestra política exterior».

Por último, señalan que «el Congreso de los Diputados no puede permanecer ajeno al deterioro de la situación de la población saharaui refugiada, ni a la erosión de la posición tradicional de España basada en el consenso, la neutralidad activa y la defensa del derecho internacional»; por lo que «resulta imprescindible reafirmar el compromiso humanitario y político de nuestro país con el pueblo saharaui, impulsar una cooperación eficaz y transparente y exigir al Gobierno de España el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones parlamentarias en vigor».