El Gobierno autoriza las puertas giratorias de Paco Salazar y del expresidente de Renfe
El extrabajador de Moncloa fue acusado por compañeras de comportamientos impropios en el entorno laboral
El expresidente de Renfe, Raül Blanco. | Europa Press
El Gobierno ha abierto las puertas giratorias a Francisco Salazar, ex secretario general de Coordinación Territorial en Moncloa, y Raül Blanco, expresidente de Renfe, ambos envueltos en diferentes polémicas. Así lo ha confirmado THE OBJECTIVE a través del Portal de Transparencia. Si bien las dos salidas tienen causas —y consecuencias— diferentes, ambas mantienen un denominador común: la ausencia de explicaciones políticas completas y un marco regulatorio que, lejos de frenar las puertas giratorias, las ha consolidado como una parte estructural de la Administración.
El caso de Paco Salazar destaca por su crudeza formal. Su destitución, publicada en el BOE con efecto retroactivo al 5 de julio de 2025, rompió incluso el procedimiento institucional: desapareció la fórmula habitual de «agradecimiento por los servicios prestados». Una omisión que, en la jerarquía simbólica de la Administración, funciona como una señal inequívoca de desaprobación.
El decreto tampoco argumentaba motivos técnicos o razones de reorganización y simplemente certifica una salida urgente. El contexto periodístico lo había adelantado: varias trabajadoras lo acusaban de comportamientos impropios en el entorno laboral —comentarios fuera de lugar, insinuaciones y episodios que el Ejecutivo nunca desmintió de manera explícita—.
El resultado fue un cese silencioso, administrativo, sin defensa pública y con una clara intención de cerrar el episodio sin ruido político. Salazar, que montó una empresa —Servicios e Ideas Estrategias Sociales y Electorales— tras su salida, logró la autorización a los dos meses. El exfontanero creó el pasado septiembre esta sociedad dedicada a estrategia electoral, de la que es administrador único. El Gobierno ha permitido su desembarco en esta empresa.
En el caso de Raül Blanco, los hechos fueron diferentes. Su salida fue justificada «por motivos personales», pactada con el Ministerio de Transportes y publicada dentro de los registros habituales. Blanco ocupaba un cargo de especial sensibilidad —la presidencia de Renfe estaba en pleno proceso de liberalización ferroviaria— y se marchó tras una cadena de incidencias técnicas y retrasos que afectaron a la reputación de la empresa pública, incluida la crisis generada por los fallos en los trenes Avril.
El Ministerio lo presentó como un relevo acordado, parte de una «nueva etapa», sin referencia directa a responsabilidades de gestión ni a errores detectados. La decisión no sorprendió en el sector: Renfe llevaba meses en un ciclo de desgaste y el Gobierno buscaba oxigenar la cúpula antes de los nuevos contratos de servicios públicos.
Dos estilos de salida distintos, pero un mismo destino probable: el sector privado. Es aquí donde ambas historias encajan en un marco mucho más amplio y cuantificable. Según datos del Portal de la Transparencia, se han autorizado 608 pasos de altos cargos a la actividad privada desde 2014.
La evolución dibuja una curva clara: 17 autorizaciones en 2014, 29 en 2015, 64 en 2016, 45 en 2017, 69 en 2018 y un pico de 87 en 2019. Tras un descenso durante los años de pandemia —48 en 2020, 44 en 2021, 41 en 2022 y 41 también en 2023— el indicador volvió a dispararse en 2024, con 76 nuevas autorizaciones, superando incluso niveles anteriores a la covid. Y 2025 arranca con 46 solo en el mes de enero. El fenómeno no solo existe, sino que se acelera.
Esta estadística contextualiza de forma precisa el momento posterior a los ceses de Salazar y Blanco. Ambos se encuentran ahora en la misma posición que centenares de altos cargos antes que ellos: pueden solicitar autorización para incorporarse a empresas privadas relacionadas con su ámbito de responsabilidad pública. En el caso de Salazar, su cese abrupto no le impide acogerse al régimen de compatibilidades si decide emprender una carrera en consultoras, despachos o empresas reguladas. Y en el caso de Blanco, ya circulan en el sector corporativo movimientos sobre su posible incorporación a empresas vinculadas a la movilidad, la energía o el transporte ferroviario.
La arquitectura institucional española permite —y en la práctica fomenta— la circulación periódica de altos cargos entre el poder público y compañías privadas que operan en sectores sometidos a regulación estatal. Los ceses de Salazar y Blanco no son anomalías: son episodios dentro de un patrón consolidado. Lo que define el sistema no es la existencia de casos individuales, sino la reiteración estadística. Más de seiscientas autorizaciones en once años avalan la idea de que la frontera entre Gobierno y empresas es cada vez más difusa.
Y ese es precisamente el punto en el que convergen ambos perfiles. Salazar sale tocado tras un expediente disciplinario implícito y Blanco abandona bajo una apariencia de discreción técnica. Sin embargo, ambos aterrizan en el mismo espacio intermedio: el de los altos cargos que dejan atrás la responsabilidad pública, pero que conservan contactos, información y un conocimiento privilegiado del funcionamiento interno del Estado. Un activo que muchas empresas consideran valioso y que explica por qué las puertas giratorias no son un accidente.