El Gobierno tendrá que entregar al Congreso los gastos de Ábalos en el parador de Sigüenza

El Gobierno de Pedro Sánchez tendrá que entregar al Congreso de los Diputados la información de los gastos de viajes oficiales del exministro de Transportes José Luis Ábalos entre los años 2018 y 2021, información que negó al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno. El Grupo Parlamentario Popular ha registrado un escrito, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, en el que exige que se le responda por escrito a los pagos realizados en el Parador de Sigüenza donde dejó «destrozos», según la información facilitada a este periódico por trabajadores del establecimiento.

El pasado mes de abril, un ciudadano reclamó información al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sobre el número de viajes oficiales en los que Sergio Vázquez Torrón, actual presidente de Ineco, y Ricardo Mar Ruipérez, quien fuera director de gabinete de Ábalos (julio de 2020-julio de 2021) y ahora es secretario general de Paradores, acompañaron al ministro en ese periodo. En concreto, pedía conocer si fueron desplazamientos nacionales o internacionales, las fechas de los mismos, los lugares de destino y cuál de los dos viajó con el ministro, Vázquez o Mar, o ambos. Asimismo, el reclamante quería conocer los importes emitidos por Paradores al Ministerio de Transportes en el Parador de Sigüenza entre abril y junio de 2021 con su fecha correspondiente, así como el desglose de los conceptos de cada factura y la identificación del cargo y el nombre de las personas que hicieron uso de los servicios de Paradores.

Los populares, en el documento registrado ante la Cámara Baja el pasado día 11 que piden que le sea respondido por escrito, recuerdan que «el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, mediante Resolución R/2025-1034 de 8 de septiembre de 2025 (expediente 934/2025), ha estimado la reclamación interpuesta frente al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible por su negativa a facilitar información relativa a los viajes oficiales realizados entre 2018 y 2020 por varios altos cargos del entonces ministro José Luis Ábalos, así como sobre los gastos derivados de dichos desplazamientos y las facturas emitidas por Paradores al Ministerio entre abril y junio de 2021».

Dicha solicitud de información «presentada el 22 de abril de 2025, pedía conocer de manera detallada el número de viajes nacionales e internacionales, las fechas y lugares de destino, la identificación de los acompañantes del ministro y los importes de las facturas de alojamiento y manutención abonadas con fondos públicos». Sin embargo, sigue diciendo el Grupo Popular, «el Ministerio denegó el acceso alegando que atender la solicitud requeriría una ‘reelaboración compleja’ de la información y supondría una ‘carga excesiva de trabajo’, invocando los artículos 18.1.c) y e) de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno».

Los populares señalan que «el Consejo de Transparencia ha rechazado estos argumentos por infundados y genéricos, y ha recordado que el ministerio sí dispone de la información solicitada, que esta no exige una reelaboración compleja y que el propio Consejo y el Tribunal Supremo han precisado que no toda acción de agregación o búsqueda constituye una reelaboración». Según la resolución, señalan en su escrito, «identificar los viajes de dos altos cargos en un periodo de tres años no supone un esfuerzo desproporcionado ni justifica la inadmisión del acceso a información pública».

Asimismo, «el Consejo ha subrayado el interés público de los datos relativos a los viajes y gastos de altos cargos, por cuanto permiten conocer cómo se gestionan los fondos públicos, bajo qué criterios se organizan los desplazamientos oficiales y quiénes participan en ellos. Transparencia que cobra especial relevancia al tratarse de actuaciones vinculadas al entorno directo de un exministro cuya gestión pública ha sido objeto de cuestionamiento político y mediático por diversos motivos».

El Grupo Parlamentario Popular expone que «resulta también significativo que el ministerio intentara denegar la información sobre las facturas emitidas por Pasadores en el establecimiento de Sigüenza durante los meses de abril a junio de 2021, alegando que localizar esos datos sería una tarea desproporcionada» y que «el consejo ha desmentido este argumento, señalando que identificar los gastos de un único proveedor y en un periodo tan acotado no puede considerarse una carga excesiva, y que la información solicitada —importes, fechas y personas que disfrutaron de los servicios— tiene un interés público evidente, al estar directamente relacionada con el uso de recursos públicos».

El Grupo insiste en que «esta resolución pone de manifiesto, una vez más, la resistencia del Gobierno a cumplir con la Ley de Transparencia, el uso abusivo de excusas administrativas para ocultar información sensible y la falta de rendición de cuentas en cuestiones relacionadas con el gasto público de altos cargos» y denuncia que «la opacidad reiterada en este tipo de asuntos erosiona la confianza ciudadana, degrada los estándares de buen gobierno y contraviene el mandato constitucional de eficacia y responsabilidad de la Administración».

A la vista de esta negativa, los populares utilizan la vía parlamentaria y exigen al Gobierno una respuesta a las siguientes preguntas: «¿Por qué motivo el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible denegó el acceso a la información sobre los viajes oficiales y gastos asociados de los altos cargos referenciados, pese a tratarse de datos de interés público vinculados a la gestión de fondos públicos? ¿Tiene previsto el Gobierno cumplir de forma inmediata la Resolución R/2025-1034 del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, facilitando la información completa sobre los desplazamientos y gastos de los citados altos cargos durante los años 2018 a 2020?».

Igualmente, se interpela sobre estas cuestiones: «¿Puede el Gobierno detallar el número total de viajes oficiales realizados entre 2018 y 2020 por los altos cargos mencionados en la solicitud de información, especificando los destinos, fechas, motivos de los desplazamientos y los costes imputados al erario público? ¿Qué importes abonó el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible a Paradores entre abril y junio de 2021 por estancias en el Parador de Sigüenza, y quiénes fueron los empleados o cargos públicos que se alojaron en dicho establecimiento durante ese periodo? ¿Considera el Gobierno compatible con los principios de transparencia y buen Gobierno negar el acceso a información sobre viajes y gastos sufragados con dinero público, escudándose en argumentos genéricos de ‘reelaboración de datos’ sin acreditarlos?».

Finalmente, se plantea: «¿Qué medidas adoptará el Gobierno para garantizar que los ministerios y organismos dependientes cumplan las resoluciones del Consejo de Transparencia en los plazos establecidos y sin recurrir a tácticas dilatorias? ¿Tiene previsto el Gobierno publicar de forma periódica y accesible los gastos de desplazamiento, alojamiento y representación de los altos cargos ministeriales, siguiendo las recomendaciones internacionales en materia de transparencia pública? ¿Piensa el Gobierno evaluar las posibles responsabilidades derivadas de la negativa del Ministerio a facilitar información pública de evidente interés general?».