El Gobierno contesta a Ayuso que la ley de nuevas universidades no vulnera competencias

El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades ha negado que la nueva ley que endurece los criterios para crear nuevas universidades sea arbitraria y vulnere las competencias autonómicas, tal como ha señalado la Comunidad de Madrid en el recurso que han presentado ante el Tribunal Supremo.

Fuentes del Ministerio han señalado que el decreto es «totalmente transparente y se aprobó de acuerdo con el Consejo de Estado» y afirman que se elaboró con criterios que fueron «muy meditados y ponderados» ante la «eclosión» de universidades privadas que en algunos casos no cumplen con criterios mínimos de calidad en la docencia y en la investigación.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por Isabel Díaz Ayuso, ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo ante el Supremo contra esta ley al considerar que vulnera las competencias autonómicas en materia educativa y «limita injustificadamente la libertad de empresa y de creación de centros educativos reconocida en la Constitución Española».

El Ejecutivo madrileño considera que la ley da «muy poco margen» a las comunidades para regular por su cuenta. Sin embargo, el Ministerio que dirige Diana Morant insiste en que el real decreto «no vulnera competencias autonómicas porque es competencia del Estado, definir los principios normativos generales del sistema universitario y velar por la calidad del sistema en su conjunto».

«Tampoco es cierto que limite injustificadamente la libertad de empresa, porque respeta el libre mercado, pero lo regula para asegurar la calidad de un servicio de interés general y para proteger al estudiantado y a la sociedad, de la misma forma que existen regulaciones muy exigentes por ejemplo en sanidad o en el mercado bancario o energético», señalan las mismas fuentes.

Para el Gobierno los criterios son «realistas» y persiguen que todas las universidades que operen en España, públicas o privadas, garanticen unos estándares altos de calidad, sostenibilidad y masa crítica e incide en que la mayoría de las universidades existentes los cumplen, y las que no, dispondrán de tiempo suficiente para adaptarse.

Asimismo, aclaran que durante el procedimiento hubo audiencia pública y se recibieron propuestas y alegaciones de más de 68 instituciones, incluidas casi todas las comunidades autónomas. En cualquier caso, señalan desde el Ministerio, «no es ninguna sorpresa que el gobierno de Ayuso sea contrario a este real decreto, porque colisiona con su estrategia de apoyo a la expansión de las universidades privadas, sin importar su calidad, al tiempo que recorta la financiación de las universidades públicas».