El PP comienza a tramitar en el Senado legalizar el corte de suministros a okupas
Además, anuncian un nuevo conflicto de atribuciones con el Congreso por «bloquear» y «secuestrar» las proposiciones de ley
La portavoz del PP en el Senado, Alicia García.
El PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para dar luz verde este miércoles a una proposición de ley que viene a modificar el Código Penal para evitar que se considere delito de coacciones la interrupción de suministros en una «finca ocupada ilegalmente». El PNV ha apoyado esta medida, mientras que Junts ha optado por abstenerse.
Ahora, la proposición de ley pasará al Congreso de los Diputados, que la puede rechazar o aprobar para que siga su tramitación en la Cámara Alta. En el caso de que los grupos mantengan su mismo voto en ambas Cámaras, la norma podría salir adelante.
Lo que proponen los ‘populares’ en su ley es una modificación del Código Penal para añadir un nuevo párrafo al artículo 172.1, el que habla de las ocupaciones ilegales, donde se recoja explícitamente que la interrupción de suministros en una casa okupada «en ningún caso puede ser considerada delito de coacciones».
Según la exposición de motivos de la proposición de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, el PP expone que la Audiencia Provincial de Barcelona avaló «que los propietarios pueden cortar los suministros a los okupas sin que esto se considere un delito de coacciones».
«La interrupción de los suministros avalada por la decisión de la Audiencia Provincial de Barcelona puede marcar un precedente en la lucha contra la ocupación ilegal», celebra el PP. Sin embargo, buscan modificar el Código Penal «para clarificar criterios y que se pueda aplicar legalmente en toda España».
Llevar al Congreso ante el TC
En otro orden de cosas, el PP ha aprobado también en el Pleno un nuevo conflicto de atribuciones con el Congreso por «bloquear» y «secuestrar» las proposiciones de ley que se aprueban en la Cámara Alta, activando así el procedimiento para que este choque pueda acabar en el Tribunal Constitucional.
«Lo que está en juego no es una tramitación, lo que está en juego es el propio Estado de derecho», ha proclamado el encargado del PP de defender este conflicto de atribuciones durante el Pleno, el senador Antonio Silván.
Se trata de una medida que ya avanzó hace unos meses el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante unas jornadas en el Senado. Pero para actuar así, los ‘populares’ tenían antes que habilitar esa vía a través de una reforma del Reglamento, algo que se produjo hace un par de semanas.
En cualquier caso, es el enésimo choque institucional entre Senado y Congreso después de los que se han ido produciendo con la Ley de Amnistía, los presupuestos generales del Estado o unas enmiendas a una norma, entre otros aspectos.
Según el procedimiento, el PP ha hecho uso de su mayoría absoluta en el Senado para aprobar este choque con el Congreso en el Pleno de este miércoles. De esta manera, la Cámara Alta lo ha adoptado como suyo y lo remitirá al Congreso.
Y el Congreso tiene un mes para contestar desde que recibe el planteamiento del conflicto de atribuciones, aunque también tiene la posibilidad de no contestar y darlo por sustanciado. En ese caso, o si la respuesta es negativa, el Senado decidirá si eleva el asunto al Tribunal Constitucional o no sigue adelante con ello.
No obstante, el PP ya ha avanzado su intención de acudir al Constitucional si el Congreso no atiende sus demandas.
Más de 30 leyes
Con todo, los ‘populares’ se quejan de que la Cámara Alta ha aprobado más de 30 proposiciones de ley suyas: «Y más de la mitad serían aprobadas también en el Congreso si los grupos mantuvieran su coherencia en el voto».
«Hoy España podría ser distinta: Los okupas serían desalojados en 24 horas; El Estado de derecho estaría fortalecido reforzando a la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Justicia; Los españoles pagarían menos impuestos; Agricultores, pescadores y ganaderos tendrían una fiscalidad mas baja; Las familias podrían conciliar mejor», dice la portavoz del PP, Alicia García.
Pero ha acusado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, de «congelar» las leyes del PP actuando «a las órdenes» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.