La Fundación Franco denuncia irregularidades en el expediente de Cultura para su extinción
«La citada resolución está llena de medias verdades, falsedades y deliberadas omisiones», asegura la entidad

Detalle de la placa de entrada en la sede de la Fundación Francisco Franco. | Eduardo Parra (EP)
La Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) ha presentado este jueves un escrito de alegaciones para denunciar las «irregularidades y medias verdades» que existen en el expediente del Ministerio de Cultura para instar su extinción judicial al amparo de la Ley de Memoria Democrática.
En un documento al que ha tenido acceso Europa Press, el escrito tiene lugar un día antes de que finalice el plazo que le concedió la Administración. «La citada resolución está llena de medias verdades, falsedades y deliberadas omisiones», asegura la entidad.
La entidad denuncia que el procedimiento se inicia con una «idea preconcebida de culpabilidad» y considera que no se ha garantizado la audiencia previa de la Fundación, «como se evidencia con el informe de la Abogacía del Estado que fue emitido antes de que la FNFF haya sido oída». «Lo que convierte al procedimiento en un mero acto de ejecución política», afirma la entidad, que considera que se invierte el «orden racional y lógica» de una decisión de estas características.
«Primero se decide por exclusivas razones ideológicas extinguir y luego se busca justificarlo», remarca la FNFF, que recalca que es un «tremendo» atropello para el sistema de libertades y derechos la decisión del Gobierno.
La Fundación argumenta principalmente cinco alegaciones: la primera de ellas sobre las «irregularidades» procedimentales incurridas por Cultura; la segunda sobre la «deliberada omisión» de la reforma estatutaria acordada por unanimidad por el patronato de la FNFF en 2023 y de los fines y la actividad de la FNFF; la infracción del derecho constitucional de fundaciones, en la aplicación errónea de la Ley de Memoria Democrática y al esgrimirse por el gobierno como causa de extinción de la FNFF el que no persigue fines de interés general; la violación de los derechos a la libre expresión y a la libertad ideológica; y por último la inexistencia de menosprecio y humillación a la dignidad de las víctimas.
