El Gobierno admite que está preparado para una «eventual convocatoria» de elecciones

El Gobierno ha admitido en una respuesta parlamentaria al Grupo Popular en el Congreso de los Diputados que hay que «estar preparado para cualquier eventual convocatoria de elecciones», según el texto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Los populares le interpelaron sobre el veto del Ejecutivo a una propuesta de Vox para poner doble urna en los procesos electorales y su justificación de que no podía prosperar porque suponía un incremento del gasto de organización de procesos electorales. Esta respuesta le llevó a pensar que podría haber una posibilidad de adelanto electoral, ahora confirmada, según el PP, por la contestación a su pregunta.

Esta confesión del Gobierno, en un momento en el que se ve especialmente azotado por la corrupción, tiene su origen en el escrito del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, remitido al Congreso de los Diputados el pasado 18 de septiembre, en el que expresaba la disconformidad del Ejecutivo con la tramitación de la proposición de ley presentada por Vox por la que se modifica la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio del Régimen Electoral General (122/200). En el documento, el Gobierno afirma que la aprobación de la Proposición de Ley es susceptible de producir un incremento de los créditos presupuestarios, por lo que no presta la conformidad para su tramitación en virtud de lo establecido en el art. 134.6 de la Constitución.

El Partido Popular señaló en su momento que, dado que la proposición de Ley propone incorporar una segunda urna en los procesos electorales, el escrito del Gobierno estima los posibles costes de duplicar el gasto en urnas y en actas de escrutinio en 200.000 euros y concluye que supondría un incremento de los créditos.

Sin embargo, aunque dicho artículo de la Constitución establece que toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación, el Tribunal Constitucional, en su reciente sentencia 135/2025 de 11 de junio de 2025 insiste en «ratificar nuestra consolidada doctrina, expuesta en el fundamento jurídico anterior, según la cual, la potestad gubernamental del artículo 134.6 se refiere siempre al presupuesto en vigor en cada momento, en coherencia con el principio de anualidad presupuestaria», según el PP.

Una respuesta del Gobierno que el Grupo Popular consideró llamativa, teniendo en cuenta que el calendario electoral no prevé la celebración de ningún proceso electoral en el año 2025 y que el Gobierno insiste en que no lo habrá hasta 2027, año en el cual ya no deberían estar vigentes los actuales Presupuestos.

A la vista de esta situación, el PP presentó una serie de preguntas para que fueran respondidas por escrito. Su objetivo era saber por qué motivo considera el Gobierno de España que un eventual incremento del gasto de organización de procesos electorales puede suponer un incremento de los créditos en el presupuesto en vigor, cuando no está previsto ningún proceso electoral en el actual ejercicio; así como si está dando por hecho el Gobierno una convocatoria anticipada de elecciones generales este año, o, por el contrario, si los actuales presupuestos estarán vigentes hasta 2027.

La respuesta llegó el pasado día 6, y el Gobierno reitera que «la aprobación de la proposición de ley a la que hacen referencia en su iniciativa implicaría un incremento del coste de todos los procesos electorales que se celebrasen desde la aprobación de la norma». Por lo tanto, «existe una causalidad directa entre el incremento del gasto asociado a la aprobación de esa proposición de ley con el incremento de los créditos en el presupuesto en vigor, dado que la Administración tiene que cumplir con lo que mandaten las leyes y estar preparada para cualquier eventual convocatoria conforme a lo que indican».

Dos partidas presupuestarias

De hecho, señala el Gobierno, «en el presupuesto en vigor, como en el de cualquier año, hay dos partidas dedicadas a los procesos electorales, aunque no haya elecciones previstas». Estas partidas son la 16.01.924M.227.05 «Procesos electorales y consultas directas al electorado» y la 16.01.924M.485.02 «Gastos electorales».

La respuesta del Gobierno, según el grupo parlamentario popular, viene a darles la razón sobre las sospechas que albergan de que se puede producir un adelanto electoral por el cúmulo de problemas que afectan a Pedro Sánchez. Una situación que se agrava con la condena del fiscal general del Estado.