Sumar y Podemos piden a Sánchez reaccionar: cambio del CGPJ y Baltasar Garzón a la Fiscalía

Partidos y coaliciones de izquierdas como Sumar y Podemos instan al presidente del Gobierno a reaccionar después de la sentencia del Tribunal Supremo que ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, por un delito de revelación de secreto. Desde estos sectores se ha tachado el fallo del Supremo (todavía queda por conocer la sentencia) de «golpismo judicial». Podemos apunta a un cambio unilateral en el mecanismo de votación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial para que se rebaje la mayoría en el Congreso de los Diputados, lo que favorecería en la actual coyuntura al bloque de la investidura. Algunos miembros de Sumar van más allá y sugieren un posible nombramiento del exjuez Baltasar Garzón para el cargo.

«Lo del Tribunal Supremo con el Fiscal General no es aplicación del Derecho, es política contra el Gobierno. La respuesta no puede ser llorar, sino reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. Bastan 176 votos y están ready si Sánchez da la orden a sus 120. Y que ‘Europa’ diga misa», afirmó el ex secretario general de Podemos y exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. Su reflexión se enmarca en una serie de ataques pronunciados por los actuales representantes de Podemos en el Congreso y en el Parlamento Europeo, que apuntan a la existencia de un «golpismo judicial», según afirmó Ione Belarra. Para la actual secretaria general de Podemos, la sentencia del Supremo representa un «asesinato civil» del Fiscal General perpetrado por «la derecha judicial y mediática» para «tapar la corrupción de Ayuso y su novio».

‘Lawfare’

Iglesias y Podemos quieren reivindicar el concepto de lawfare, es decir, de guerra jurídica para desestabilizar al actual Ejecutivo. Podemos habló de lawfare en referencia a las investigaciones sobre la memoria del móvil de Dina Bousselham, excolaboradora de Iglesias durante su etapa en el Parlamento Europeo y ahora trabajadora de su canal de televisión por Internet, y del llamado caso Neurona, que apuntaba a presuntas irregularidades en la contratación de una consultora para la campaña electoral de 2019. La justicia acabó archivando ese último caso, después de una investigación que se resolvió en favor de Podemos y gracias, entre otras cosas, al papel de la fiscalía. Pero para Podemos estos ejemplos eran suficientes para plantear una reforma del sistema de nombramiento de los jueces del Consejo General del Poder Judicial, que Sánchez prefirió no acatar.

Podemos planteaba, entre otras cosas, rebajar la mayoría necesaria para nombrar a a los vocales del principal órgano de gobierno de los jueces y magistrados. Actualmente, los 20 miembros del CGPJ, llamados «vocales», son nombrados por el rey, elegidos por las Cortes Generales entre jueces y juristas de reconocida competencia a través de una mayoría reforzada (tres quintas partes del arco parlamentario). En abril de 2024, Podemos presentó una iniciativa parlamentaria para rebajar esa mayoría, y además quería reducir el número de jueces nombrados por el Senado, actualmente controlado por el Partido Popular.

Mientras Podemos pide a Sánchez aprovechar el fallo del Supremo para modificar el sistema de nombramiento de los jueces, Sumar coincide con los morados en calificar la condena de García Ortiz de «golpe judicial en toda regla». «Algunos sectores del poder judicial han decidido entrar en combate político contra», sostuvo Sumar el pasado jueces, pocas horas después de conocerse el fallo. Aparte de las declaraciones oficiales, en sectores de Sumar ya planean la respuesta a la sentencia.

Manifestaciones populares

Algunos miembros destacados de Más Madrid, una de las formaciones adscritas al grupo parlamentario de Sumar, calientan la opción de manifestaciones populares contra los jueces del Supremo. Esta opción también circula en sectores del PSOE madrileño, donde se amaga incluso con una manifestación a las puertas del Supremo. Otros sectores de la coalición de Díaz, en cambio, reflexionan sobre el sustituto de García Ortiz. Y para el cargo mencionan al exjuez Baltasar Garzón.

Garzón es un jurista español que perdió el cargo en 2012, tras una condena del Supremo por un delito de prevaricación cometido durante la instrucción del caso Gürtel, tras haber ordenado escuchas entre los investigados y sus abogados. El Supremo le condenó a 12 años de inhabilitación, que caducaron en 2023. Garzón no es fiscal, sino juez, pero para el nombramiento del fiscal general del Estado es suficiente que se le reconozca como un «jurista de prestigio», con un mínimo de 15 años de ejercicio.

Más allá de la condena por inhabilitación, Garzón fue uno de los jueces españoles más conocidos a nivel mundial y que a lo largo de su carrera cosechó varios reconocimientos así como un título de doctor honoris causa. Es actualmente pareja sentimental de Dolores Delgado, que también ejerció de fiscal general y es una de las protectoras de García Ortiz. Tan solo dos días antes de conocerse el fallo del fiscal general, Garzón apostó por una «absolución» en una entrevista en La Sexta, y añadió: «Lo que hizo era lo que había que hacer». Para algunos sectores de Sumar, Garzón podría ser el candidato idóneo a sustituir a García Ortiz cuando éste deje el cargo en cumplimiento de la sentencia del Supremo.