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Política

Jorge Azcón señala que «hay sobrados motivos para que se convoquen elecciones generales»

Apunta que la dimisión del fiscal general es la consecuencia lógica, pero no la única que debería producirse

Jorge Azcón señala que «hay sobrados motivos para que se convoquen elecciones generales»

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón. | EP

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha declarado que «la sentencia del Supremo al fiscal general del Estado debería tener una consecuencia de convocatoria electoral».

A su juicio, la dimisión de Álvaro García Ortiz es la consecuencia lógica tras la sentencia del Tribunal Supremo, pero no la única que debería producirse. A su juicio, se trata de un hecho «gravísimo», cuyas implicaciones deberían llevar a la convocatoria de elecciones generales, según ha manifestado en una entrevista en Onda Cero.

El presidente aragonés ha insistido en la necesidad de que el nombramiento del fiscal general sea verdaderamente independiente, y ha subrayado que la situación actual ha generado un «desprestigio» del sistema judicial español. Ha recordado que, en el pasado, algunas instituciones del Estado mantenían un grado de independencia que hoy considera perdido, lo que hace necesario abordar cambios profundos en la Fiscalía General y en el Consejo General del Poder Judicial. En este punto, ha defendido que «a los jueces los nombren los propios jueces», porque lo contrario «hace un flaco favor a la justicia».

En la política regional, el presidente ha defendido que Aragón atraviesa una situación excepcional, con una previsión de inversiones de 70.000 millones de euros y el arranque inminente de una gigafactoría cuya primera piedra se pone esta semana.

Si no hay Presupuestos convocará elecciones

Ha asegurado que no existen razones para no aprobar los Presupuestos y ha recordado que en 2024 su Gobierno logró sacar adelante unas cuentas con incrementos históricos en Sanidad, Educación y políticas sociales.

No obstante, ha admitido que, si no se alcanzara un acuerdo, lo lógico sería convocar elecciones, aunque ha insistido en que esta debe ser la última opción. Según Azcón, «a los partidos políticos nos pagan por llegar a acuerdos», ha destacado que en un Gobierno sin mayoría absoluta debe prevalecer el «mínimo común denominador» que permita pactar sin renunciar a los principios.

Acerca del líder de Vox, Santiago Abascal, Jorge Azcón ha explicado que se conocen desde jóvenes y que hay cosas que entiende de Vox y otras que no. Ha discrepado especialmente en su rechazo al Pacto Verde, compartiendo únicamente la crítica a la burocracia, pero no la oposición a fomentar la energía nuclear.

También ha mencionado su trato con el ministro Óscar Puente. Azcón ha admitido que «no es fácil entenderse con él», y que la imagen que proyecta de buscar el conflicto «no es impostada». Ha señalado que el ministro «no rehúye ningún debate».

Financiación autonómica

En materia de financiación autonómica, Azcón ha afirmado que el modelo actual es «el mayor despropósito» y «el peor de los modelos posibles» porque se basa en la desigualdad. Ha criticado que la propuesta del Gobierno se centre en el principio de ordinalidad, que «beneficia más a los que más tienen».

Además, ha defendido que Aragón quiere aportar a la caja común, pero dentro de un sistema basado en la igualdad. Considera que la ordinalidad es un error que perjudicaría a comunidades como la suya. Ha contrastado su posición con la de la presidenta balear y también popular, Marga Prohens, señalando que el PP defenderá las peculiaridades de cada territorio sin renunciar a principios comunes.

También ha valorado las declaraciones recientes de la presidenta de la Comunidad de Madrid y ha advertido de que la democracia española «se está viendo perjudicada», responsabilizando al Gobierno del deterioro institucional, especialmente por su defensa del fiscal general condenado.

El presidente aragonés ha insistido en que el Partido Popular considera que «un régimen dictatorial es incompatible» con sus principios. Ha recordado que Aragón ha derogado la anterior ley de memoria democrática, frente a lo que el Gobierno central ha recurrido su eliminación.

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