Ábalos usa una exclusiva de THE OBJECTIVE para atacar a Puente con el Puerto de Valencia
El exministro se hace eco de una primicia del 19 de noviembre sobre supuestos amaños para contratar a seis directivos
José Luis Ábalos y Óscar Puente junto a la pregunta parlamentaria del primero. | Ilustración de Alejandra Svriz
A menos de 72 horas de que el Tribunal Supremo decida si le envía a prisión preventiva o le mantiene en la calle con medidas cautelares, José Luis Ábalos se ha caído del caballo tras años de críticas y denuncias judiciales contra THE OBJECTIVE. Todo ello después de sorprender este lunes con una pregunta parlamentaria sobre el Puerto de Valencia que supone un torpedo en la línea de flotación del Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente y en la que el ex número tres del PSOE, hasta su caída en desgracia en julio de 2021, echa mano de una exclusiva de este periódico para sustentar su acusación contra Puente.
El exministro utiliza por primera vez una de las primicias de TO que afecta directamente a la gestión del Puerto de Valencia por parte de su presidenta, Mar Chao, para cuestionar la actuación del actual titular de Transportes. En concreto, aprovecha el contenido del demoledor informe al que tuvo acceso este periódico y que fue publicado el pasado 19 de noviembre. En él, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), organismo dependiente del Ministerio de Hacienda encargado de fiscalizar la legalidad y la buena gestión económico-financiera del sector público, denuncia enchufismo en seis puestos en los que se conculcaron los principios de «igualdad, mérito y capacidad».
Esos términos han sido copiados ahora por Ábalos en su dardo lanzado contra Puente cuando alude en su pregunta parlamentaria «a la ejecución de diferentes procesos de selección, promoción interna y contratación de personal supuestamente amañados para seis puestos de plazas directivas y técnicas fuera de convenio, y que vulneran los principios de ‘igualdad, mérito y capacidad’ a los que está obligado el Puerto de Valencia, motivo por lo cual, estas contrataciones están judicializadas».
El informe de la IGAE sobre la política de recursos humanos en el organismo portuario data del pasado 26 de marzo y en dicho documento, desvelado por THE OBJECTIVE, el interventor regional analiza los ejercicios 2023 y 2024 y denuncia de forma directa la forma en la que la presidenta de la Autoridad Portuaria ha definido y ejecutado los procesos de selección, promoción interna y contratación. Todo un mosaico de irregularidades, advertencias formales y adjudicaciones bajo sospecha que Ábalos aprovecha ahora en beneficio propio gracias al trabajo de este periódico.
Durante los últimos seis meses, THE OBJECTIVE ha destapado un conjunto de supuestas irregularidades en la Autoridad del Puerto de Valencia que han terminado convirtiéndose en uno de los principales focos de presión política para el Ministerio de Transportes. Las investigaciones periodísticas han abarcado desde las denuncias por presunto enchufismo en la cúpula directiva hasta conflictos de interés en contratos financiados con fondos europeos, pasando por concentración de obra pública en torno a empresas con vínculos personales o societarios con directivos del puerto, y advertencias formales de la Intervención General del Estado sobre vulneraciones de los principios de igualdad, mérito y capacidad.
La sucesión de exclusivas ha ido dibujando un patrón de gobierno interno marcado por adjudicaciones bajo sospecha desde que la presidenta actual, Mar Chao, tomó las riendas de la institución, si bien otras se remontan a los tiempos de gobierno socialista en la Generalitat valenciana que incluso apuntan a los presuntos amaños de la trama Koldo-Ábalos-Cerdán.
El primer gran aviso llegó el 12 de junio, cuando este diario adelantó que el Puerto de Valencia se enfrentaba a su primer juicio por presunto enchufismo tras el nombramiento de una directiva. Aquella revelación abrió la puerta a una investigación más amplia que acabaría señalando otras dos plazas directivas judicializadas y un deterioro interno reconocido en informes reservados. A ese caso se sumó la exclusiva que situó a Koldo García tratando de influir en la adjudicación de una planta solar de 20 millones, denunciado por la propia UCO, un episodio que conectaba las prácticas del Ministerio de Transportes bajo la era Ábalos con decisiones tomadas en el propio puerto.
A partir de ahí, la cadena de informaciones se aceleró. THE OBJECTIVE publicó que la Autoridad Portuaria había colocado como director facultativo de la mayor obra en ejecución —la nueva terminal de contenedores, adjudicada a Acciona por más de 500 millones— a un exdirectivo de la propia Acciona, generando un potencial conflicto de intereses en un proyecto estratégico. Días después, este diario reveló que la constructora había logrado 613 millones en contratos del Puerto desde la llegada de Sánchez al poder, así como que un directivo del organismo, Federico Torres, había intervenido en adjudicaciones por 30 millones a favor de un excargo del PP con el que mantenía relación personal y vínculos empresariales.
Socio y cliente a la vez
Las exclusivas continuaron con la divulgación de un informe reservado de Hacienda que documentaba conflictos de interés no declarados por ese mismo directivo, seguido de la confirmación por parte del Puerto de un expediente antifraude y de la apertura de un segundo procedimiento interno tras detectarse nuevas anomalías. Posteriormente, este periódico desveló que Torres había participado en contratos de hasta 15 millones de euros que beneficiaron a miembros de la junta directiva del Colegio de Ingenieros de Valencia que él mismo preside, y que las investigaciones internas dejaban abiertas nuevas pesquisas sobre su actuación. Finalmente, el organismo portuario terminó relegándole tras constatar un patrón de adjudicaciones millonarias hacia su entorno más próximo.
El foco informativo también alcanzó a la estructura societaria del puerto. Este periódico reveló hace dos semanas que el Puerto había adjudicado 22,6 millones a Infoport desde 2018, empresa de desarrollo informático de la que es simultáneamente socio minoritario y cliente preferente, y que varios directivos del propio Puerto se sentaban en el consejo de administración de la compañía. A ello se sumó que SICE, otra empresa con vínculos accionariales con Infoport, había recibido directamente del Puerto de Valencia 4,2 millones en contratos portuarios, en un modelo calificado por expertos como un posible «conflicto de interés estructural». La culminación llegó el miércoles de la pasada semana con la exclusiva del mencionado informe de la IGAE que cuestionaba toda la política de personal del organismo, señalando enchufismo, requisitos restrictivos y ausencia de mecanismos de integridad en las seis plazas clave que Ábalos ha hecho mención en su pregunta parlamentaria.
La petición de 24 años de cárcel para Ábalos por parte de la Fiscalía Anticorrupción ha dejado al exministro al borde de la prisión preventiva cuatro años después de que THE OBJECTIVE publicara las primeras informaciones exclusivas sobre los motivos políticos de su caída en desgracia en el verano de 2021.
Este periódico fue el primero en revelar sus escándalos sexuales, las irregularidades en la facturación de Ferraz, sus viajes a la República Dominicana y Guinea Ecuatorial, la existencia de Jésica Rodríguez, su contratación en empresas públicas, las vacaciones pagadas de Ábalos en Marbella por el rescate de Air Europa, los pagos en efectivo de la empresaria Carmen Pano en Ferraz, el regalo del chalé de Cádiz, la condición de Santos Cerdán de «testaferro de Ábalos», el grupo «acelerador» que cobraba un 20% de comisión al PSOE, el ático de lujo pagado por la trama y su fiesta de inauguración. La guinda fue la caja b del ministro en su residencia oficial, donde guardaba fajos de billetes bajo llave y en bolsas de plástico, las ya famosas «lechugas».