Bustinduy pagó un informe sobre la sexualidad y los discapacitados que nadie ha descargado

Un total de 45.905 euros para un informe que no se ha descargado ni un solo usuario. Se trata del Estudio sobre los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Personas con Discapacidad Física y Orgánica, encargado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que actualmente dirige Pablo Bustinduy. El documento, publicado el 4 de septiembre en el Centro Español de Documentación e Investigación sobre Discapacidad (Cedid), acumula desde entonces cero descargas y una decena de visualizaciones aproximadamente, según ha confirmado THE OBJECTIVE a través de una respuesta de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales remitida al Portal de Transparencia.

Con motivo del Día Mundial de la Salud Sexual, la Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (Cocemfe) presentó el 4 de septiembre esta investigación, que recoge testimonios y pone de relieve las «barreras estructurales, sociales y familiares» que limitan el acceso a la información, la educación sexual, los servicios de salud accesibles y la posibilidad de «decidir libremente sobre la propia vida reproductiva». La organización advirtió de que las personas con discapacidad física y orgánica «siguen viendo vulnerados» sus derechos sexuales y reproductivos, pese a ser «esenciales para la autonomía personal y una vida digna».

El estudio, elaborado a partir de historias de vida, entrevistas y análisis documental, denuncia la «falta de políticas públicas específicas, la carencia de formación de profesionales sanitarios y sociales, los estigmas persistentes y la ausencia de recursos accesibles» que permitan garantizar el «ejercicio efectivo» de estos derechos. El trabajo incluye tres testimonios concretos. Rosa, residente en Orense, con 52 años, esclerosis múltiple y madre desde hace tres décadas, relata cómo, tras recibir el diagnóstico, el personal médico insistió en los supuestos riesgos de un nuevo embarazo, con valoraciones personales fuera de lugar. «La única palabra fue: ‘Vamos a ponerte un DIU porque te puedes quedar en una silla de ruedas y después, ¿qué hace tu marido? Que tiene tres niños en vez de dos’».

Arturo, de 32 años, con osteogénesis imperfecta, residente en Madrid y perteneciente al colectivo LGTBIQ+, asegura que tiene una buena aceptación de su propio cuerpo, aunque señala que ha sido la sociedad la que le ha hecho sentir que su cuerpo era «diferente» o «no válido». «Nunca lo he gestionado mal; el mayor drama lo han hecho los demás cuando me han hecho saber muy claramente que soy muy diferente», relata. Por último, María, con poliomielitis desde los dos años, madre desde hace 32 y residente en un centro de Alicante, explica cómo la buena voluntad del personal sanitario ha suplido en ocasiones la falta de medios adecuados para ejercer sus derechos. «Cuando yo he tenido que hacerme la citología siempre he tenido que ir al hospital, porque aquí en el ambulatorio no lo podía hacer. Luego allí podía entrar y, como la camilla se puede bajar, acercaba la silla todo lo que podía y, si no, venía un enfermero y me ayudaba a subir».

Ante esta realidad, Cocemfe reclamó durante la presentación del estudio que los «derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad se incorporen de forma explícita en las políticas públicas de salud, educación y servicios sociales». También pidió «formar a profesionales» en discapacidad, género y derechos humanos; garantizar información accesible; ofrecer una «atención sexual y reproductiva inclusiva»; y proporcionar «apoyos personalizados» que respeten la autodeterminación.

78.000 euros para promocionar la Agenda 2030

La escasa repercusión del estudio sobre derechos sexuales y reproductivos no es el único gasto reciente de la cartera que dirige Pablo Bustinduy. El Ministerio de Derechos Sociales y Consumo ha destinado decenas de miles de euros a acciones de visibilidad institucional vinculadas a la Agenda 2030, una estrategia comunicativa que se mantiene en el tiempo. Según un expediente al que tuvo acceso THE OBJECTIVE, el ministerio ha destinado 78.000 euros a la compra de material promocional destinado a «favorecer el conocimiento y la difusión» de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

El contrato, adjudicado a Mundicorp España por presentar la mejor oferta económica, incluye una amplia remesa de objetos como pines, bolsas de tela reciclada, botellas reutilizables, tazas, cordones de identificación y marcapáginas plantables, todos ellos con el logotipo oficial de la Agenda 2030. Pese al volumen de artículos, el expediente no incorpora indicadores de impacto ni mecanismos que permitan evaluar si la distribución masiva de este material mejora realmente el conocimiento ciudadano sobre los ODS. Tampoco detalla en qué campañas o eventos se emplearán estos objetos, una ausencia habitual en los contratos de visibilidad institucional, que suelen mantenerse de forma continuada sin un balance público de su eficacia.

El Gobierno defiende que estas acciones de divulgación son necesarias para combatir la desinformación y reforzar el consenso en torno a la Agenda 2030. Sin embargo, el conocimiento ciudadano sobre los ODS permanece estancado desde 2023, según el CIS, lo que cuestiona el alcance real de este tipo de iniciativas.