Igualdad tardó un año en calcular las incidencias técnicas de las pulseras antimaltrato

El Ministerio de Igualdad tardó un año en calcular de manera detallada las incidencias técnicas de las pulseras antimaltrato desde la adjudicación del contrato, según ha podido saber THE OBJECTIVE a través de una resolución del Portal de Transparencia. El departamento indica que la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género (DGVG) se encarga de hacer un seguimiento individualizado de todas las incidencias, quejas y sugerencias que se reciben en relación con la prestación del servicio y que «la contabilidad exhaustiva de las incidencias técnicas se realizó a partir de octubre de 2024», mientras que el contrato fue adjudicado en octubre de 2023.

Las pulseras antimaltrato son dispositivos electrónicos regulados por la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género y cuyo objetivo es proteger a las víctimas de violencia de género. Funcionan mediante un sistema de geolocalización -que permite controlar la distancia entre la víctima y su agresor- conectado con los tribunales y las fuerzas de seguridad, de manera que, en caso de que el agresor se acerque más de lo permitido, la pulsera envía una alerta inmediata a la policía. Recientemente han salido a la luz problemas graves relacionados con la gestión de este sistema. Un error informático asociado al cambio de empresa adjudicataria provocó la pérdida de acceso a los registros históricos anteriores a marzo de 2024.

Este periódico solicitó a la cartera encabezada por Ana Redondo el número exacto de incidencias registradas en las pulseras telemáticas desde la adjudicación del contrato, y el número de dispositivos que presentaron fallos técnicos en dicho periodo. En respuesta, se inadmitió el acceso a la información porque, aseguran, su divulgación no constituye una mera «agregación» o «suma de datos», sino que requeriría una acción previa de reelaboración. Tal y como explican, la mayoría de las alertas se producen porque los agresores incumplen las restricciones y muchas son para avisar de que los dispositivos se quedan sin batería o para alertar ante zonas de inadecuada cobertura, por lo que «no es posible cribar, de todas las notificaciones del sistema, cuáles responden a fallos técnicos porque no consta una base de datos que proporcione dicha información».

Sobre la fecha exacta en la que el Ministerio tuvo conocimiento de la imposibilidad de acceder a datos anteriores al 20 de marzo de 2024, indican que fue «a finales de septiembre en conversaciones con Cometa», centro con el que —afirman— no disponen de un archivo cronológico de las comunicaciones sobre los fallos técnicos porque, según apuntan, sería inviable su elaboración debido a que las comunicaciones son diarias y por diversas vías. Afirman que «a inicios de noviembre se recibió la carta de la Fiscalía fechada el 29 de octubre» y, respecto al estado actual del acceso a los datos históricos mencionados, informan de que hay acceso a los archivos documentales del contratista anterior desde finales de diciembre de 2024.

En relación a los organismos públicos que fueron notificados de la pérdida de acceso a datos históricos, explican que, en aplicación del protocolo de actuación, ante cualquier incidencia recibida en la Sala Cometa se envía comunicación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y según en caso, a la Fiscalía y a los órganos judiciales. Recalcan que «los datos de las pulseras telemáticas nunca se perdieron, sino que se produjeron dificultades temporales para acceder a la información almacenada del período anterior por parte de la empresa adjudicataria del servicio», lo que retrasó durante varios meses los informes judiciales sobre incumplimientos de órdenes de alejamiento, aunque se solucionó antes de finalizar 2024.

Tal y como indican, a partir de entonces los informes volvieron a emitirse y los casos que habían sido sobreseídos provisionalmente se reabrieron para continuar con los procedimientos judiciales: «El propio centro de control envió los datos al juzgado correspondiente en cuanto tuvo acceso a la información». Aseguran que esta incidencia no afectó en los juicios por delitos de violencia de género (como pueden ser agresiones) ni repercutió en los dispositivos ni en su finalidad que, manifiestan, «funcionaban con normalidad para controlar el cumplimiento de la orden de alejamiento del inculpado, investigado o condenado respecto de la víctima».

Por último, en cuanto a las medidas llevadas a cabo para que la situación no se vuelva a repetir, informan de que no existe un presupuesto específico con cargo al ministerio destinado a las mejoras técnicas derivadas de los problemas identificados, sino que «las actualizaciones y mejoras técnicas realizadas en la plataforma se han realizado por la UTE y han sido cubiertas por ellos en el marco de financiación del contrato». En relación con las auditorías sobre las incidencias en el sistema Cometa, dicen que actualmente se realiza una auditoría interna, mientras que el proceso de licitación de la auditoría externa ya ha concluido: «Esas auditorías permitirán contar con un diagnóstico completo y además se podrán extraer recomendaciones para el próximo contrato de mayo de 2026».

Respecto a la cronología de Cometa sobre la resolución de incidencias, destacan dos escritos de la Fiscalía en mayo y octubre de 2024: el primero alertaba sobre manipulación de pulseras y falta de localización de un usuario, y el segundo sobre dificultades de acceso a bases de datos para testificales, que la DGVG está resolviendo. A esto se suman siete quejas de Audiencias Provinciales y jueces de Granada, Málaga y Barcelona por fallos en la localización, manipulación de dispositivos y deficiencias en la atención telefónica. Además, se registraron 45 incidencias de Viogén, policías autonómicos y locales, incluida la Ertzaintza, por problemas de cobertura, falsas alarmas y falta de mantenimiento.