El PP propone castigar con tres años de cárcel la difusión de 'deepfakes' sexuales de menores

El Grupo Parlamentario Popular ha propuesto castigar con hasta tres años de cárcel la difusión de deepfakes -vídeos manipulados- sexuales de menores, entre otras medidas recogidas en las enmiendas presentadas al proyecto de ley de protección del menor en entornos digitales a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Los populares intentan blindar legalmente a los adolescentes frente a los deepfakes y los algoritmos que fomentan las adicciones. Con este endurecimiento de penas quieren obligar a retirar los contenidos ultrafalsificados y exigir a plataformas y redes sociales acreditar que no manipulan psicológicamente a los jóvenes.

En la enmienda 227 sobre los deepfakes, el PP quiere mejorar la delimitación del tipo penal y proponer penas de prisión para quien difunda, exhiba o comparta imágenes corporales o audios de voz con contenido sexual o gravemente vejatorio con el objetivo de menoscabar gravemente la integridad moral de la persona afectada con alteración o manipulación efectiva de la imagen o la voz. Las penas serán más graves si se trata de menores o personas con discapacidad.

Esta medida endurece el Código Penal para castigar la creación y difusión de deepfakes sexuales o vejatorios, con penas de hasta tres años cuando la víctima sea menor, incluyendo agravantes para la distribución masiva en redes sociales o plataformas digitales. También obliga a la retirada inmediata del contenido y al bloqueo de webs que lo alojen, incluso si operan desde el extranjero.

La enmienda 229 se refiere al uso de patrones oscuros –protección frente algoritmos de manipulación digital al menor– que utilicen datos personales o comportamientos observables del menor destinados a alterar su voluntad mediante presión psicológica, emocional o el uso de estrategias de diseño persuasivo abusivo. Igualmente, se establecerán mecanismos para eliminar el uso de patrones oscuros, interfaces engañosas o estrategias de diseño persuasivo. «Las plataformas están obligadas a acreditar que sus productos no incorporan prácticas de manipulación ni favorecen conductas como el scroll infinito o cualquier otra que generen dependencia», señala el texto. Con esta enmienda se introducen obligaciones específicas para las plataformas digitales: se prohíben algoritmos y diseños que manipulen psicológicamente a los menores o fomenten conductas adictivas.

El Partido Popular se muestra especialmente preocupado por los deepfakes porque entiende que son un riesgo para toda la sociedad, pero especialmente para los menores, debido a que son contenidos ultrafalsificados creados mediante inteligencia artificial que permiten recrear voces, imágenes o vídeos de una persona con apariencia realista.

Herramienta de acoso digital

Señalan que «esta tecnología, que inicialmente se usaba en ámbitos creativos, se ha convertido en una herramienta de acoso digital cuando se aplica para generar montajes de carácter sexual o vejatorio»; y, en el caso de los menores, «su difusión puede desencadenar situaciones de humillación pública, chantaje emocional y graves crisis de salud mental, como ya han alertado policías, psicólogos y asociaciones de infancia».

El PP cree que «los llamados ‘algoritmos oscuros’, los patrones engañosos y el scroll infinito forman parte de un ecosistema de diseño digital pensado para captar la atención del usuario y mantenerlo conectado el máximo tiempo posible». Estos mecanismos, que van «desde notificaciones persuasivas hasta interfaces que dificultan salir de la aplicación, explotan sesgos psicológicos especialmente sensibles en menores y adolescentes, favorecen conductas compulsivas y aumentan la vulnerabilidad frente al acoso y la presión social en línea». De ahí que el Partido Popular se haya centrado en regular «no solo los contenidos nocivos, sino también las arquitecturas digitales que los potencian».

Estas enmiendas del Partido Popular a la ley presentada por el Gobierno «llegan tras una sucesión de casos de acoso, chantaje digital y suicidios de menores que han reabierto el debate sobre el impacto de la tecnología en la salud mental juvenil y la necesidad de un marco legal más estricto».

Este proyecto de ley fue aprobado el pasado mes de marzo en Consejo de Ministros, y según señaló entonces el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, expresa «una preocupación de un enorme porcentaje de la población», pues la edad media en España para que los menores tengan móvil es de 11 años y de los que los tienen, el 99% están en redes sociales. La norma incluye la obligación de incorporar de fábrica el control parental en todos los móviles, tabletas, ordenadores y televisiones inteligentes. Está previsto que este sistema aparezca por defecto en todos los dispositivos y que se pueda configurar una vez encendido. Este debe ser gratuito para el usuario y fácil de manejar, informa Ep.