Impulso Ciudadano pide apoyo en Madrid para multar a quienes incumplan la ley de banderas

En vísperas de la celebración del Día de la Constitución, el fundador de Impulso Ciudadano, José Domingo, desembarcó en Madrid para presentar su nuevo proyecto, Fundación Impulso y Cooperación, que insta a promover un cambio legal para que sea la Administración la que persiga a las autoridades que incumplen sistemáticamente la Ley de Banderas. En los últimos años, y ante la inacción del Gobierno, esta labor ha recaído en entidades cívicas, sin apoyo institucional, que han llevado ante la justicia a los ayuntamientos y demás entes públicos que incumplían la legalidad al no ondear la bandera de España en sus fachadas o vulnerar la neutralidad institucional con símbolos separatistas.

Este nuevo proyecto, de ámbito nacional, aglutina a las principales voces del mundo jurídico, académico y político que más preocupación han mostrado por los incumplimientos de la ley en Cataluña y en el País Vasco, como son la exeurodiputada Maite Pagazurtundúa, la presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe, Ana Losada, el economista Víctor Gómez Frías, el catedrático de Derecho Internacional Privado, Rafael Arenas, la profesora de Comunicación, Isabel Fernández Alonso, el empresario José Luis Alegre Martín y la letrada de la administración Nieves Ciruelos entre otros.

«Apoyo institucional»

Domingo visitó el jueves la Universidad CEU San Pablo, en Madrid, para hacer pedagogía de los símbolos nacionales y buscar «apoyo institucional» para un cambio en la Ley de Banderas que permita sanciones y retirar fondos públicos a aquellas instituciones que no cuelguen la bandera de España y renieguen de los símbolos nacionales. En un acto organizado conjuntamente con el Instituto de Estudios de la Democracia, se hizo público una primera declaración en favor de estos símbolos y para exigir su cumplimiento.

En dicha declaración se explica que los «ciudadanos y las entidades civiles han venido supliendo, en muchos casos, la inacción de las Administraciones encargadas de velar por la legalidad». Y se añade: «No es razonable que el cumplimiento de la Constitución dependa de la constancia cívica y de procesos contenciosos interminables».

Impulso Ciudadano recorre desde hace años Cataluña, municipio por municipio, para fiscalizar cuántos de ellos incumplen dicha ley y vulneran la neutralidad institucional. Según su informe anual, la mayoría los ayuntamientos catalanes desobedecen. Y, como informó THE OBJECTIVE, la delegación del Gobierno en Cataluña no vela por el cumplimiento de la ley. Ni siquiera en una convocatoria de elecciones, como fue las últimas catalanas del 12 de mayo de 2024, se respetó la legalidad. En esa ocasión, el Gobierno dejó que más de 700 consistorios vulnerasen la ley.

Retirar fondos públicos

Esta nueva asociación pide la «revisión y actualización de la legislación sobre símbolos, reforzando los deberes institucionales y estableciendo un régimen sancionador claro para las autoridades que incumplan la ley», así como la «vinculación del acceso a fondos públicos —estatales, autonómicos o europeos— al respeto de las normas sobre símbolos oficiales, tal y como prevé ya la legislación en otros ámbitos de la gestión pública».

Otro de sus puntos hace hincapié en la necesidad de que se «ejecuten las resoluciones judiciales» en esta materia porque, a su juicio, la «reiterada desobediencia erosiona la confianza en el Estado de derecho». Buscan el amparo de la Administración para que, más allá de quien gobierne, se garantice el «principio de neutralidad institucional» como expresión de la lealtad constitucional.