Junts se alía con PP y Vox en uno de sus bastiones para frenar a Aliança Catalana

Junts per Catalunya ha adoptado en los últimos meses un giro de alianzas en uno de sus principales bastiones, Sant Cugat del Vallès. En este municipio, uno de los más ricos de Cataluña, gobierna en coalición con ERC, pero está llegando a acuerdos con el «bloque de la derecha», es decir, con PP y Vox y en contra de sus principales socios republicanos y del resto de formaciones de izquierda. Uno de estos acuerdos importantes, y que más polémica ha generado, ha sido derogar en el municipio la ley de vivienda y pedir al Gobierno de la Generalitat que el municipio deje de ser «zona tensionada».

El alcalde de Junts, Josep Maria Vallès, y algunos de sus concejales coinciden en las votaciones en los plenos con PP y Vox en temas de seguridad, vivienda y agenda social. Curiosamente, esto son carteras y competencias que recaen en ERC en el gobierno local, pero los posconvergentes han decidido dar un giro ideológico en estos asuntos. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE explican que el temor a Aliança Catalana, que aún no tiene representación en el consistorio, puede haber acelerado este golpe de timón.

El Ayuntamiento de Sant Cugat cuenta con nueve concejales de Junts, vencedores de los últimos comicios, mientras que ERC obtuvo cuatro. PSC y PP tienen tres cada uno y la CUP, Comuns y Vox otros dos cada uno. En consecuencia, Junts cuenta con varias posibilidades aritméticas a la hora de llegar a pactos.

Este acercamiento con PP y Vox no agrada a sus antiguos socios, aunque no todos reaccionan de la misma forma. La CUP es quien más reprocha a Junts dar su versión «más de derecha», y también acusa a ERC de ser cómplice por su silencio y actuar de mera «muleta» de los posconvergentes. Lo cierto es que, de momento, los republicanos acatan las decisiones del Ejecutivo del que forman parte.

Ley de vivienda

El PP presentó una moción que prosperó con enmiendas de Junts, y acabó siendo votada por los dos grupos y Vox. El texto pide que se derogue la ley de vivienda, aprobada en 2023, y reclama al Gobierno de la Generalitat que retire la declaración de Sant Cugat como zona tensionada. Pese a que Sant Cugat haga esta petición, corresponde al Ejecutivo de Salvador Illa (PSC) decidir qué municipios son declarados como tales, así que no está obligado a aplicar la petición.

En ese mismo pleno hubo una propuesta de la CUP que propuso medidas para frenar la especulación inmobiliaria y contra la concentración de propiedades en manos de grandes tenedores, pero también fue rechazada por el bloque de la derecha. Si bien ERC presentó enmiendas que rebajaban el carácter intervencionista del texto original, y que se incorporaron al texto final gracias a la abstención de Junts, finalmente quedó en nada: las izquierdas (ERC, PSC, CUP y ECP) quedaron en minoría frente a Junts, PP y Vox.

Temor a Aliança

En plena ruptura de Junts con el Gobierno de Pedro Sánchez, y con el malestar del mundo local de Junts con la dirección por el auge de Aliança Catalana, el alcalde de Sant Cugat se posicionó a favor de mantener los puentes con los distintos niveles administrativos. tanto con el PSOE en Madrid como con el PSC en Cataluña. A través de un artículo publicado a finales de octubre en La Vanguardia, titulado Herramientas y soluciones frente a la inacción, defendía como éxito de la negociación que su municipio tuviera desde este año más partidos judiciales para combatir la multirreincidencia.

De momento, los de Sílvia Orriols no tienen representación en el consistorio de Sant Cugat, pero esto podría cambiar en las próximas elecciones municipales. Junts no está dispuesto a perder uno de sus principales bastiones y ha renegado de algunas de sus políticas del pasado para alinearse con PP y Vox.