Leire Díez presionó para que el expresidente de la SEPI fuese absuelto en el juicio de Aznalcóllar

El lunes 3 de marzo empezó en la Audiencia de Sevilla el macrojuicio por la explotación de la mina de Aznalcóllar tras una larguísima instrucción judicial. Aquel día, la entonces desconocida fontanera del PSOE, Leire Díez, se presentó en la primera jornada de la vista mezclada entre el público asistente.

Aún faltaban dos meses para que su identidad y su modus operandi fuesen conocidos por la opinión pública tras las primeras informaciones de El Confidencial entrando y saliendo de la sede nacional del PSOE en Ferraz, así que varios abogados solo se percataron de su presencia unas semanas después del inicio del juicio tras reconocer su cara en los medios de comunicación.

Fuentes judiciales aseguran ahora a THE OBJECTIVE que al concluir la segunda sesión de la vista, Díez se acercó a la fiscal, Ascensión Ocaña, y se puso a hablar con ella «muy airosa y gesticulando bastante». La entonces militante del PSOE recriminó a Ocaña que se mostrase a favor de que siguiese el juicio sin oponerse a las cuestiones previas planteadas por la defensa de los procesados, entre los que estaba Vicente Fernández. Fernández ocupó varios cargos importantes en la Junta de Andalucía con los socialistas y luego fue aupado a la presidencia de la SEPI entre junio de 2018 y octubre de 2019 de la mano de la actual vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Fernández Guerrero se enfrentaba a una petición de cárcel de 19 años, junto a una inhabilitación de 60 años y una multa de dos millones de euros por su papel en esta explotación minera adjudicada en 2013 a la agrupación empresarial México-Minorbis cuando era secretario general de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo. Junto a él, se sentaron en el banquillo de los acusados otros 15 políticos, empresarios y funcionarios de la Junta. Entre todos, sumaban un total de 348 años de prisión. Sin embargo, el pasado viernes fueron absueltos.

La Fiscalía negó al inicio del juicio vulneración de derechos durante la investigación de la causa por la adjudicación de los derechos de explotación del yacimiento minero. Ocaña defendió la actuación por parte de la jueza de instrucción, quien había pedido su archivo en dos ocasiones sin éxito, después de que la sección séptima de la Audiencia revocase los intentos de archivo con dos autos firmados por la magistrada Mercedes Alaya, la misma que empezó el caso de los ERE en Andalucía.

El Ministerio Fiscal, por tanto, se opuso a la estimación de cuestiones previas en el juicio de la explotación de la mina de Aznalcóllar e hizo hincapié en que se habían respetado todos los derechos fundamentales de las partes, en particular en cuanto a las detenciones practicadas y el acceso a los correos electrónicos.

«Al no ser [Leire Díez] un personaje público y, por tanto, no conocida, eso le facilitó poder actuar con más impunidad y libertad, sin necesidad de esconderse. La fiscal se puso a favor de que el juicio siguiese adelante sin oponerse a las cuestiones previas de la defensa de los procesados, y eso originó que la fontanera se lo recriminara y le presionara», resume una de las fuentes consultadas por este diario.

Una acusación «infundada»

Finalmente, la sección séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla absolvió a los 16 acusados juzgados entre marzo y julio de este año por varios delitos en la adjudicación de los derechos de explotación de la mina, al considerar que «no existen indicios» y que se había tratado de una acusación «infundada». A los procesados se les acusaba de delitos de tráfico de influencias, continuado de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos, fraude, negociaciones prohibidas a funcionarios y prevaricación medioambiental que les atribuyeron las acusaciones ejercidas por Emerita Resources España, SC Andalucía Mining y la Federación Provincial de Ecologistas en Acción.

Montero siempre defendió a Fernández durante la larguísima instrucción de este caso en Sevilla. Cuando le nombró presidente de la SEPI, destacó de él su «honradez» y consideró que su «suma de competencias permiten afirmar por mi parte que es la persona adecuada para dirigir la SEPI en un momento en el que tenemos que dar respuesta a los cambios en el modelo productivo». Tras su dimisión a finales de 2019, el PP llegó a preguntar al Gobierno de Pedro Sánchez si el acusado seguía ejerciendo alguna función en la sombra en dicho organismo público o en otro tras retornar a su puesto funcionarial de letrado de la Junta andaluza.

Luego fichó por la constructora navarra Servinabar, de la que Santos Cerdán tenía el 45% de las acciones, pero no había aparecido ningún indicio delictivo en su contra al margen de Aznalcóllar hasta que este miércoles se conoció que la UCO le había detenido junto a Leire Díez por posibles amaños en contratos públicos.