El Gobierno avisa a la plantilla del SEPE de su traspaso inminente al País Vasco

El Gobierno avanza a marchas forzadas en la cesión de competencias al País Vasco. El Ejecutivo de Pedro Sánchez, con el visto bueno de la ministra de Trabajo Yolanda Díaz, tiene previsto entregar cuanto antes las competencias del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) al País Vasco, de acuerdo con un pacto entre el presidente y el PNV y después de una reunión en septiembre entre el número dos de Trabajo y la consejera del ramo, María Ubarretxena. El problema es que ese traspaso se está gestionando sin transparencia ni claridad, según denuncia el sindicato mayoritario CSIF, que apunta a un posible incumplimiento de la normativa vigente. Fuentes conocedoras de la operación sostienen que la prisa de Sánchez responde a la necesidad de mantener el respaldo del PNV en un momento crítico de su Ejecutivo.

El pasado 3 de diciembre, los trabajadores del SEPE en el País Vasco recibieron una extraña misiva, tal y como desvela THE OBJECTIVE. Se les comunicaba que en el plazo de tan solo 24 horas debían comunicar su decisión sobre si quedarse en el nuevo SEPE controlado por el Gobierno vasco, que se llamará «Lanbide», o pedir el traslado a otras comunidades autónomas. Una situación de enorme confusión para los más de 500 funcionarios afectados que ha generado una sensación de desamparo y rabia. ¿Es razonable pedir a esos empleados públicos tomar una decisión tan trascendental con esa prisa y sin una negociación clara entre sindicatos y ministerio responsable?

Las fuentes consultadas hablan de una situación de enorme «incertidumbre» y de una operación de una «complicación extrema». Hay más de 200 empleados del SEPE activos en el País Vasco (53 en Álava, 118 en Vizcaya y 71 en Guipúzcoa) y se calcula que el organismo gestiona unos 800 millones de euros anuales en prestaciones. Para el gobierno vasco se trata de una transferencia estratégica, puesto que reforzaría su autonomía del Estado, pero en el ámbito técnico se trata de resolver «aspectos técnicos de enorme complejidad», sostienen los expertos del sector.

Real Decreto inmediato

El Gobierno de Sánchez, sin embargo, a pesar de no tener una mayoría parlamentaria sólida ni haber aprobado los presupuestos tres años después del arranque de la legislatura, está decidido en seguir adelante para blindar el apoyo del PNV. Hace unos días, Sánchez prometió más cesiones para Cataluña. Ahora quiere acelerar el traspaso del SEPE para contentar a los nacionalistas vascos.

Tal y como ha podido saber THE OBJECTIVE, en la carta enviada a los funcionarios se menciona el traspaso oficial para enero de 2027, aunque se añade que la intención del Ejecutivo a lo largo del próximo ejercicio es «incorporar en un R.D. lo básico del contenido del traspaso». Con una mención específica: «Una de las cuestiones a incorporar en el mismo es la relación de personas a transferir». Es decir, que el Gobierno quiere saber cuántos funcionarios del SEPE están en disposición de quedarse bajo la tutela del lehendakari, y cuantos prefieren irse de la región. No es baladí, porque este dato no solo es de interés para el Gobierno central, sino que también es especialmente interesante para el autonómico, que deberá resolver el problema de quedarse con una competencia estratégica pero sin técnicos capaces de gestionarla.

En julio, Sánchez aseguró al PNV su intención de avanzar en esa política. Lo hizo durante una reunión en la Moncloa entre el presidente y el lehendakari, Imanol Pradales. El ministerio de Trabajo, responsable del SEPE, intentó ganar tiempo. Fuentes conocedoras de la negociación sostienen que la vicepresidenta recibió entonces un «toque de atención» por parte de la Moncloa para que resolviera el asunto cuanto antes. En septiembre hubo fumata blanca. El secretario de Estado Joaquín Pérez Rey cerró los detalles del traspaso en una reunión —con foto— con la consejera vasca de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno, María Ubarretxena.

«Indignación» de los funcionarios

Fue por esas fechas cuando se habló de arrancar el proceso a principio de 2026, para cerrarlo a lo largo del año. La carta enviada a los funcionarios del SEPE en el País Vasco confirma esa hoja de ruta: Trabajo ha decidido exigir a los funcionarios del SEPE activos en la comunidad que aclaren de inmediato su predisposición a quedarse en ella, para trabajar en el nuevo SEPE vasco. Para fuentes conocedoras de esta operación, ese traspaso representa un «follón técnico», que además genera malestar e «indignación» entre los funcionarios.

La central sindical CSIF pone en negro sobre blanco ese malestar. «Como sindicato mayoritario en la Administración General del Estado y también en el propio SEPE, no entendemos tanta urgencia, ni tampoco cómo no se ha esperado a contar con un estudio global y completo realizado en coordinación con el SEPE, donde todas las partes —empezando por la representación sindical—, hubieran sido informadas y oídas a este respecto», afirma Manuel Galeano, coordinador nacional del CSIF en el SEPE, en declaraciones a THE OBJECTIVE.

La herencia de Cerdán

Además, hay malestar entre los funcionarios porque todos saben que quien negoció el acuerdo con el PNV fue Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE, mano derecha de Sánchez en los pactos con los nacionalistas y ahora involucrado en un macroescándalo de corrupción. Cerdán fue el máximo intérprete de la entente del PSOE con PNV y Bildu, que garantizaron a Sánchez la permanencia en la Moncloa y a María Chivite alcanzar el Gobierno de Navarra. Pero ahora su protagonismo en varios escándalos de corrupción, así como su paso por la cárcel, ponen cuanto menos en entredicho sus políticas de alianzas.

El CSIF, además, se queja de la falta de transparencia y colaboración por parte del ministerio de Díaz. Habla del «modo tremendamente precipitado en que se está desarrollando todo este proceso» y denuncia la «indefensión y el desconocimiento en el que están sumidos los trabajadores del organismo», así como las «nulas garantías jurídicas ante esta trascendente toma de decisión respecto a transferirse o no al servicio de esa Comunidad Autónoma».

Para el sindicato, la negociación que está llevando adelante el Gobierno, a través del Ministerio de Trabajo, es «poco seria» y «está vulnerando la obligación legal para las administraciones públicas de negociar con los representantes de los funcionarios públicos todo lo relacionado con las condiciones de trabajo». El sindicato exige un marco seguro de actuación, garantizar los derechos de los trabajadores y claridad al Gobierno sobre una cesión estratégica de una competencia al gobierno regional vasco que se está llevando adelante a toda prisa, tal y como revela la carta enviada a los empleados públicos que desvela THE OBJECTIVE.