El Gobierno recurre ante la Justicia el cierre del centro de refugiados de Pozuelo (Madrid)

El Gobierno ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo, solicitando medidas cautelares, contra la orden del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) que decretaba el cierre definitivo del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de personas refugiadas del municipio.

Así lo han confirmado este jueves a Europa Press fuentes del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, que han indicado que están «a la espera de la resolución judicial». El Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de Pozuelo es un edificio cedido por Seguridad Social (Ministerio) a Migraciones en 2022 para «atender a la emergencia provocada por el estallido de diversas guerras, entre ellas la de Ucrania», han recordado.

«Es un referente que en estos años ha atendido a más de 100.000 personas necesitadas de protección internacional o temporal y, hasta hace unos meses, no se había producido ningún problema con el Ayuntamiento», han defendido las fuentes del Ministerio de Elma Saiz. Según han detallado, el centro cuenta con una ocupación de 125 personas, todas mujeres ucranianas de protección temporal solas o con niños y niñas, así como mujeres de otras nacionalidades de protección internacional (latinas y afganas) con sus hijos e hijas.

Pozuelo exige información sobre el centro

Por su parte, la alcaldesa de Pozuelo de Alarcón, Paloma Tejero, ha exigido por carta al Gobierno información sobre el estado del Centro de Recepción, Atención y Derivación (CREADE) de personas refugiadas en el municipio y ha afirmado que usará todos los cauces legales para que se ejecute el cierre.

Así lo ha expresado en una misiva dirigida a la ministra Elma Saiz, a la que ha tenido acceso Europa Press, después de que ayer el Ministerio organizara un acto por el Día del Migrante en este centro, pese a que el Ayuntamiento declaró en septiembre su cese definitivo, con un plazo de cuatro meses para realojar a las 400 personas que allí residían, tal y como informaron desde el Consistorio. La alcaldesa ha afeado a la ministra que no le haya invitado al acto que se celebraba en este centro del municipio «como hubiera sido lógico y deseable, ni tampoco decir nada respecto a la situación del centro».

En la resolución que dictó el Ayuntamiento, se ordena la clausura de la actividad que se viene desarrollando en el centro «por no ajustarse a los correspondientes títulos habilitantes que pudieran ampararla». «Y, en su apartado séptimo, resuelve conceder un plazo de cuatro meses para llevar a cabo esa clausura. Dicho plazo vence el próximo 17 de enero de 2026. A día de hoy, por parte de su Ministerio, no ha recibido el Ayuntamiento ninguna notificación ni comunicación respecto a esta resolución, ni de planificación alguna realizada por el Ministerio para cumplir con la misma, ni de cualquier otra medida dirigida a garantizar su efectivo cumplimiento», le ha trasladado.

De igual modo, ha señalado que no consta que el Ministerio haya solicitado la obtención de título habilitante para el ejercicio de la actividad y su funcionamiento, para lo cual el apartado tercero de la resolución le concedía un plazo de 15 días.

«Tampoco tenemos constancia de la interposición de recurso judicial alguno. Recurso que, caso de haberse producido, circunstancia que ignoro, tendría que haberse presentado dentro de los dos meses siguientes a la notificación de la resolución, es decir, antes del 17 de noviembre pasado. Sí que tenemos constancia, sin embargo, de que el centro sigue teniendo actividad», le ha expuesto en la misiva.

Por ello, Tejero ha pedido a la ministra que le traslade la información relativa a las medidas que ha previsto el Gobierno para «en aras del principio de legalidad, garantizar el cumplimiento de la resolución dictada y cesar en el ejercicio de la actividad» que se desarrolla en el CREADE «por no tener título habilitante para ello, ni haberlo solicitado, dentro del plazo fijado en dicha resolución».

«Lo único que le decimos al Gobierno de España es que les queda un mes para ejecutar este cierre y que además el Ayuntamiento de Pozuelo no se va a quedar quieto y va a utilizar todas las herramientas y todos los cauces legales que tiene a su alcance para que esta orden de cierre se ejecute», ha señalado la alcaldesa en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.