Illa aprueba un decreto que impone el catalán a los Mossos como «lengua habitual de trabajo»
La entidad Impulso Ciudadano presentará un recurso contra el texto legal por vulnerar la cooficialidad del castellano
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, en una visita al Complex Central de Mossos d'Esquadra. | EP
El Gobierno de la Generalidad, que preside Salvador Illa, ha aprobado el Decreto 269/2025 que regula «la imagen institucional, los uniformes, las acreditaciones y las distinciones de la Policía de Cataluña». En él se establece que «la lengua propia y habitual de trabajo y de relación con la ciudadanía de los miembros de la PG-ME es el catalán, sin perjuicio del derecho de las personas a ser atendidas en castellano». La entidad Impulso Ciudadano ha anunciado que presentará un recurso contencioso-administrativo contra el texto legal.
El artículo 37 del Decreto 269/2025 es el que distingue el catalán como «lengua propia y habitual de trabajo» entre los agentes de los Mossos d’Esquadra. Desde la entidad Impulso Ciudadano consideran dicho artículo muy grave porque «desborda claramente su objeto, al utilizar una norma sobre imagen institucional para imponer una regulación lingüística de carácter estructural». Añaden, además, que lo hace en abierta contradicción con el régimen constitucional de cooficialidad lingüística establecido en el artículo 3 de la Constitución.
«Vulnera los derechos lingüísticos» de los agentes
«El artículo 37 del Decreto configura el catalán como lengua propia y habitual de trabajo y de relación con la ciudadanía, una fórmula que no solo desconoce la oficialidad del castellano en el ámbito de la administración, sino que además vulnera los derechos lingüísticos de los propios policías, que tienen derecho constitucional a utilizar cualquiera de las lenguas oficiales en sus comunicaciones internas y en el ejercicio de sus funciones».
Impulso Ciudadano subraya que esta regulación no es una cuestión menor ni meramente organizativa, sino una decisión con claros efectos jurídicos, profesionales y disciplinarios para los miembros del cuerpo policial, que introduce una preferencia lingüística incompatible con la doctrina consolidada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).
Cabe recordar que la Justicia catalana ya ha anulado regulaciones que también obligaban a utilizar el catalán como lengua única de la Administración. Es el caso de los protocolos lingüísticos de la Generalitat y del sector público o del Reglamento de uso del catalán del Ayuntamiento de Barcelona. El TSJC considera contrario a derecho imponer una lengua oficial como lengua de uso obligatorio, relegando el castellano a una posición subordinada y condicionada al ejercicio de un derecho de petición por parte de los ciudadanos.
Catalán y aranés
Este artículo del Decreto también aborda el aranés en la comarca del Valle de Arán para que se disponga de los medios necesarios para ser lengua de trabajo y de atención ciudadana. «En todo caso, los servicios dirigidos al público tienen que garantizar los derechos lingüísticos de las personas que establece la legislación en esta materia», consagra el decreto.
Impulso Ciudadano lamenta que el Gobierno de Salvador Illa continúe con la misma «política lingüística» que los anteriores ejecutivos autonómicos de ERC y Junts. Y alertan de que es más preocupante que se quiera imponer este tipo de regulación en el cuerpo policial: «La neutralidad institucional y el respeto escrupuloso a los derechos fundamentales deberían ser incuestionables».