El PP exige controlar los millones de nacionalizaciones de la memoria democrática

El Partido Popular quiere transparencia en la tramitación de las más de dos millones de nacionalizaciones que ha llevado a cabo el Gobierno de Pedro Sánchez, tras la ampliación extraordinaria del acceso a la nacionalidad, aprobada en la Disposición Adicional Octava de la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, prorrogada hasta octubre de 2025. En una batería de preguntas, a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, exigen conocer, entre otras cuestiones, las «medidas de control» que se han llevado a cabo para verificar la autenticidad de los documentos presentados.

El ciclo electoral que ya se ha abierto en España, con los comicios en Extremadura, seguido de Aragón el 8 de febrero, Castilla y León y Andalucía, a lo largo de este año, que culminarán en 2027 con las elecciones generales, ha vuelto a poner el foco en las nacionalizaciones masivas de extranjeros. El riesgo de que el Gobierno del PSOE y sus socios de izquierda puedan estar utilizando estos procedimientos para conseguir más votos, ante el declive del electorado nacional, sigue estando presenta a medida que el PSOE sigue perdiendo apoyos entre sus votantes tradicionales.

Uno de los mecanismos para conseguir esta nacionalidad española que está bajo la lupa de los populares es la Disposición Adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, que concede el derecho a la nacionalidad a aquellos cuyos antepasados tuvieron que abandonar España durante el régimen franquista. 

El Partido Popular quiere aclarar cómo se está gestionando esta vía de acceso para poder tener derecho al voto y ha exigido al Gobierno de Pedro Sánchez que responda por escrito a una serie de cuestiones. En el texto, al que ha tenido acceso este periódico, se señala que este apartado de la Ley de Memoria Democrática «ha generado un volumen sin precedentes de solicitudes —más de dos millones— tramitadas en decenas de consulados españoles». Una situación que, a su juicio, «plantea dudas sobre la capacidad real del sistema, la seguridad jurídica, la fiabilidad de los controles, los mecanismos de verificación documental y el impacto en el modelo de nacionalización, que ya ha experimentado incrementos muy significativos en los últimos años».

La primera pregunta que plantean «es el número total de nacionalizaciones concedidas en España desde 2018 hasta 2025, desglosado por año, país de origen del solicitante y vía de acceso»; la segunda es el «incremento porcentual que han experimentado las nacionalizaciones concedidas desde consulados en el extranjero en el periodo 2018-2025, y qué países concentran el mayor número de expedientes aprobados»; la tercera pregunta se refiere a las «medidas de control documental que ha implementado el Gobierno para verificar la autenticidad de certificados, partidas de nacimiento, documentos consulares o históricos aportados en solicitudes tramitadas al amparo de la Ley 20/2022».

Refuerzo de personal

Finalmente, exigen conocer si el Gobierno «dispone de una estimación del impacto en servicios públicos (sanidad, educación, servicios sociales, empleo) del aumento de nacionalizaciones derivado de la Ley de Memoria Democrática»; y si puede detallar «qué consulados han solicitado refuerzos de personal para tramitar estas solicitudes».

El pasado día 18 de noviembre, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ofreció los últimos datos con los que cuenta el Gobierno sobre estas nacionalizaciones, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros. Así, afirmó que se ha reconocido ya el derecho a la nacionalidad española a más de 400.000 personas de los 2,3 millones de interesados en obtenerla, anunciando el cierre del plazo y de la prórroga de las solicitudes de cita para recibir la nacionalidad, con un balance total de 237.000 «personas inscritas».

El PP se ha mostrado dispuesto a aumentar el nivel de exigencia para conseguir la nacionalidad española, con carácter general, como así lo ha expuesto en reiteradas ocasiones el presidente de los populares, Alberto Núñez Feijóo. El líder popular se ha comprometido a «elevar el nivel de exigencia lingüística, cultural y constitucional» para la adquisición de la nacionalidad española, ya que es el «mejor camino para la integración» de aquellos que vienen a nuestro país a luchar por el bien común. Así, ha querido dejar claro que «nuestro objetivo es devolver a la nacionalidad su sentido más elevado: que sea un mérito, un premio al esfuerzo y a la integración real, y no una simple gestión burocrática». Para Feijóo, «la nacionalidad española no se regala: se merece».